Una Play para el subinspector

El 28 de mayo de 2009, Juan Miguel B. H. se dirigi¨® a un coche aparcado en Barcelona, abri¨® el maletero y extrajo una maleta con 54 kilos de coca¨ªna. Aquella detenci¨®n fue realizada por guardias civiles con intereses espurios -cobrar una deuda al narco que encarg¨® la droga-, quienes redactaron un atestado en el que no reflejaron la cantidad real de droga intervenida. Las irregularidades del atestado levantaron sospechas en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona, que inici¨® una investigaci¨®n sobre la red de narcotraficantes y el presunto v¨ªnculo de estos con polic¨ªas.

Un a?o y medio despu¨¦s, el sumario del caso ha dejado de ser secreto y la investigaci¨®n ha puesto de relieve los supuestos delitos, corruptelas y tejemanejes que se coc¨ªan entre polic¨ªas de distintos cuerpos y gente del mundo de la delincuencia com¨²n. Polic¨ªas y narcos manten¨ªan relaciones intensas, se hac¨ªan favores mutuos y eran, en algunos casos, amigos.

Un funcionario de prisiones cobr¨® por dar trato de favor a detenidos

Las escuchas telef¨®nicas -m¨¢s de 100 tel¨¦fonos intervenidos, m¨¢s de 10.000 llamadas transcritas en un sumario de 13.000 folios- ponen de relieve los comportamientos il¨ªcitos de los polic¨ªas. "Oye, p¨ªdele la Play al t¨ªo ese", dice, en una de las conversaciones, el subinspector de los Mossos d'Esquadra Josep Ranea, ahora encarcelado. Ranea hab¨ªa ejercido su influencia para que ingresara en la escuela de polic¨ªa el amigo de uno de los presuntos traficantes. A cambio, recibi¨® una videoconsola Play Station.El subinspector, ex n¨²mero dos de la comisar¨ªa de Vilanova, facilitaba informaci¨®n a la banda de traficantes. El juez orden¨® su ingreso en prisi¨®n sin fianza por los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita, revelaci¨®n de secretos y cohecho. Seg¨²n las diligencias policiales incluidas en el sumario, Ranea hac¨ªa toda clase de favores y hablaba con los narcos con naturalidad. Los investigadores sospechan que recibi¨® dinero por brindar protecci¨®n al gerente del club n¨¢utico, que le hab¨ªa pedido una patrulla como "favor personal". Despu¨¦s, ¨¦l y otros mandos com¨ªan gratis en el restaurante del "amigo".

Ranea sospech¨® que los agentes de la Divisi¨®n de Asuntos Internos (DAI) de la polic¨ªa auton¨®mica le segu¨ªan la pista y, por ello, "mantuvo medidas de protecci¨®n evidentes para que ciertos temas no se hablasen por tel¨¦fono, usando l¨ªneas seguras y dificultando la investigaci¨®n", seg¨²n los informes policiales.

La operaci¨®n se sald¨® con la detenci¨®n de otros dos mossos. El cabo Mauricio Llopis pidi¨® ayuda a dos cabecillas de la banda -uno de ellos, el que fue a recoger los 54 kilos de droga al coche- para que usaran sus contactos y evitaran "que la cosa fuera a mayores", en alusi¨®n a la declaraci¨®n que Llopis tuvo que prestar ante la DAI. Los dos presuntos delincuentes acabaron pag¨¢ndole la abogada.

La participaci¨®n del tercer polic¨ªa, Jos¨¦ Antonio Molina, es m¨¢s indirecta, pero revela comportamientos igualmente reprobables. Molina se ofreci¨® a dar falso testimonio ante el juez para ayudar a uno de los investigados y asegur¨® que la banda pod¨ªa venderle sin problemas un coche que no ten¨ªa los papeles en regla, porque ¨¦l podr¨ªa "usar la placa". La DAI considera que el agente "podr¨ªa ser consumidor de coca¨ªna".

Adem¨¢s de los detenidos, hay m¨¢s de 10 guardias civiles imputados por falsedad documental y tr¨¢fico de drogas. Seg¨²n se desprende de las investigaciones, los imputados modificaron el atestado a su antojo. Uno de los jefes de la red, Marco Antonio Crespo, asegura en una conversaci¨®n que el operativo de mayo de 2009 se hizo para inculparle a ¨¦l y cobrarle "cosas del pasado". El responsable del grupo de la Guardia Civil compr¨® tarjetas SIM a su cu?ado y las reparti¨® entre sus hombres para mantener l¨ªneas seguras. La unidad de asuntos de internos del instituto armado acab¨® descubriendo la trama.

La cadena de favores entre narcos y polic¨ªas va m¨¢s all¨¢. Otros agentes que est¨¢n siendo investigados -pero que, por ahora, no est¨¢n imputados- permit¨ªan a delincuentes acceder con ellos a comisar¨ªa para bucear en las bases de datos policiales y consultar asuntos de su incumbencia. Los narcos tambi¨¦n utilizaban nombres de agentes de la Guardia Urbana de Barcelona conocidos suyos para evitar multas en los controles de alcoholemia. Otro polic¨ªa local se dedicaba a comprar objetos robados que le ofrec¨ªa un delincuente. Un agente del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa pudo haber interferido en las investigaciones, seg¨²n los Mossos. Y un guardia civil se interes¨® por el fiscal del caso para acabar asegurando que este era "amigo hasta la m¨¦dula".

Entre los imputados tambi¨¦n hay un funcionario de prisiones de Brians por dar trato de favor a la banda a cambio de sobornos.

Algunos miembros de la banda trabajan como personal de seguridad en locales de ocio nocturno. Uno de sus temas de conversaci¨®n son los Casuals, la facci¨®n m¨¢s violenta de los Boixos Nois (los ultras del Bar?a), dedicada a la extorsi¨®n y a propinar palizas por encargo. Seg¨²n los informes policiales, exist¨ªan "tensiones" entre dos de los investigados y miembros de los Casuals por los problemas que estos creaban en las discotecas de Barcelona.

Manuel G. C. ocupa un lugar central en las pesquisas. Es un antiguo confidente que destap¨® dos casos de presunta corrupci¨®n policial: el de los prost¨ªbulos Riviera y Saratoga, y el de la banda que rob¨® 400 kilos de coca¨ªna del puerto de Barcelona. En las conversaciones telef¨®nicas, este confidente (que tambi¨¦n est¨¢ imputado porque se encontr¨® un arma en su casa) involucra a polic¨ªas de todos los cuerpos, a los que tilda de "corruptos".