El Gobierno se juega en el Superior el recorte a los empleados p¨²blicos

El Gobierno tiene ma?ana, martes, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior una cita tras la que recibir¨¢ la primera pista sobre sus posibilidades de salvar con ¨¦xito o no las demandas sindicales contra el recorte salarial aplicado a todo el sector p¨²blico vasco, en cumplimiento del decreto de medidas de ajuste que dict¨® en mayo el Ejecutivo de Zapatero.

La vista se refiere a la demanda por conflicto colectivo presentada por cuatro sindicatos (ELA, LAB, CC OO y LKB) a causa de la aplicaci¨®n de los recortes al personal de ETB. Su celebraci¨®n y, previsiblemente, el fallo van a coincidir casi con el momento en que el personal p¨²blico m¨¢s va a notar la merma de sus ingresos: la paga de Navidad, sobre la que se calcul¨® en junio un impacto del 30% de rebaja. La resoluci¨®n del Superior podr¨ªa ser de aplicaci¨®n a todo el personal laboral, fijo o temporal, de las Administraciones vascas (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos), lo que supone m¨¢s de 22.000 trabajadores. Las centrales han empezado a tantear el terreno judicial con estos afectados, pero no renuncian a extender sus reclamaciones a la situaci¨®n de los funcionarios, seg¨²n cu¨¢l sea el resultado.

La demanda servir¨¢ de banco de pruebas para todo el personal laboral

El Ejecutivo puede salir victorioso si la Sala de lo Social da por buena la ley que traspuso a Euskadi el decreto de Zapatero, pero tambi¨¦n existe la posibilidad de que el Superior opte por algo que ya ha hecho la Audiencia Nacional con demandas similares en los ¨²ltimos meses: elevar una cuesti¨®n de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, como piden los sindicatos, por estimar que existen dudas suficientes de la vulneraci¨®n de derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, como tambi¨¦n afirman las cuatro centrales demandantes.

El Gobierno conoc¨ªa los riesgos cuando aprob¨®, en un consejo extraordinario celebrado a mediados de junio, el proyecto de ley de modificaci¨®n de los Presupuestos a trav¨¦s del cual aplicar¨ªa el ajuste salarial a los empleados p¨²blicos, con el que preve¨ªa ahorrar unos 100 millones de euros. El Gabinete sab¨ªa que la consecuencia que m¨¢s quebraderos de cabeza pod¨ªa crearle era la ruptura que ello supon¨ªa de los acuerdos con los sindicatos ELA, CCOO y UGT alcanzados en oto?o de 2009, por primera vez en una d¨¦cada. El Ejecutivo exhibi¨® aquel pacto alcanzado por la consejera de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica, Idoia Mend¨ªa, y la mayor¨ªa sindical en el sector como un gran logro, que las medidas de recorte de Zapatero se llevaron por delante en lo que a los compromisos salariales se refer¨ªa.

La inconstitucionalidad de los ajustes salariales comprometer¨ªa, a su vez, la constitucionalidad de los presupuestos de este a?o, que recogen los recortes a trav¨¦s de la modificaci¨®n aprobada en aquel consejo. Y otro tanto ocurrir¨ªa con los de 2011.

Los sindicatos denuncian la conculcaci¨®n del derecho a la negociaci¨®n colectiva, derivado de otro igualmente fundamental, el de libertad sindical, ambos contenidos en el T¨ªtulo I de la Constituci¨®n, y piden que se devuelvan las retenciones ya hechas.

En la cuesti¨®n de inconstitucionalidad ya planteada por la Audiencia Nacional para el caso de la F¨¢brica Nacional de Moneda y Timbre, el derecho sobre el que existen dudas es el derecho a la igualdad, ya que otras empresas del sector p¨²blico estatal como AENA, Adif o Renfe, quedaron exentas de los recortes.

En el caso vasco no se da esa circunstancia, porque no ha habido excepci¨®n alguna, pero s¨ª ser¨ªa abordable desde el punto de vista de las relaciones laborales ya reguladas por convenio colectivo y modificadas despu¨¦s por el decreto ley del Gobierno central. Los decretos leyes no puede utilizarse si est¨¢n en juego derechos fundamentales. Los art¨ªculos 28 y 37 de la Constituci¨®n protegen, respectivamente, la libertad sindical y el derecho a la negociaci¨®n colectiva, "as¨ª como la fuerza vinculante de los convenios".

Contra ese derecho constitucionalmente protegido aducen los sindicatos que ha actuado el Gobierno al modificar las condiciones pactadas previamente.

La ley que respald¨® el Parlamento para aplicar las medidas de ajuste en Euskadi dice expresamente en su Disposici¨®n Adicional Quinta: "Se suspenden parcialmente [para hacer posible la rebaja retributiva] todos los acuerdos firmados", no solo entre la Administraci¨®n general y las centrales, sino tambi¨¦n los de sus organismos aut¨®nomos, entes p¨²blicos de derecho privado y empresas p¨²blicas.