La Junta busca el apoyo de PP e IU para mantener las ayudas agrarias
La Junta busca el consenso de los grupos pol¨ªticos para crear un frente com¨²n que defienda las ayudas agrarias dentro de la nueva Pol¨ªtica Agraria Com¨²n (PAC) que ha empezado a negociarse y que entrar¨¢ en vigor a partir de 2013. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, se reuni¨® ayer en el Parlamento con representantes de los grupos parlamentarios y todos ellos coincidieron en la necesidad de que la comunidad no pierda ni un euro de su actual ficha financiera, de 1.600 millones euros anuales.
Aguilera no ha ocultado su preocupaci¨®n ante la dificultad de mantener el nivel actual de ayudas, toda vez que la nueva PAC har¨¢ el reparto de los fondos sobre 27 pa¨ªses, y no 15 como hasta ahora. La Junta defiende el mantenimiento de las ayudas directas, y Bruselas ya ha anticipado la posibilidad de acabar con los derechos hist¨®ricos.
La portavoz adjunta del grupo popular, Carmen Crespo, pidi¨® un debate general en el Parlamento para abordar la posici¨®n unitaria de Andaluc¨ªa, aunque se mostr¨® cr¨ªtica con la gesti¨®n de las autoridades espa?olas. Seg¨²n dijo, el Gobierno "va tarde" en la elaboraci¨®n de informes, ya que "las l¨ªneas generales de la PAC se conoc¨ªan desde la presidencia espa?ola de la UE". El diputado por IU Juan Manuel S¨¢nchez Gordillo reclam¨® mecanismos p¨²blicos de intervenci¨®n en el mercado. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la comisi¨®n de Agricultura, Felipe Sicilia, valor¨® lo relevante que es contar con un posicionamiento global ante la nueva PAC "por lo mucho que se juega Andaluc¨ªa", informa Europa Press.
Temores de Asaja
Mientras tanto, Asaja urge a elevar a Bruselas una propuesta nacional en la que se recojan claramente los criterios de diferenciaci¨®n en funci¨®n del potencial productivo de cada comarca agraria. Asaja advierte de que si no se contemplan estos criterios de diferenciaci¨®n, los olivareros andaluces perder¨¢n entre el 75 y el 80% de las ayudas que ahora reciben, es decir, m¨¢s de 600 millones de euros.
La patronal agraria esgrime que para defender esta propuesta se tenga en cuenta el plan de regionalizaci¨®n productiva de cultivos, en vigor desde 1992, as¨ª como el sistema de zonas homog¨¦neas para el olivar y otros criterios como el del empleo generado.
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