La pol¨ªtica madrile?a desfila ante la justicia

La pol¨ªtica madrile?a se pasea a menudo por los juzgados. Una ristra de mandatarios locales han desfilado este a?o acusados de delitos muy graves. Hasta 13 alcaldes o ex alcaldes est¨¢n actualmente imputados. La campa?a electoral que se avecina el pr¨®ximo a?o, predicen las fuentes consultadas, se va a desarrolllar en paralelo a lo que ocurra en los tribunales. Para bien o para mal.

Lo cierto es que tambi¨¦n un buen n¨²mero de pol¨ªticos se han visto envueltos en causas que no trascienden el ¨¢mbito administrativo. Es dif¨ªcil encontrar un municipio donde no haya denuncias enfrentadas de Gobierno y oposici¨®n. Por cualquier asunto. Cada semana es com¨²n que un cargo o antiguo cargo tenga que ir a declarar. Se espera que ahora aflore todo el arsenal judicial que han ido acumulando los partidos pol¨ªticos durante estos cuatro a?os.

Es dif¨ªcil encontrar un municipio sin denuncias entre gobierno y oposici¨®n

"Usan la confusi¨®n entre imputado y sentenciado", dice un experto

"Los hay que esperan el momento oportuno de casos ya archivados para presentar recursos y hacerlo coincidir con periodos electorales. Supone un muy mal uso de la justicia, de su tiempo y sus recursos", dice el coordinador del Grupo Municipal Socialista en Legan¨¦s, Pedro Atienza.

No es nada bueno aparecer manchado tan cerca de las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra Jos¨¦ Luis P¨¦rez R¨¢ez, ex alcalde socialista de Legan¨¦s, por aprobar un pago a una empresa que no pas¨® por ning¨²n concurso p¨²blico. Antes se hab¨ªa archivado la causa por entenderse que, a lo sumo, supon¨ªa una irregularidad administrativa. Un nuevo recurso de la oposici¨®n, del PP, aviva el caso y lo mantiene en circulaci¨®n el tiempo suficiente como para desgastar pol¨ªticamente al adversario. No es un caso ¨²nico. La historia se repite en un buen n¨²mero de municipios de la regi¨®n, acabe archivada la causa o se abra finalmente un juicio.

La mancha de verse envuelto en un proceso judicial, de cara a la opini¨®n p¨²blica, es muy dif¨ªcil de eliminar. "La prevaricaci¨®n se puede dar con el mejor de los motivos o con el peor de ellos. Hay que distinguirlo. Hay muchos casos que tienen que ver con la desviaci¨®n de poder, es decir, usar los privilegios de tu cargo con un objetivo p¨²blico, no para tu beneficio. No tiene que haber corrupci¨®n, que es una desviaci¨®n para beneficio privado. Directo o indirecto. A ojos de la gente, todo entra en el mismo saco", cuenta Manuel Villoria, profesor de Ciencias Pol¨ªticas de la Universidad Rey Juan Carlos. "Imputado igual a sentenciado. He ah¨ª el error. A veces s¨ª es cierto que la imputaci¨®n conlleva medidas cautelares por indicios muy claros de delitos, pero a veces simplemente es alguien que va a declarar. La complejidad de diferenciar las dos situaciones se aprovecha en pol¨ªtica", a?ade el profesor.La clase pol¨ªtica es consciente de que, a cinco meses de las elecciones, es necesario manejar los tiempos judiciales. Alargar procesos. Recurrir. Un destacado cargo de un municipio del sur de Madrid reconoce que, desde el esc¨¢ndalo de Marbella, colgar el sambenito de corrupto a un cargo p¨²blico es un objetivo. Los hay que son corruptos, como se ha demostrado pero, a partir de ah¨ª, si se consigue abrir cualquier proceso dudoso contra alguien que puede estar limpio le hace mucho da?o. Esa imagen queda. Cuesta much¨ªsimo borrarla. En 2011 aparecer¨¢n nuevas acusaciones, algunas fundadas seguramente, pero las habr¨¢ que se limitar¨¢n a hacer ruido. Levantar polvo. La maquinaria para hurgar en el pasado de los candidatos est¨¢ en marcha. Basta un hilo del que tirar.

El desempe?o del cargo de alcalde se ha convertido en la ¨²ltima legislatura en un trabajo de riesgo, habida cuenta de que en los ocho ¨²ltimos a?os m¨¢s de una veintena de regidores de la Comunidad han tenido que acudir a los juzgados como imputados por diferentes delitos, entre otros los de malversaci¨®n de fondos, cohecho o prevaricaci¨®n. En los ¨²ltimos meses, varias denuncias han sido archivadas, como por ejemplo las presentadas contra los mandatarios de Alcorc¨®n, El Boalo, San Fernando de Henares y Fuenlabrada. No obstante, y a riesgo de que los juzgados trabajen estas Navidades, un m¨ªnimo de 13 alcaldes mantienen pendientes acusaciones, algunas tan serias como las incluidas en el caso G¨¹rtel, y otras m¨¢s ligadas al trabajo diario de los regidores. Estos son los casos en los que la justicia est¨¢ investigando las presuntas actividades ilegales de alcaldes de la Comunidad de Madrid:

- Boadilla del Monte. El municipio (43.414 habitantes) ha vivido en los ¨²ltimos a?os un aut¨¦ntico v¨ªa crucis, con un alcalde, Arturo Gonz¨¢lez Panero (PP), imputado en el marco del caso G¨¹rtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue precisamente el ex alcalde, conocido en el sumario como El Albondiguilla, quien en febrero de 2009 dimiti¨®, dejando en su puesto a Juan Siguero (PP).

Pero este relevo no ha acabado con los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos. Un reciente informe policial sostiene que Siguero tambi¨¦n mantuvo conexiones con las empresas de Francisco Correa. El PP ya ha dicho que no presentar¨¢ a Siguero como candidato en las pr¨®ximas elecciones. La ex alcaldesa Nieves Fern¨¢ndez Crespo (PP) tambi¨¦n fue condenada recientemente por el Tribunal de Cuentas por haber pagado complementos irregulares a las pagas extra de los funcionarios municipales entre 1998 y 2000.

- Pozuelo de Alarc¨®n. El actual regidor, Gonzalo Aguado (PP), tendr¨¢ que declarar como imputado el 11 de enero en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Pozuelo. Junto a Aguado, otros cinco cargos y altos funcionarios de este Consistorio deber¨¢n declarar en el caso del Arroyo de las C¨¢rcavas, que tambi¨¦n est¨¢ siendo investigado en el caso G¨¹rtel. Aguado es el segundo alcalde de Pozuelo de Alarc¨®n (81.365 habitantes) que est¨¢ siendo investigado por la justicia, pues su predecesor, Jes¨²s Sep¨²lveda (PP), tambi¨¦n est¨¢ acusado de ser el presunto autor de los delitos de cohecho, blanqueo, fraude fiscal y tr¨¢fico de influencias en el marco del caso G¨¹rtel. Los investigadores acusan a Jes¨²s Sep¨²lveda de recibir regalos de la trama de Correa, entre ellos un Jaguar, al mismo tiempo que se le han detectado propiedades en empresas con el ex tesorero del PP Luis B¨¢rcenas.

- Arganda del Rey. El ex alcalde de Arganda del Rey, Gin¨¦s L¨®pez (PP), tambi¨¦n est¨¢ implicado en el caso G¨¹rtel. El magistrado del TSJM que instruye el sumario, Antonio Pedreira, le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su participaci¨®n en una trama de cohecho, tr¨¢fico de influencias, fraude fiscal, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales y falsedad. Seg¨²n el sumario, el ex regidor del municipio de 50.369 habitantes habr¨ªa percibido comisiones ilegales por un importe de 523.439 euros.

- Majadahonda. El magistrado Antonio Pedreira ha requerido al ex alcalde del municipio, Guillermo Ortega (PP), uno de los imputados en el caso G¨¹rtel por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tr¨¢fico de influencias y blanqueo de capitales, para que abone 300.000 euros de fianza que se le impuso para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el proceso. La investigaci¨®n ha descubierto que Ortega, que en el momento de ser imputado por el juez ya no era alcalde de Majadahonda (66.585 habitantes), ten¨ªa un importante patrimonio.

- Guadarrama. El ex alcalde de Guadarrama y diputado regional Jos¨¦ Ignacio Fern¨¢ndez Rubio (PP), el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, Miguel Rodr¨ªguez Bonilla, y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Collado Villalba de un delito de prevaricaci¨®n con consecuencias contra el medio ambiente. La alcaldesa de Guadarrama (14.318 habitantes), Carmen Mar¨ªa P¨¦rez del Molino (PP), y sus 10 concejales del Partido Popular fueron citados a declarar en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Collado Villalba tras la querella del empresario Luis ?lvarez Garc¨ªa, fallecido recientemente. El juez admiti¨® a tr¨¢mite una querella presentada por la familia de este empresario que considera que todos los miembros del PP de la Corporaci¨®n municipal podr¨ªan haber cometido un delito de prevaricaci¨®n al haber solicitado en la Junta de Gobierno municipal el desahucio de su empresa de unas naves situadas en el pol¨ªgono industrial de La Mata, sin la indemnizaci¨®n prevista en el contrato que firm¨® en 2006 el anterior alcalde y diputado regional del PP Ignacio Fern¨¢ndez Rubio.

- Coslada. El ex alcalde del PP de Coslada, Ra¨²l L¨®pez Vaquero, est¨¢ pendiente de que se celebre el juicio en el que afronta una posible condena de cuatro a?os de c¨¢rcel y 18 de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico. El PSOE le denunci¨® por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n en junio de 2008 por mantener el salario a Gin¨¦s Jim¨¦nez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo. El juez que instruy¨® este caso ha concluido sus pesquisas y ha se?alado la apertura de juicio oral. La petici¨®n de la fiscal¨ªa para el ex alcalde del municipio de 90.280 habitantes es de cuatro a?os de prisi¨®n y 18 a?os de inhabilitaci¨®n. El juez le ha impuesto una fianza de 21.639 euros.

- Torrej¨®n de Ardoz. Los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ultiman en estos d¨ªas la sentencia relativa a la acusaci¨®n de prevaricaci¨®n contra 14 ediles del PSOE y del Partido Dem¨®crata Espa?ol (Pade) de 2001. Entre los acusados se encuentran la ex alcaldesa del municipio (109.483 habitantes) y actual secretaria de Organizaci¨®n del PSM, Trinidad Roll¨¢n, y el ex edil de Urbanismo, Francisco Mart¨ªn Rojas. A los procesados se les acusa de aprobar un convenio urban¨ªstico con una empresa privada con un informe negativo del secretario municipal, que advirti¨® por escrito de las posibles irregularidades.

- Torremocha del Jarama. El alcalde independiente de Torremocha del Jarama, Carlos Rivera, se enfrenta a tres a?os de c¨¢rcel por haber construido y asfaltado sobre varias v¨ªas pecuarias para dar servicio a una urbanizaci¨®n. Esa es la pena que pide la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Madrid por un presunto delito continuado contra la ordenaci¨®n del territorio. El fiscal considera que, adem¨¢s, concurre el agravante de abuso de cargo p¨²blico. Rivera es alcalde independiente de Torremocha del Jarama (769 habitantes) desde hace tres d¨¦cadas. La urbanizaci¨®n Los Tomillares-El Jaral del Pajarito se extiende por los t¨¦rminos municipales de Torremocha y de Torrelaguna.

- Legan¨¦s. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra Jos¨¦ Luis P¨¦rez R¨¢ez, ex alcalde de Legan¨¦s (184.209 habitantes) y actual diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Junto al ex alcalde, seis concejales y cargos de confianza est¨¢n siendo investigados por aprobar el pago de 101.478 euros a una empresa que no pas¨® por ning¨²n concurso p¨²blico. El magistrado hab¨ªa archivado previamente el caso por prevaricaci¨®n entendiendo que, como m¨¢ximo, se tratar¨ªa de una irregularidad administrativa. El PP interpuso un recurso de apelaci¨®n que fue finalmente aceptado.

- Aldea del Fresno. El ex alcalde Jos¨¦ Luis Tellos, ex militante del PSOE y actual primer teniente de alcalde como independiente, fue el primer alcalde al que un juzgado le quit¨® sus competencias urban¨ªsticas. Despu¨¦s fue expulsado del PSOE. Ya en la presente legislatura, fuera del PSOE, Tellos se ha enfrentado a varias denuncias relacionadas con el urbanismo. "Lo dejo, abandono la pol¨ªtica", dice por tel¨¦fono. "Soy inocente. Mi nombre est¨¢ manchado. Mi hijo me dijo que si me presentaba a las elecciones me retiraba la palabra".

- Pinto. La ex alcaldesa popular de Pinto, Miriam Rabaneda, y su hermana Tamara, ex concejal de Hacienda de la localidad de 42.445 habitantes, han sido imputadas por un delito de prevaricaci¨®n. En el auto del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Parla se advierte de que, en el a?o en que el PP gobern¨® el Ayuntamiento pinte?o (entre las elecciones municipales de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008), los t¨¦cnicos municipales realizaron informes con numerosos reparos de legalidad contra pagos autorizados por las imputadas.

- Torres de la Alameda. La alcaldesa de Torres de la Alameda (7.474 habitantes), Clara Torre Ruiz (PP), los cinco concejales de su partido y los dos de la formaci¨®n pol¨ªtica Alternativa Ciudadana El Olivo (ACO) declarar¨¢n como imputados en enero como presuntos autores de un delito de malversaci¨®n. El fiscal les acusa de aprobar y mantener subidas de sueldos presuntamente "ilegales" a 20 de los 29 funcionarios que trabajan en el Consistorio. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Arganda del Rey les ha citado al considerar que de los hechos investigados se "presume la posible existencia de una infracci¨®n penal".