El cambio de la Ley de Suelo permite a Aguirre vender la Ciudad de la Justicia

Era la Ciudad de la Justicia y ha acabado de ciudad fantasma. La falta de fondos y el c¨¢lculo a la baja de los costes llevaron al destierro a este macroproyecto del Gobierno regional de Esperanza Aguirre cuando ten¨ªa en pie solo uno de los 15 majestuosos edificios dibujados sobre plano. Pero un a?o despu¨¦s de entrar en v¨ªa muerta ha encontrado una nueva salida. La modificaci¨®n de la Ley de Suelo, que la Comunidad ha incluido en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos reci¨¦n aprobada, le permite vender esos terrenos situados en Valdebebas, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, La Moraleja y la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas.

La parcela ocupa unos 202.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 300.000, el equivalente a 300 campos de f¨²tbol. El suelo proviene de las cesiones del 20% de terrenos para redes supramunicipales (parques, vivienda p¨²blica, equipamientos...) que los propietarios de terreno deb¨ªan entregar a la Comunidad de Madrid por ley.

En 2007 se coloc¨® la primera piedra en un acto que cost¨® 1,4 milones

Los cambios introducidos en la Ley de Suelo y aprobados en el ¨²ltimo pleno del a?o permiten al Ejecutivo de Aguirre comerciar con esos terrenos. La clave est¨¢ en una coletilla del art¨ªculo 91.3 que convierte los terrenos cedidos para redes supramunicipales en "bienes patrimoniales", es decir, vendibles.

Otro cambio, el del art¨ªculo 67.1, permite a la Comunidad de Madrid aplicarse una excepci¨®n en el tormentoso proceso de cambiar planes urban¨ªsticos. Es decir, que la nueva Ley de Suelo ha abierto todo un abanico de posibilidades. El Gobierno regional puede recalificar los terrenos mediante una tramitaci¨®n interna para la que solo necesita su propio visto bueno y vender el nuevo suelo con nuevos usos a quien quiera comprarlo.El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, admiti¨® ayer a EL PA?S que la nueva normativa permite al Gobierno regional vender los terrenos de la Ciudad de la Justicia, aunque asegur¨® que el Gobierno regional "no se ha planteado" hacerlo hasta la fecha. Para el cambio de la Ley de Suelo, la Comunidad de Madrid aprovech¨® la Ley de Acompa?amiento de los presupuestos que permite incluir modificaciones normativas evitando el debate y la tramitaci¨®n.

La modificaci¨®n fue criticada por alcaldes de los grandes municipios (las cesiones de terreno provienen de propietarios privados y tambi¨¦n de Ayuntamientos) que tildaron de "robo" la posibilidad de que la Comunidad de Madrid negocie con sus cesiones y cambie la planificaci¨®n urban¨ªstica que prev¨¦ que una red supramunicipal se destine a servicios p¨²blicos y no a otro tipo de construcciones. La oposici¨®n (PSOE e IU) amenaz¨® con llevar el cambio de normativa hasta el Tribunal Constitucional para frenarlo. El Ejecutivo de Aguirre, que defend¨ªa que las modificaciones reactivar¨ªan el mercado inmobiliario, a?adi¨® una enmienda posterior en la que renunciaba a futuras cesiones de suelo.

La idea de la Ciudad de la Justicia, barajada desde 1996, ha cambiado de ubicaci¨®n durante los ¨²ltimos 15 a?os hasta quedar desterrada. Alberto Ruiz-Gallard¨®n, antecesor de Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, anunci¨® primero que la llevar¨ªa a las cocheras de Metro de plaza de Castilla. Despu¨¦s mud¨® el proyecto a los antiguos cuarteles de Campamento y acab¨® ubic¨¢ndolo en el marco de la Operaci¨®n Chamart¨ªn.

Fue la presidenta Aguirre quien aprob¨® finalmente llevarlo a la parcela de Valdebebas en 2004, cuando se comprometi¨® a que el primer edificio estar¨ªa en funcionamiento para 2007. El gran proyecto judicial inclu¨ªa 15 inmuebles circulares para los trabajadores de la judicatura, unas 5.000 personas. El concurso de ideas cost¨® un mill¨®n de euros con la previsi¨®n de atraer a arquitectos de renombre, como Norman Foster o Zaha Hadid. El c¨¢lculo era sufragar su construcci¨®n con la venta de 23 locales e inmuebles judiciales dispersos por la ciudad, como los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el distrito de Centro, o los juzgados de la plaza de Castilla.

En enero de 2007 se coloc¨® la primera piedra en un acto que cost¨® 1,4 milones de euros sufragados por las empresas encargadas de la urbanizaci¨®n de la parcela. El v¨ªdeo promocional supuso m¨¢s de 900.000 euros. Era un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duraci¨®n, que fue presentado en ferias y congresos de todo el mundo para promocionar el proyecto. Qued¨® paralizado hace un a?o cuando ya estaba construido el edificio previsto para el Instituto de Medicina Legal. El arquitecto que lo ide¨®, Alejandro Zaera-Polo, renunci¨® a la autor¨ªa de su edificio a mitad de construcci¨®n al considerar que el presupuesto era insuficiente y que iba a suponer una edificaci¨®n "de muy baja calidad".