El juez Andreu persigue a un general iraqu¨ª por una matanza de civiles en 2009
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar el pr¨®ximo 8 de marzo en calidad de querellado al teniente general iraqu¨ª Abdol Hossein Al Shemmari por ordenar presuntamente un ataque deliberado y planificado contra un grupo de 3.500 civiles desarmados en el campo de Ashraf (Irak).
Cerca de 2.000 soldados lanzaron un asalto los d¨ªas 28 y 29 de julio de 2009, disparando de forma indiscriminada contra miembros de la resistencia iran¨ª en lo que supone una clara vulneraci¨®n del IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protecci¨®n de civiles en tiempos de guerra. Hubo 11 muertos, m¨¢s de 450 heridos graves, 36 detenciones ilegales y numerosas torturas.
Al Shemmari es un militar en activo, por lo que seguramente no comparecer¨¢ ante el juez espa?ol, pero eso no impedir¨¢ que prosiga la acci¨®n penal.
Antes de admitir la querella presentada por el abogado Joan Garc¨¦s en nombre de dos de los afectados, Andreu dirigi¨® una comisi¨®n rogatoria a las autoridades iraqu¨ªes para averiguar si hab¨ªan iniciado un procedimiento penal por esos hechos.
Irak ha respondido que "ya ha iniciado una investigaci¨®n sobre el asunto y se compromete a encontrar una soluci¨®n para los residentes de campo de Ashraf conforme al derecho internacional". Adem¨¢s, ha criticado al juez al considerar que su petici¨®n "supone una extensi¨®n de la competencia de los tribunales espa?oles e interfiere en el trabajo que llevan a cabo las autoridades de Irak".
Respuesta insuficiente
La respuesta ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak ha sido considerada por el juez "de todo punto insuficiente, y no determina la existencia de una investigaci¨®n y persecuci¨®n efectiva", pues no se informa de qu¨¦ autoridad efect¨²a la investigaci¨®n, ni la fecha en la que se inici¨®, ni las diligencias que se han practicado.
Por ello, ha declarado la competencia espa?ola para investigar el caso y ha ordenado que se notifique a Al Shemmari que se le investiga por presuntos delitos contra la comunidad internacional.
Los convenios de Ginebra estipulan que los Estados firmante tienen la obligaci¨®n de perseguir estos delitos aunque no tengan v¨ªctimas nacionales para evitar as¨ª la impunidad.
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