Quiero que Internet se olvide de m¨ª

El mundo cibern¨¦tico ha tra¨ªdo consigo la demanda de derechos que no figuran expresamente en ninguna Constituci¨®n. Uno de ellos es el llamado "derecho al olvido", que ampara la capacidad de una persona para borrar de Internet informaci¨®n irrelevante sobre s¨ª misma y preservar de este modo su privacidad. La Comisi¨®n Europea ha puesto en marcha un proceso legislativo para reforzar la protecci¨®n de datos de los ciudadanos y adaptar las viejas normas al entorno virtual, donde los documentos no solo son de alcance global sino tambi¨¦n eternos.

La reforma va enfocada a regular el almacenamiento en Internet de datos personales que no son de inter¨¦s p¨²blico. Y tambi¨¦n a hacerlos desaparecer de Google , Yahoo! , YouTube o de las redes sociales si el interesado lo solicita. Usuarios de Facebook o Tuenti podr¨¢n as¨ª tener el control de sus datos y exigir el completo borrado, incluidas fotograf¨ªas, cuando se den de baja. Una tarea hoy d¨ªa tit¨¢nica y a menudo frustrante. Pero no imposible.

Google asegura que no puede modificar los contenidos de las p¨¢ginas webs

Cualquier hecho que sea de inter¨¦s p¨²blico no podr¨¢ ser eliminado

Una mujer reclam¨® que borraran que a?os antes hab¨ªa sido indultada

Las referencias del BOE que afecten a la dignidad no saldr¨¢n en los buscadores

"Ning¨²n ciudadano que no goce de la condici¨®n de personaje p¨²blico ni sea objeto de un hecho de relevancia p¨²blica tiene que resignarse a que sus datos personales circulen en la Red". Con esta declaraci¨®n de principios, la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) anima a los ciudadanos a solicitar la cancelaci¨®n de referencias privadas en foros, blogs, redes sociales o buscadores si estiman que se vulnera el respeto de su dignidad personal.

Eso es lo que hizo una mujer cuyo nombre aparec¨ªa en Google vinculado a un indulto. Como establece la ley, la resoluci¨®n fue publicada en su d¨ªa en el BOE. La digitalizaci¨®n de la gaceta multiplic¨® hasta el infinito su difusi¨®n. Google convirti¨® esa conmutaci¨®n de pena (una noticia de escaso inter¨¦s salvo, naturalmente, para la afectada) en algo universal. Teclear su nombre llevaba autom¨¢ticamente a revelar que fue indultada en 1995.

Tras solicitar infructuosamente a Google que cancelara sus datos personales, la mujer indultada 13 a?os antes acudi¨® en 2008 a la AEPD. Este organismo le dio la raz¨®n. "Procede la exclusi¨®n de los datos personales de la reclamante de los ¨ªndices elaborados por Google", sostuvo la agencia, que de paso requiri¨® al BOE que "arbitre las medidas necesarias con el fin de evitar la indexaci¨®n de los datos de la interesada que aparecen en el documento publicado en el BOE e impedir que sean susceptibles de captaci¨®n por los motores de b¨²squeda de Internet".

Protecci¨®n de Datos se hizo tambi¨¦n eco del caso de un hombre imputado por el asesinato de su esposa. Fue detenido y juzgado. La noticia fue rebotada en el territorio online, pero no recog¨ªa que finalmente result¨® absuelto por sufrir un trastorno mental transitorio. Para Internet, segu¨ªa siendo culpable. La agencia atendi¨® igualmente la reclamaci¨®n de un hombre a quien le fue notificada a trav¨¦s del bolet¨ªn oficial de su provincia una multa por hacer "aguas menores" en la calle. Cuando, 30 a?os despu¨¦s, se digitaliz¨® la gaceta, los alumnos del hoy honorable profesor se topaban en Google con esta informaci¨®n que, seg¨²n la AEPD, afectaba claramente a su dignidad personal.

"El problema no es el alud de informaci¨®n sobre una persona que puede albergar Internet, sino que esa informaci¨®n sea imperecedera", explica Artemi Rallo, director de la AEPD. "No se trata de suprimir una noticia del mundo real o del virtual. El derecho al olvido se refiere al efecto multiplicador de Google y los motores de b¨²squeda. Se puede borrar la informaci¨®n personal de un medio digital o datos que aparecen en el BOE, como multas, sanciones o indultos. Esa informaci¨®n, a diferencia de lo que ocurre en el papel, adquiere una expansi¨®n global y temporalmente eterna. Es bastante razonable que algo que sucedi¨® hace 30 a?os no est¨¦ en los ¨ªndices de un buscador", a?ade.

Entonces ?qu¨¦ tipo de informaci¨®n es borrable? ?Se puede llegar a reescribir la historia de una persona? ?Permanecen las noticias en las hemerotecas de la prensa escrita pero es posible que desaparezcan de las ediciones digitales? Ser¨ªa una pretensi¨®n in¨²til que el Dioni intentara borrar de su biograf¨ªa que en 1989 rob¨® un furg¨®n blindado con 298 millones de pesetas (1,7 millones de euros). La noticia, adem¨¢s de ser de inter¨¦s p¨²blico, era veraz y sobre ella pesa una sentencia judicial firme.

Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, explica que la pretensi¨®n de un particular de borrar los datos que hacen referencia a su persona en la Red "es leg¨ªtima en los casos en los que su aparici¨®n en la misma no ha sido por voluntad propia, sino como consecuencia de figurar en un archivo, p¨²blico o privado, y el motivo de ello carezca de inter¨¦s p¨²blico". Pero "esta pretensi¨®n decae si, por ejemplo, el particular aparece en la Red como autor de un delito por el que fue condenado por sentencia firme (que ya no es susceptible de recurso). La comisi¨®n de un delito siempre es un hecho de inter¨¦s p¨²blico".

Para Artemi Rallo, el derecho al olvido reconoce la cancelaci¨®n de un dato personal que se ha recabado leg¨ªtimamente para que se retire cuando se agote la finalidad para la que fue obtenido. Equivale a hacer realidad el poder de cualquier ciudadano a disponer de toda la informaci¨®n de la que es titular. Y a que la memoria digital no se convierta en algo perpetuo.

Para adaptar la legislaci¨®n a un orbe interconectado, Bruselas quiere tener lista para este a?o una propuesta legislativa que fortalezca las normas de protecci¨®n de datos en Internet. La vicepresidenta de la Comisi¨®n y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha puesto la primera piedra al abrir una consulta p¨²blica -finaliza el pr¨®ximo d¨ªa 15- para recabar las opiniones de organismos y entidades interesadas.

La UE aspira a dotar de transparencia el brumoso mundo digital. Quiere que los proveedores de servicios de Internet o los buscadores recojan los m¨ªnimos datos de los usuarios. Y que lo hagan de manera tan clara como para saber qui¨¦n los almacena, c¨®mo, con qu¨¦ finalidad y por cu¨¢nto tiempo. Adem¨¢s, se propone simplificar y mejorar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci¨®n y supresi¨®n de contenidos relacionados con el usuario. "Para ejercer un control efectivo sobre los datos que les afectan, los interesados chocan con importantes desaf¨ªos", reconoce Bruselas.

De obst¨¢culos sabe bien un importante empresario que vio recientemente c¨®mo alguien le suplant¨® en Facebook. "Usaba el mismo nombre, pero todo seguido, pens¨¦ que era un error del sistema y le agregu¨¦", dice este hombre que quiere preservar su identidad. Comprob¨® en carne propia lo f¨¢cil que es "machacar a una persona desde Internet, manchar su dignidad y reputaci¨®n". "Si mi vecino me raya el coche lo denuncio y no se entera nadie. Pero Internet es como poner una pancarta gigante que pregona que mi vecino es un sinverg¨¹enza", se lamenta. "Utiliz¨® mi nombre y poco a poco fue mezclando datos ciertos con otros inventados sobre afiliaciones pol¨ªticas o creencias religiosas". Envi¨® un correo electr¨®nico al suplantador advirti¨¦ndole de que estaba cometiendo un delito. Un insulto fue la ¨²nica respuesta. "Me hablaron de una empresa que hab¨ªa sacado a un amigo de un bolet¨ªn oficial. Me puse en contacto con ella y a las cinco horas hab¨ªa desaparecido ese perfil". La empresa se llama salirdeinternet.com, especializada en hacer desaparecer informaci¨®n no deseada en la Red.

Por 50 euros logra que alguien se esfume del ciberespacio. Miguel Cobacho, uno de sus impulsores, ha liberado a ciudadanos cuyo nombre aparec¨ªa asociado a una multa o a delitos cuyas sentencias no eran firmes. "El problema de Internet es que se publica una cosa y sigue all¨ª. No desaparece nunca", apunta. Salirdeinternet.com se dirige primero mediante un requerimiento al sitio web (boletines oficiales, redes sociales, buscadores, diarios digitales) donde est¨¢ alojada la informaci¨®n. De no obtener una respuesta satisfactoria, acude a la AEPD (en este caso, la factura sube otros 40 euros).

"En el caso de la informaci¨®n aparecida en Facebook, la posici¨®n del particular es delicada", incide Carrillo. "La aparici¨®n de la informaci¨®n que le concierne lo ha sido por decisi¨®n propia. La v¨ªa para intentar borrar ese pasado del particular, propio de una actitud poco reflexiva sobre sus propios derechos, podr¨ªa encontrar una v¨ªa -desde luego, muy incierta- en la sugerencia de que las administraciones de las webs (webmaster) se doten de las adecuadas medidas inform¨¢ticas que permitan evitar la indexaci¨®n de la noticia. Se trata de los robots.txt, unos archivos con capacidad t¨¦cnica para ocultar determinadas p¨¢ginas de una web a fin de impedir el acceso de los principales buscadores".

La AEPD tambi¨¦n act¨²a para cancelar datos publicados en foros de Internet facilitados por un tercero sin el consentimiento del afectado. En este caso, la agencia precisa que los comentarios introducidos en Internet entran dentro de la libertad de expresi¨®n, pero matiza: "La libertad de expresi¨®n tiene su l¨ªmite en el respeto a otros derechos fundamentales". Expone que aunque la informaci¨®n publicada en ese foro fuera veraz, "al no referirse a asuntos p¨²blicos de inter¨¦s general resulta preferente el derecho fundamental a la protecci¨®n de datos".

Coinciden los expertos en que el ciudadano debe tener a su alcance mecanismos para cancelar datos personales e impedir su mantenimiento universal en la Red. Cobacho apunta que ni los buscadores ni las redes sociales son due?os de las fotos o comentarios que alguien cuelga sobre un tercero. "Pueden crear perfiles falsos en tu nombre y extender calumnias. Google almacena datos indefinidamente. Hay veces que una informaci¨®n desaparece de una web y a¨²n aparece en Google. Si un hecho es noticiable se debe publicar. Otra cosa es el puro cotilleo que a menudo albergan Google o las redes sociales".

Samuel Parra, especialista en privacidad, alerta del aluvi¨®n de informaci¨®n que se publica en Internet "de forma inconsciente" tanto de personas como de empresas. Y una vez que se indexan se puede acceder a ellas a la velocidad del rayo. ?Qu¨¦ ocurre si hay un choque de derechos? Como en el mundo real, aquello que sea de inter¨¦s p¨²blico cede ante el derecho a la intimidad. Ser¨¢ el juez quien tendr¨¢ que discernir si se trata de datos de inter¨¦s p¨²blico o pertenecen al ¨¢mbito de la privacidad, apunta Parra.

La intenci¨®n del Ejecutivo comunitario es poner coto al omn¨ªmodo poder de los buscadores y proveedores de servicio. "Si un ciudadano se dirige a Google encontrar¨¢ una respuesta de 80 folios alegando cosas que no va a entender", se queja Parra. El gigante de Internet, a decir verdad, no ahorra excusas. "Los datos personales incluidos en las webs indexadas por Google no son usadas por Google ni tampoco Google tiene capacidad de decidir a qu¨¦ usos van a dedicarse las mismas", apunta en respuesta a una reclamaci¨®n. A?ade que la tecnolog¨ªa que utiliza no permite la modificaci¨®n del contenido. "Google no puede bloquear la aparici¨®n de ciertos contenidos sino que tiene que ser el webmaster que instale ciertas etiquetas para evitar ser rastreadas por el googlebot, la herramienta a trav¨¦s de la cual Google rastrea las webs que incorpora en su ¨ªndice posteriormente".

En las reclamaciones ante Google Espa?a, la compa?¨ªa alega que el servicio de buscador lo presta Google Inc. desde Estados Unidos, de manera que no le afectan la directiva europea de protecci¨®n de datos ni la ley espa?ola que la aplica. Por eso, Rallo insiste en que es vital la cooperaci¨®n. "Internet es un marco global y necesita una norma global, con tratados internacionales de protecci¨®n de privacidad. Esa es la ¨²nica l¨®gica que puede satisfacer la exigencia de proteger la privacidad. La fuerza est¨¢ en la uni¨®n".