No hay quien saque al 'okupante'

Loyola tiene problemas para llegar a fin de mes, tras un reciente divorcio, y dificultades para pagar la luz de un piso que acababa de dejar cerrado a la espera de venderlo. La extensa familia que lo ocupa ilegalmente gasta demasiado. Cuando le avisaron de que en su casa hab¨ªa ropa tendida y ruido a todas horas, fue acompa?ada de la polic¨ªa. La familia les mostr¨® un contrato que firmaba un desconocido. Dentro de dos meses Loyola tiene que abandonar la otra casa, en la que se refugi¨®. Se quedar¨¢ en la calle, pero tendr¨¢ que seguir pagando la luz y el agua porque, de lo contrario, puede ser acusada de coacciones, aplic¨¢ndole el C¨®digo Penal.

No es un caso aislado. Cada vez saltan a la prensa m¨¢s denuncias de ocupaci¨®n ilegal de viviendas. Se ceba en los barrios m¨¢s humildes, pero nadie est¨¢ libre. Ocupar una vivienda no es dif¨ªcil y es un buen nicho de mercado para los delincuentes: se revienta la cerradura, se coloca otra, se pinta la puerta y se falsifica un contrato por escrito o bien se hace de forma verbal, se alquila y a cobrar. Gracias a la lentitud de la justicia, hay negocio para entre varios meses y algunos a?os.

Aumenta el n¨²mero de ocupantes ilegales que pagan al supuesto casero, en realidad un estafador

El due?o del piso suma al disgusto la pesadilla de enfrentarse, en un 99% de los casos, a un procedimiento judicial que puede dilatarse entre uno y dos a?os. O m¨¢s. El juez no puede poner en la calle a una familia sin las m¨¢ximas garant¨ªas. Pero decir procedimiento judicial es abrir un culebr¨®n. Como muestra valga el ejemplo de Juan. Una pareja con un beb¨¦ forz¨® el balc¨®n de un piso que ten¨ªa para alquilar, accediendo desde otra vivienda. Olatz Alberdi, del bufete Aba Abogadas, se ocup¨® del caso: "Pusimos una demanda de lo que se denomina desahucio por precario (al no tener contrato) en la v¨ªa civil y, a la vez, una querella por delito de usurpaci¨®n en la penal". Los ocupantes pidieron que se suspendiera la vista dos veces por motivos de salud: ocho meses de retraso. Y llegaron a falsificar un contrato para seguir ganando tiempo. El juez, ante la m¨¢s m¨ªnima duda sobre si los ocupantes tienen o no derecho a estar en el inmueble, remite el proceso de la v¨ªa civil a la penal: de un a?o de media en la v¨ªa civil a 18 meses en la penal, seg¨²n Alberdi. Si todo va bien, porque simplemente realizar una prueba pericial puede dilatar el proceso de tres a ocho meses.

Estos ocupantes fueron condenados por un delito de usurpaci¨®n. El juez acord¨® que las fuerzas del orden desalojaran, se restituyera la vivienda al propietario y se le indemnizara (con la renta media de un piso de alquiler multiplicada por los meses de ocupaci¨®n). Juan, tras tres a?os sin poder usar su vivienda, no cobr¨® nada: el matrimonio era insolvente. Seguirles la pista por si recuperaban la solvencia encarec¨ªa m¨¢s el proceso. El coste medio por la v¨ªa civil est¨¢ en torno a 600 euros y 3.000 euros por la penal, seg¨²n Alberdi.

No es extra?o que m¨¢s de un propietario decida aprovechar que el ocupante ilegal sale de la casa para cambiar la cerradura e instalarse dentro. Ni tampoco que haya abogados que reconozcan que ellos actuar¨ªan exactamente as¨ª. El problema es que no siempre hay una pareja menesterosa detr¨¢s. Los propietarios consultados no quieren dar su nombre porque sospechan que la ocupaci¨®n puede estar organizada por mafias.

Con la crisis aumentan los ocupantes ilegales que pagan al supuesto casero, en realidad un estafador que se aprovecha de que el contrato verbal es v¨¢lido en el C¨®digo Civil espa?ol. Y los que entran tras una patada de forma espont¨¢nea, aunque los hay profesionales del techo gratuito, al igual que ocurre con el alquiler, que exigen dinero para abandonar la vivienda, seg¨²n Andr¨¦s Vilacoba, abogado de la Asociaci¨®n de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Adeprovi). "Ser¨ªa necesario un registro p¨²blico de arrendatarios morosos para que se les pueda denunciar por estafa cuando acumulan sentencias", propone.

?Qu¨¦ falla? "Faltan medios en los juzgados, que est¨¢n colapsados", dice Alberdi. Desde la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), pesimista, Antonio Joya considera que para el desalojo por ocupaci¨®n ilegal "se podr¨ªa dise?ar un procedimiento especial, pero de nada servir¨ªa si no hay presupuesto y medios en la justicia para ponerlo en pr¨¢ctica". En Espa?a, con un derecho muy garantista, no cabe, a diferencia de otros pa¨ªses, "que cuando hay una ocupaci¨®n y no se alega en qu¨¦ calidad se ocupa la vivienda se pudiese llevar a cabo un lanzamiento [desalojo] por el propio juzgado de instrucci¨®n", indica la abogada Virginia Arce.

Mientras tanto, el propietario debe tener mucho cuidado con no intimidar al usurpador porque puede ser denunciado por violaci¨®n de intimidad si se le ocurre entrar en su propia vivienda. En www.enalquiler.com se cita el caso de un propietario que cort¨® la luz al okupa ilegal: el juez le oblig¨® a restablecer los suministros y a renovar toda la instalaci¨®n el¨¦ctrica.

"Hay que tener cuidado si lleva tiempo viviendo o ha puesto a su nombre los suministros, porque el juez puede pensar que hay consentimiento y archivar¨¢ el procedimiento penal", alerta Arce.

Cuando la ocupaci¨®n es de viviendas p¨²blicas, la v¨ªa de reclamaci¨®n es la administrativa. En teor¨ªa, se podr¨ªa recuperar la vivienda de oficio y recurrir al desahucio administrativo, lo que no significa que sea autom¨¢tico, como prueban las quejas de Ayuntamientos y comunidades. En Madrid, la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) denuncia numerosos casos. "A veces, si se detecta la ocupaci¨®n en el momento en que se est¨¢ produciendo, la polic¨ªa lo evita. Pero mi experiencia es que, una vez que est¨¢ ocupada, se puede hablar de uno, dos a?os e incluso m¨¢s", seg¨²n Vicente P¨¦rez Quintana, de la FRAVM, quien puntualiza que los vecinos solo viven la ocupaci¨®n como problema cuando es conflictiva, por drogas o robos.

P¨¦rez Quintana no condena la ocupaci¨®n de edificios vac¨ªos convertidos en centros c¨ªvicos, de la misma forma que hay jueces que consideran que no puede castigarse por la v¨ªa penal a ocupantes de fincas manifiestamente abandonadas por sus propietarios.

Hay inmigrantes que llevan consigo el contrato por miedo a que ocupen su vivienda, pero no es un miedo generalizado en toda la poblaci¨®n como el que tienen los propietarios de un piso antes de alquilar: que el inquilino deje de pagar y se tarde meses en desalojarle. Tras la reforma legal de hace un a?o, se puede solventar en cuatro meses, seg¨²n Elena L¨®pez Bonet, abogado del departamento jur¨ªdico de la organizaci¨®n especializada en alquileres Provivienda. "Ya no hay que notificar sucesivas veces al inquilino, lo que demoraba hasta ocho meses el proceso. Tampoco tiene que dictar un auto el juez. El secretario del juzgado, simult¨¢neamente, admite a tr¨¢mite la demanda de desahucio, fija la fecha de la vista y del lanzamiento. Y no hace falta presentar tras la sentencia una demanda de ejecuci¨®n para pedir el desalojo". Adem¨¢s, explica la experta, se reduce a un mes el tiempo desde que se notifica al moroso y se presenta la demanda; y este no podr¨¢ enervar la acci¨®n (pagar y seguir en la vivienda).