?Se somete a un juez de California? S¨ª, acepto
La petici¨®n por EE UU a Twitter de datos privados sobre Wikileaks afecta a los derechos de ciudadanos europeos - Todo usuario de la red social asume al darse de alta una situaci¨®n de indefensi¨®n
Un juez norteamericano ha ordenado investigar a internautas que no son norteamericanos. Quiere sus tel¨¦fonos, direcciones, cuentas bancarias, contactos. Son efectos colaterales de los documentos filtrados por Wikileaks. La orden del magistrado no respeta su intimidad, ni las fronteras. A trav¨¦s de los contactos o de los tel¨¦fonos, la investigaci¨®n puede llegar a usted y a usted y a usted...
La persecuci¨®n contra Julian Assange y su entorno contin¨²a: las autoridades estadounidenses tratan de construir un caso por espionaje contra el fundador de Wikileaks, responsable de la filtraci¨®n de 250.000 documentos del Departamento de Estado. En la petici¨®n judicial a Twitter solo dos de los afectados son ciudadanos de Estados Unidos (EE UU). ?Por qu¨¦ motivo y con qu¨¦ derecho la justicia de ese pa¨ªs solicita informaci¨®n privada de extranjeros? ?Tienen estos internautas los mismos derechos que los norteamericanos?
"Con los grandes de la Red, los derechos se derrumban", dice Protecci¨®n de Datos
La ley de EE UU no da garant¨ªas ante un 'tweet' como ante un pinchazo telef¨®nico
El norteamericano ejerce sus derechos; el extranjero los tiene limitados
El FBI hace unas 50.000 solicitudes de datos al a?o a las compa?¨ªas
La novedad es que Twitter pidi¨® al tribunal informar a sus clientes
El hecho muestra la tensi¨®n entre hacer negocios fuera y deberse a la ley local
"La globalizaci¨®n va acompa?ada de muchos interrogantes. Cada vez nos encontramos con ejemplos que certifican, de nuevo, que los derechos de ciudadan¨ªa se derrumban con los gigantes de Internet. La red social Facebook tiene 500 millones de abonados en el mundo, pero la compa?¨ªa y sus servidores est¨¢n en Estados Unidos. Esto es una realidad nueva a resolver", considera Artemi Rallo, director de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos.
La orden judicial exige que Twitter revele las cuentas, la direcci¨®n f¨ªsica, los tel¨¦fonos y los contactos asociados a Wikileaks y su fundador, Julian Assange; la diputada islandesa Birgitta J¨®nsd¨®ttir, que colabor¨® con Wikileaks; Bradley Manning, soldado norteamericano sospechoso de filtrar documentos a la p¨¢gina; el hacker holand¨¦s Rod Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum, que hab¨ªan trabajado con Wikileaks en el pasado. El juez exige toda la informaci¨®n relativa a estas cuentas desde noviembre de 2009.
Cuando un internauta crea una cuenta en un servicio de Internet, acepta las normas de uso de sus gestores. En el caso de las redes sociales como Facebook o Twitter o de los servicios de correo electr¨®nico de Gmail, Yahoo! o Microsoft, sus administradores advierten de que, como las empresas est¨¢n en EE UU, la de aquel pa¨ªs es la jurisdicci¨®n que se aplica sobre el tratamiento de la informaci¨®n almacenada en sus servidores. Facebook menciona que "las leyes del Estado de California rigen los estatutos". "Usted acepta someterse a la jurisdicci¨®n personal de los juzgados del Condado de Santa Clara, California, con el prop¨®sito de litigar cualquier demanda". Adem¨¢s, advierte a aquellos de sus abonados que residan fuera: "Usted consiente que sus datos personales se transfieran y se procesen en los EE UU".
Esa es la parte crucial que, seg¨²n el Gobierno de EE UU, le permite solicitar cualquier informaci¨®n de empresas como Facebook o Twitter: se halla almacenada en servidores norteamericanos y Washington tiene la potestad de requerirla a su antojo, si estima que afecta a la seguridad nacional.
Todas las empresas de Internet incluyen en sus contratos cl¨¢usulas semejantes. Como Twitter: "Estos t¨¦rminos de uso (...) se rigen por las leyes de los EE UU (sin referencia a los conflictos de leyes) y, en ausencia de leyes federales y hasta el extremo que permita la ley federal, seg¨²n las leyes del Estado de California". Incluyen provisiones semejantes Gmail, Microsoft y Yahoo!
Seg¨²n Rallo, el problema es que "mientras el norteamericano puede ejercer sus derechos ante estos servicios, el extranjero los tiene extraordinariamente limitados. Si quiere plantar cara a uno de ellos tiene que pleitear all¨ª. En la pr¨¢ctica es casi imposible reaccionar judicialmente". El director de la AEPD apunta una soluci¨®n: "Las grandes empresas deber¨ªan aceptar que los ciudadanos de otros pa¨ªses reclamasen en su jurisdicci¨®n nacional".
La ley norteamericana sobre privacidad en las comunicaciones (actualizada en 1986, cuatro a?os antes del nacimiento de la Web) admite tres supuestos en que las autoridades pueden pedir informaci¨®n a las empresas sobre sus clientes, y ninguno de los tres requiere una orden de registro como las necesarias para intervenir tel¨¦fonos o inspeccionar una vivienda: si lo ordena un juez; si lo requiere un jurado de acusaci¨®n o si lo manda el Gobierno con un requerimiento administrativo. Esas inspecciones incluyen, normalmente, un secreto de sumario: la empresa afectada no puede notificar al individuo que est¨¢ siendo investigado.
Este ¨²ltimo supuesto es algo que sucede desde hace d¨¦cadas y que se convirti¨® en moneda corriente -y secreta- durante la Administraci¨®n de George W. Bush. En los ¨²ltimos a?os ha pasado a ser un medio altamente eficiente para investigar a sospechosos, dado que las empresas de Internet son un vivero de informaci¨®n personal. Cada a?o, el FBI emite unas 50.000 misivas conocidas como Cartas de Seguridad Nacional. Llevan envi¨¢ndose desde los a?os ochenta. En ellas, se emplaza a empresas telef¨®nicas, tecnol¨®gicas y de todo tipo a que revelen informaci¨®n sobre sus clientes alegando, sin gran detalle, cuestiones de seguridad nacional.
El caso de Twitter y Wikileaks es distinto. El servicio llev¨® la orden a los tribunales, pidiendo al juez que le autorizara a revelar a los interesados que ten¨ªa el mandato de entregar informaci¨®n suya. El juzgado se lo autoriz¨®. Twitter inform¨® a los afectados y estos lo transmitieron a Wikileaks, que lo propag¨® por el mundo.
Patrick Leahy, jefe del Comit¨¦ de Asuntos Judiciales del Senado, dijo el martes que intentar¨¢ modificar la ley. Numerosas organizaciones de derechos civiles se lo han solicitado. Seg¨²n Joshua Gruenspecht, investigador en el Centro para la Democracia y la Tecnolog¨ªa de Washington, hay dos cosas que necesitan ser cambiadas: "Por un lado, mejorar los niveles de control al Gobierno en estos requerimientos. Cuando el Gobierno quiere inspeccionar una casa o escuchar conversaciones telef¨®nicas, necesita una orden de registro. En el caso de las comunicaciones online no siempre es as¨ª. Si el Gobierno quiere interceptar cartas escritas, necesita tambi¨¦n una orden. ?Por qu¨¦ no cuando se trata de correos electr¨®nicos o mensajes en redes sociales? Por otro lado, deber¨ªa ser obligatorio que el Gobierno revele a los interesados que ha solicitado informaci¨®n sobre ellos, que deje de ser algo secreto".
El hecho de que Twitter pidiera autorizaci¨®n para informar a sus clientes es la primera vez que sucede. La red social ha evitado hacer comentario alguno, pero notific¨® a sus clientes que ten¨ªan 10 d¨ªas para iniciar procedimientos judiciales si quer¨ªan evitar que su informaci¨®n acabara en manos del Gobierno estadounidense, seg¨²n revel¨® J¨®nsd¨®ttir. Es un signo de la tensi¨®n entre unas empresas cibern¨¦ticas que hacen negocios en todo el mundo pero que por imperativos corporativos y comerciales, tienen sus servidores centralizados en EE UU.
Facebook, con unos 500 millones de abonados, tiene m¨¢s habitantes que EE UU. Los datos personales y de contacto de esos ciudadanos est¨¢n, literalmente, al alcance de las autoridades de Washington. "Si la informaci¨®n est¨¢ en poder de una empresa en EE UU, nuestras leyes estipulan que debe ponerse al alcance del Gobierno si este lo requiere por los medios pertinentes, independientemente de la nacionalidad de la persona que haya aceptado los t¨¦rminos de uso de la red social o servicio online", explica por telef¨®no Susan Freiwald, profesora de Derecho de la Universidad de San Francisco. "No hay nada en las leyes que diga que por ser extranjeros su informaci¨®n personal deba neg¨¢rsele a las autoridades".
Ciertamente, y aunque no se ha debatido -todav¨ªa- en los juzgados, Washington podr¨ªa alegar que las libertades civiles que ampara la carta magna norteamericana solo protegen a sus ciudadanos, por lo que podr¨ªa seguir exigiendo informaci¨®n sobre sospechosos de actividades ilegales o que atenten contra la seguridad nacional y que residan fuera. Tras los atentados de 2001, la Casa Blanca favoreci¨® la aprobaci¨®n de la Ley PATRIOT, que permit¨ªa al Gobierno pedir informaci¨®n sobre ciudadanos norteamericanos y residentes extranjeros a los que estuviera investigando, aunque estos no fueran sospechosos de ninguna actividad ilegal, crimen o delito demostrables. Ese camino, de medidas de control m¨¢s estrictas, es el que Washington quiere. Ahora falta que los juzgados le secunden.
En cualquier caso, la orden a Twitter supone una petici¨®n de informaci¨®n de datos privados. "Con el nombre de usuario @ioerror, por ejemplo, es dif¨ªcil identificar a la persona, pero al pedir m¨¢s datos, como direcciones postales y de email y cuentas bancarias, se convierte en un dato personal. Si esto hubiese sucedido en Espa?a nos encontrar¨ªamos ante una clara violaci¨®n de la privacidad", asegura el abogado Samuel Parra .
Rallo matiza: "El l¨ªmite de la acci¨®n investigadora en relaci¨®n a la privacidad es complejo. El juez, garante de los derechos, tiene independencia para actuar. Deber¨ªa hacer una petici¨®n desproporcionada para que se considerara una violaci¨®n de la privacidad. En este caso es dif¨ªcil opinar porque desconocemos la naturaleza del delito que se les podr¨ªa imputar, y las pruebas que lo deben acompa?ar".
Dos de los afectados son europeos, la diputada islandesa y el hacker holand¨¦s. ?Les amparan la legislaci¨®n europea sobre protecci¨®n de datos? Cuando el proveedor de servicios est¨¢ fuera de la UE existen dos casos en los que se aplica la legislaci¨®n comunitaria. En primer lugar, si cuenta con un establecimiento en un Estado miembro. En segundo lugar, cuando el buscador recurre a medios (oficina, local, filial...) situados en territorio europeo. "Tambi¨¦n es relevante que se utilicen medios situados en territorio espa?ol sin que su utilizaci¨®n sea ¨²nicamente con fines de tr¨¢nsito. El mero hecho de que la web genere una cookie con alguna informaci¨®n tuya personal o le sirva para recabar cualquier dato, ya es suficiente para aplicar la legislaci¨®n", explica Parra. Adem¨¢s, a Twitter se le aplica la directiva sobre protecci¨®n de datos, seg¨²n el dictamen 5/2009 del organismo consultivo e independiente de la UE llamado Grupo de Trabajo del 29.
Assange, J¨®nsd¨®ttir y Gonggrijp recibieron ayer el apoyo del grupo Liberal del Parlamento Europeo, al solicitar a la Comisi¨®n que pida explicaciones a EE UU. Tambi¨¦n pretende que la Euroc¨¢mara examine si la petici¨®n incumple las normas europeas de protecci¨®n de datos.
La inmunidad parlamentaria de J¨®nsd¨®ttir
El ministro de Exteriores island¨¦s llam¨® al embajador estadounidense para aclarar la petici¨®n de informaci¨®n de los datos personales de Birgitta J¨®nsd¨®ttir. A la diputada le quedan seis d¨ªas para frenar la orden antes de que Twitter env¨ªe sus datos a la Justicia de EE UU.
J¨®nsd¨®ttir, sorprendida al conocer la petici¨®n, dijo en Twitter: "?No se dan cuenta de que soy miembro del Parlamento island¨¦s?". Es decir, tiene inmunidad. ?Le protege de la investigaci¨®n? "La inmunidad parlamentaria le ampara en el pa¨ªs que la concede. Entiendo que un juez de EE UU puede pedir cuando quiera informaci¨®n a un servicio de su pa¨ªs, con los servidores alojados en territorio estadounidense. Sin embargo, si quisiera ampliar la investigaci¨®n y solicitara m¨¢s datos a una empresa de Islandia porque, por ejemplo, quiere pedir su extradici¨®n, entonces entrar¨ªa en juego la inmunidad", explica Artemi Rallo, director de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos.
En Espa?a, la Constituci¨®n contempla el derecho de diputados y senadores a la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo. "Significa que no pueden ser perseguidos por los comentarios que hagan ejerci¨¦ndolo. Si cometen cualquier otro delito podr¨¢n ser perseguidos aunque con especialidad en el procedimiento", cuenta el abogado Samuel Parra.
?Lo que comenta en Twitter u otra red un diputado espa?ol se considerar¨ªa ejercicio del cargo? "Se deber¨ªa dilucidar si la cuenta es utilizada para comentar sus fiestas o su actividad pol¨ªtica", a?ade el experto en privacidad.
El abogado David Maeztu cree que no tendr¨ªa inmunidad. "Una cuenta de Twitter es a t¨ªtulo personal, como un ciudadano m¨¢s. S¨ª la tendr¨ªa por aquellas opiniones expresadas en la direcci¨®n de correo facilitada por el Parlamento, usuario@congreso.es, cuyo proveedor ofrece el servicio tras ganar un concurso p¨²blico en base a un pliego de condiciones. En este caso, J¨®nsd¨®ttir acept¨® los t¨¦rminos del servicio de Twitter. El problema es el de siempre: ?Qui¨¦n se los lee? De todos modos, se aceptan a cambio de un servicio gratuito, pero en ning¨²n caso para que se puedan usar en una investigaci¨®n criminal de dudoso delito", asegura Maeztu.
En opini¨®n de Ryan Calo, director del programa para la privacidad del consumidor del Centro para Internet y Sociedad de la Escuela de Derecho de Stanford, "lo crucial para determinar si el Gobierno puede obtener esta informaci¨®n es d¨®nde se hallan localizados esos datos, no la nacionalidad de la persona a la que pertenecen". Y a?ade: "Un extranjero tendr¨ªa menos derechos que un norteamericano bajo la constituci¨®n de EE UU, a quien s¨ª le amparan ciertas libertades".
El padre de la Web, Tim Barners-Lee, ya lo advirti¨® hace dos meses en su art¨ªculo Long live the web: "Los Gobiernos totalitarios no son los ¨²nicos que violan los derechos de sus ciudadanos en la Red". Hablaba de Francia (ley Hadopi), Gran Breta?a (ley de Econom¨ªa Digital) y Estados Unidos (ley Antipirater¨ªa). Se podr¨ªa a?adir la ley Sinde. Todas estas normas ejecutan antes de que el acusado pueda defenderse con plenas garant¨ªas.
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