?Es viable el Estado de las autonom¨ªas?

Desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, el desarrollo del Estado de las autonom¨ªas ha estado sometido a an¨¢lisis cr¨ªticos desde todos los ¨¢mbitos posibles: el derecho, la econom¨ªa financiera, el mundo empresarial y sindical, el pol¨ªtico. Cr¨ªticas propias de las consecuencias visibles y los efectos de un proceso de construcci¨®n de un nuevo Estado descentralizado, que han servido, en much¨ªsimas ocasiones, para adoptar reformas y medidas necesarias y convenientes, y modular su evoluci¨®n en la direcci¨®n adecuada. Hasta llegar a un punto en que la conclusi¨®n general, o casi al parecer, es que el Estado de las autonom¨ªas ha sido un ¨¦xito en t¨¦rminos generales, con determinados problemas pendientes y otros que van surgiendo de su propia evoluci¨®n y del transcurso del tiempo.

Los que una y otra vez ponen en cuesti¨®n nuestro modelo, a?oran la Espa?a centralista

Las reformas pendientes son las conocidas. La del Senado es obvia

Cada cierto tiempo, sin embargo, y recurrentemente, alguien -siempre los mismos- eleva el tono y aprovechando cualquier motivo de mayor o menor cuant¨ªa va inoculando informaciones interesadas que generan dudas y reservas sobre las autonom¨ªas, su funcionamiento y sus efectos sobre el futuro de Espa?a. Primero se denuncian duplicidades de todo tipo, despilfarros masivos, burocracia mastod¨®ntica, sueldos exorbitantes, proyectos fara¨®nicos, clientelismo; con o sin base real seg¨²n los casos, y aportando datos m¨¢s que discutibles y en la mayor¨ªa de los casos exagerados. Para, inmediatamente, concluir: o Espa?a se rompe, o avanza hacia el caos, o el mercado interior est¨¢ roto, o nuestra estructura territorial es inviable. Por la solemnidad de las declaraciones, la conclusi¨®n perece revestida de infalibilidad; por su gravedad, parece reflejar una situaci¨®n de emergencia. Para acabar concluyendo la inevitabilidad de replantearse nuestro Estado de las autonom¨ªas.

No parece influir en el estado de ¨¢nimo de estos hackers auton¨®micos que ninguna de sus agoreras predicciones se haya siquiera vislumbrado en el horizonte, ni que el propio Estado haya afrontado con ¨¦xito situaciones delicadas porque tiene, y ha usado, los instrumentos necesarios para abordar los problemas que van surgiendo. Inasequibles al desaliento, una y otra vez intentan el asalto, lo que refleja una convicci¨®n ideol¨®gica profunda que a?ora la Espa?a centralista y reniega de la diversidad y la pluralidad de la sociedad espa?ola y de la necesidad de su articulaci¨®n desde el respeto y reconocimiento mutuo.

Sin embargo, hasta ahora, y nada permite concluir que no ocurra en el futuro, nuestro Estado ha ido abordando y solucionando los problemas que han surgido en un proceso de por s¨ª complejo y que se ha demostrado muy eficiente porque ha contribuido sustancialmente a la modernizaci¨®n y el progreso de Espa?a en todos los ¨¢mbitos.

Si alguien pretende que cadauno nos pongamos de cada lado de una l¨ªnea divisoria, muchos lo tenemos claro: defenderemos el Estado de las autonom¨ªas porque creemos que es la mejor soluci¨®n para esta Espa?a diversa que ha buscado durante demasiado tiempo convivir en libertad; porque creemos que democracia y autonom¨ªa territorial son y deben ser ya inseparables porque fortalecen el proyecto de unidad.

A partir de ah¨ª, discutamos los problemas existentes y busquemos soluciones. Pero cada problema en su cesta, cada soluci¨®n pactada y cada uno asumiendo su responsabilidad. Estas son las reglas del juego y la responsabilidad de respeto con todos. Porque, y con frecuencia se ignora, el poder p¨²blico est¨¢ en nuestro pa¨ªs profundamente distribuido, territorial y tambi¨¦n ideol¨®gicamente. Los dos grandes partidos de ¨¢mbito nacional, los nacionalistas, los regionalistas y otros han gobernado y gobiernan en el ¨¢mbito auton¨®mico. Todos, por tanto tienen su cuota de responsabilidad en el pasado y en el futuro del Estado de las autonom¨ªas. Incluso, en muchos ¨¢mbitos, mayor que el Gobierno de Espa?a de cada momento. Y tambi¨¦n en la gesti¨®n diaria de los Gobiernos aut¨®nomos, buena o mala, y en sus efectos sobre el conjunto del Estado, en su lealtad al mismo y en su actitud de colaboraci¨®n, afortunadamente podr¨ªamos concluir. Por tanto, la responsabilidad es compartida. No vale achacar esa responsabilidad en exclusiva al Gobierno estatal de turno, buscando una rentabilidad pol¨ªtica que ser¨¢ injusta e incluso irresponsable.

En estos momentos, se cuestiona la capacidad del Estado de controlar el gasto p¨²blico auton¨®mico. Est¨¢ en vigor un sistema de financiaci¨®n auton¨®mica que, sustancialmente, permite a las comunidades disponer de unos ingresos en funci¨®n del rendimiento de los grandes impuestos que pagamos todos. Incluso tienen la facultad de modificar algunos elementos de estos impuestos, y de crear o suprimir otros, en funci¨®n de sus necesidades y prioridades. Sus gastos deben acomodarse a esos ingresos.

Y, ahora, cuando se han resentido los ingresos fiscales, a nadie debe sorprender que las comunidades deban ajustar sus gastos a los ingresos, mermados sustancialmente. Con el mismo automatismo con que sus ingresos crec¨ªan en ¨¦pocas de bonanza. Y aqu¨ª acaba el problema, al menos institucionalmente. El resto es gesti¨®n, que por cierto muchas comunidades est¨¢n haciendo con lealtad y responsabilidad en estos momentos.

?Y qui¨¦n controla este proceso de ajuste? Ante todo, las propias instituciones auton¨®micas, sus Parlamentos, sus ¨®rganos de control, y finalmente sus ciudadanos, debidamente informados, que peri¨®dicamente exigir¨¢n cuentas de su gesti¨®n a los responsables auton¨®micos. Y, como parece el caso, cuando la situaci¨®n pueda afectar al sistema financiero espa?ol en su conjunto, en uso de sus atribuciones constitucionales, al Estado. No nos rasguemos las vestiduras ni, en la confusi¨®n, tratemos de sacar provecho pol¨ªtico.

Por tanto, suenan a vac¨ªas, a huida hacia delante, a mirar hacia otro lado, las actitudes de echar la culpa a otros o de dar por inviable el sistema auton¨®mico por prejuicios ideol¨®gicos. No debe extra?ar por tanto que afirmaciones como la de recuperar competencias, o recortarlas, o hacer una ley no se sabe muy bien para qu¨¦, se interpreten como actitudes de desconfianza o rechazo a un sistema de convivencia que tanto nos ha costado y nos est¨¢ costando construir. Aunque, por decirlo todo, m¨¢s llamativo a¨²n es el silencio clamoroso de responsables auton¨®micos que debe tambi¨¦n interpretarse, lejos de conformidad con sus responsables nacionales, de profunda discrepancia. ?O no? Es exigible una mayor transparencia tambi¨¦n en este punto, al menos para saber a qu¨¦ atenernos.

Este ruido oculta, finalmente, una evidencia. Naturalmente que existen problemas, y serios, en la estructura territorial del Estado. Muchos, yo mismo desde la responsabilidad de presidente del Senado, los venimos explicitando p¨²blicamente desde hace mucho tiempo. Si algo le falta al Estado de las autonom¨ªas es, de un lado, una gran dosis de lealtad, de cooperaci¨®n y colaboraci¨®n, tal como se entiende en los Estados federales, y la consecuente asunci¨®n de responsabilidades de cada cual en su ¨¢mbito, y de otro, la reforma y adecuaci¨®n de algunas instituciones estatales, el Senado el primero, a la realidad de la Espa?a auton¨®mica de hoy y del futuro. Asumo la cr¨ªtica y exijo que la reforma se lleve a cabo, su demora no se justifica. Muchos de los problemas tendr¨ªan un cauce institucional m¨¢s participativo, transparente, sereno y democr¨¢tico para ser abordados. Sin alarmismos, sin estridencias que no llevan m¨¢s que a justificar el victimismo nacionalista.

No insistir¨¦ esta vez en ello. Pero cada vez que surgen estos problemas, se evidencia la irresponsabilidad de mantener congeladas estas cuestiones pendientes que miran hacia delante, no hacia atr¨¢s. Y sin argumentos de entidad, pero que sirven de cobertura para concluir que el sistema es inviable. Ahora bien, insisto, si lo que se quiere es trazar una raya y que cada uno se sit¨²e a un lado de la misma, muchos, la mayor¨ªa, sabemos desde de qu¨¦ lado estamos. Ni con separatistas, ni tampoco con separadores.

Javier Rojo es presidente del Senado.