El primer gran pacto

El pacto social sobre pensiones, pr¨¢cticamente cerrado, tiene una importancia pol¨ªtica que dif¨ªcilmente puede ser menospreciada. De entrada, es un acuerdo de largo alcance, probablemente el ¨²nico que consiga un amplio apoyo, pol¨ªtico y de los agentes sociales, de entre la cadena de reformas econ¨®micas en que se ha embarcado el presidente Zapatero. Es un ¨¦xito tambi¨¦n para UGT y CC OO, puesto que rompe con la perniciosa actitud hostil, basada en la numantina defensa de derechos que la situaci¨®n de la econom¨ªa y el empleo no respaldan, hacia la negociaci¨®n con Gobierno y empresarios. No menos importante es el esfuerzo de los negociadores por despejar las dudas que pueda suscitar entre los inversores la hip¨®tesis de un eventual colapso del sistema, que l¨®gicamente llevar¨ªa a que el Presupuesto tuviera que hacerse cargo del de las pensiones. El riesgo queda minimizado, a cambio de un recorte medio de las prestaciones de un 12% para el conjunto del sistema.

A este ¨¦xito pol¨ªtico deber¨ªa adherirse el PP como demostraci¨®n pr¨¢ctica de que los consensos no tienen por qu¨¦ mermar votos; de que no tiene sed de poder disfrazada de sed de urnas. Las reformas suelen ser molestas (a veces muy dolorosas) pero, para que surtan efecto, necesitan estabilidad y voluntad de mantenerlas aunque cambie el partido gobernante. EL PP dar¨ªa un mensaje de apoyo firme a la estabilidad econ¨®mica si hiciese constar su voluntad de aplicarla cuando gobierne.

El contenido pactado dista mucho de una reforma radical que trastoque dr¨¢sticamente las expectativas vitales de los trabajadores. Gobierno y sindicatos han aceptado que el objetivo principal era prolongar la vida laboral efectiva del asalariado, antes que imponer fechas r¨ªgidas de jubilaci¨®n. Por esa raz¨®n, aunque consta un aplazamiento de la edad de retiro (desde los 65 a?os actuales hasta los 67), lo m¨¢s importante es la detallada casu¨ªstica que se establece para relacionar vida laboral y jubilaci¨®n. As¨ª, un trabajador s¨®lo podr¨¢ jubilarse a los 65 a?os con la pensi¨®n completa si ha cotizado durante 38,5 a?os. Para el resto de los trabajadores ser¨¢ necesario cotizar durante 37 a?os para retirarse con la pensi¨®n completa a los 67 a?os. La negociaci¨®n ha hecho posible un acuerdo que se antojaba dif¨ªcil (el Gobierno pensaba que el m¨ªnimo de cotizaci¨®n para jubilarse a los 65 eran 40 a?os), pero en otros apartados el Ministerio de Trabajo se ha mostrado inflexible. As¨ª, para calcular la pensi¨®n se tendr¨¢n en cuenta los ¨²ltimos 25 a?os, en lugar de los 15 en la actualdiad.

Lo m¨¢s discutible de la reforma es la excesiva duraci¨®n del periodo transitorio para ampliar la edad de jubilaci¨®n. Tal como est¨¢ pactado, empezar¨¢ en 2013 y acabar¨¢ en 2027, de forma que la vida laboral aumentar¨¢ a un ritmo de un mes y medio por a?o. De esta forma se respetan con m¨¢s propiedad los derechos de los trabajadores; pero un periodo transitorio de 10 a?os tampoco hubiera mermado tales derechos, hubiese establecido un plazo igualmente razonable y habr¨ªa transmitido la voluntad pol¨ªtica firme de buscar la solvencia del sistema con m¨¢s rapidez.

La cuesti¨®n capital es si esta reforma cancela definitivamente el riesgo de un colapso del sistema. La respuesta es que, muy probablemente, el riesgo queda pr¨¢cticamente conjurado durante los pr¨®ximos 40 a?os. Sobre todo si la econom¨ªa espa?ola regresa a tasas de crecimiento superiores al 2% y crea cantidades razonables de empleo. La importancia de la reforma es que rompe con la idea de que el sistema de pensiones es intocable e instaura el precedente de que puede revisarse peri¨®dicamente para corregir las deficiencias sin que ello constituya un drama social. Por lo dem¨¢s, es un ¨¦xito pol¨ªtico que cabe atribuir a la insistencia del Gobierno y a la flexibilidad de los sindicatos, que ojal¨¢ trasladen a otras negociaciones.