Receta de la cat¨¢strofe

Cuando muri¨® el general Franco, la sociedad espa?ola ten¨ªa que enfrentarse a dos problemas constituyentes: c¨®mo transitar de una dictadura a una democracia y c¨®mo pasar de un Estado centralista a otro pol¨ªticamente descentralizado. Son dos problemas distintos, que no tienen por qu¨¦ ir juntos, pero que en Espa?a, por razones hist¨®ricas, s¨ª ten¨ªan que ser resueltos simult¨¢neamente. El Estado unitario y centralista no pod¨ªa ser la forma de Estado de la democracia espa?ola.

El primer problema estaba pr¨¢cticamente resuelto. La sociedad espa?ola no ten¨ªa dudas de que quer¨ªa constituirse en un Estado social y democr¨¢tico de derecho similar al que ten¨ªan los dem¨¢s pa¨ªses europeos occidentales. La Constituci¨®n de 1978 dio respuesta al problema de manera razonablemente satisfactoria.

Para el segundo, la cuesti¨®n no estaba tan clara. La sociedad espa?ola sab¨ªa lo que no quer¨ªa, el Estado unitario y centralista, pero no lo que quer¨ªa. De ah¨ª todas las dudas en el proceso constituyente, las ambig¨¹edades del texto constitucional y las dificultades en el proceso de inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n hasta que con los pactos auton¨®micos de 1981 se impuso una interpretaci¨®n de la misma que condujo a la territorializaci¨®n completa del Estado en 17 comunidades y dos ciudades aut¨®nomas.

Este ha sido el mayor ¨¦xito constituyente de la democracia espa?ola. Constituirse como Estado social y democr¨¢tico de derecho a finales del siglo XX no era ninguna haza?a. Transformar uno de los Estado m¨¢s centralistas del mundo en uno de los m¨¢s descentralizados en unos cuantos a?os y de una manera completamente pac¨ªfica, s¨ª lo era.

El Estado de las Autonom¨ªas es, con diferencia, la mayor conquista constitucional de la sociedad espa?ola. Todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios dijeron en el proceso constituyente que, en este terreno, la Constituci¨®n se la jugaba y que su ¨¦xito depender¨ªa de su capacidad para articular el principio de unidad pol¨ªtica del Estado con el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa de las nacionalidades y regiones que integran Espa?a.

Esto se ha conseguido a trav¨¦s de pactos auton¨®micos, de elecciones repetidas en todas las comunidades, de ejercicio regular de los poderes, de resoluci¨®n de los conflictos mediante negociaci¨®n o mediante sentencias del Tribunal Constitucional. La Constituci¨®n tambi¨¦n ha funcionado de manera satisfactoria en este terreno.

Es obvio que la estructura del Estado tambi¨¦n se est¨¢ viendo afectada por la intensidad de la crisis por la que estamos atravesando. No pod¨ªa ser de otra manera. Precisamente porque las comunidades aut¨®nomas se han convertido en actores pol¨ªticos de primer nivel, una crisis de la magnitud de la actual no pod¨ªa dejar de incidir en ellas, como tambi¨¦n lo ha hecho en el Estado y en los municipios. En todos los niveles de nuestra f¨®rmula de gobierno van a ser necesarios ajustes. Y en todos se est¨¢n haciendo.

Pero lo que ser¨ªa un disparate es pretender que es el modelo de descentralizaci¨®n pol¨ªtica el que tendr¨ªa que ser revisado para poder salir de la crisis. Esto s¨ª que nos har¨ªa retroceder a una situaci¨®n indeseable en la que se podr¨ªa llegar a poner en cuesti¨®n el propio car¨¢cter pac¨ªfico de la convivencia. El Estado de las Autonom¨ªas no solamente es viable, sino que, en este momento, es el ¨²nico Estado viable con el que podemos autodirigirnos pol¨ªticamente. Su puesta en cuesti¨®n nos meter¨ªa en un debate que, tal como est¨¢ el patio, no nos podr¨ªa conducir a ning¨²n consenso que mejorara nuestra f¨®rmula de gobierno. El discurso de la inviabilidad del Estado de las Autonom¨ªas es la receta de la cat¨¢strofe.