G¨¹rtel pone a prueba el nuevo TSJ

El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama G¨¹rtel, en la que est¨¢n imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las c¨²pulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez Jos¨¦ Flors dio por concluida la instrucci¨®n el 27 de enero al considerar que ya se hab¨ªan practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios a?os trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigaci¨®n y emplaz¨® a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que as¨ª lo har¨¢), el presidente del Consell se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados y ser¨¢ juzgado por un jurado popular. La causa est¨¢ sometida a fuerte presi¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica porque su evoluci¨®n afectar¨¢ a la designaci¨®n de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa tambi¨¦n est¨¢n imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), V¨ªctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo).

Aunque quisiera, la Sala tendr¨ªa serios problemas para frenar a Jos¨¦ Flors

En la judicatura no es ning¨²n secreto que De la R¨²a es amigo de Camps

Si la causa sigue su camino, a finales de marzo el juez puede dictar su auto

Desde que se conoci¨® la decisi¨®n de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatar¨¢ la decisi¨®n del juez bas¨¢ndose en los recursos presentados por las defensas contra la denegaci¨®n por parte del magistrado de la pr¨¢ctica de m¨¢s pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibi¨® en otros momentos del largo procedimiento (se abri¨® en marzo de 2009), que despu¨¦s se demostr¨® infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posici¨®n de Camps.

Frente a esa visi¨®n, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendr¨ªa serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su art¨ªculo 27 que el magistrado ordenar¨¢ practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".

Flors ya consideraba que ten¨ªa suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la R¨²a, opt¨®, sin embargo, por archivar la causa con una argumentaci¨®n que supon¨ªa vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discut¨ªa, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisi¨®n recibi¨® un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautoriz¨® la decisi¨®n de la Sala y devolvi¨® la causa a Flors en mayo de 2010.

Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido m¨¢s que generoso con la pr¨¢ctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parec¨ªan tener como ¨²nico objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicit¨® que se incorporara a la causa una conversaci¨®n grabada en prisi¨®n entre Pablo Crespo, n¨²mero dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechaz¨® porque las grabaciones hab¨ªan sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permiti¨® que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a trav¨¦s de un exhorto) y ¨¦ste repiti¨® lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendr¨¢ que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volver¨¢ a retrasarse.

Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudi¨® el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovech¨®, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la R¨²a lo recibi¨® con un fuerte abrazo.

En la judicatura no es ning¨²n secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su ¨¦poca en el juzgado de instrucci¨®n. Y es tambi¨¦n de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relaci¨®n de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relaci¨®n privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejer¨ªa de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunci¨® para ser nombrado miembro del ¨®rgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.

La estrecha relaci¨®n que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenci¨® pronto. Tras estallar el caso G¨¹rtel en febrero de 2009, De Rosa tard¨® solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogi¨® la honorabilidad de Camps y advirti¨® que el juez Baltasar Garz¨®n podr¨ªa estar cometiendo un delito de prevaricaci¨®n si no se inhib¨ªa en la investigaci¨®n de la trama de corrupci¨®n que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las cr¨ªticas recibidas.

Un esc¨¢ndalo que se agrand¨® tras conocerse que Camps y De Rosa hab¨ªan mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso G¨¹rtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana despu¨¦s de la detenci¨®n de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n implicaba a Camps en el caso.

Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera m¨¢s prudente, aunque las relaciones con De la R¨²a han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entreg¨® el premio Justicia.

Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituy¨® a De la R¨²a al frente del TSJ en diciembre con un mensaje cr¨ªtico con la corrupci¨®n y de defensa de la justicia como un servicio p¨²blico que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ning¨²n otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondr¨¢ a prueba esa declaraci¨®n de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustituci¨®n de De la R¨²a por De la Oliva actu¨® como v¨¢lvula de escape para rebajar la apariencia de politizaci¨®n con que se march¨® el expresidente.

Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucci¨®n muy garantista y muy dif¨ªcil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucci¨®n se?alan que los trajes que Camps compr¨® en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versi¨®n ofrecida por el jefe del Consell de que ¨¦l pag¨® los trajes en met¨¢lico no ha sido avalada por ning¨²n empleado del comercio, m¨¢s bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicaci¨®n por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirig¨ªa El Bigotes.

Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendr¨ªa que contar con s¨®lidos argumentos jur¨ªdicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situar¨ªa en el ojo del hurac¨¢n a un tribunal todav¨ªa afectado por el correctivo que le aplic¨® el Tribunal Supremo, con la revocaci¨®n por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.

Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluir¨¢ el plazo de cinco d¨ªas dado a cada una de las partes (fiscal¨ªa y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 d¨ªas h¨¢biles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, env¨ªe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluir¨¢n los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictar¨¢ un auto en el que decidir¨¢ si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.