El ansiado olvido

Dec¨ªa el embajador estadounidense en Chile, en un cable confidencial enviado a Washington a comienzos de 2007, poco despu¨¦s de la muerte de Pinochet, que los chilenos miraban con menos rencor al pasado, a su dictadura, que los espa?oles a la de Franco. El comentario, aunque superficial y bastante inexacto, puede servir para introducir algunas observaciones de historia comparada, de similitudes y diferencias entre ambas dictaduras, y sobre la forma en que son recordadas.

Pinochet aprendi¨® muchas cosas de Franco. El dictador chileno, como antes hab¨ªa hecho el espa?ol, intent¨® imponer una visi¨®n hist¨®rica que legitimara la necesidad del golpe de Estado y lo presentara como salvador de la naci¨®n. Durante sus dictaduras, Franco y Pinochet festejaron el 18 de julio en Espa?a y el 11 de septiembre en Chile como un mito fundacional de "salvaci¨®n nacional" frente a la revoluci¨®n marxista. Esa versi¨®n oficial, establecida a partir del control de la educaci¨®n, de la censura y de la persecuci¨®n a quien se opon¨ªa p¨²blicamente, gener¨® pol¨ªticas de desinformaci¨®n y de manipulaci¨®n de la historia, muy dif¨ªciles de combatir durante las respectivas transiciones a la democracia.

Chile tuvo su Comisi¨®n de la Verdad; Espa?a no hizo nada por las v¨ªctimas de Franco

El golpe de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, no provoc¨® una guerra civil y su dictadura, de 17 a?os, dur¨® 20 menos que la de Franco. Despu¨¦s de miles de asesinatos y de violencias masivas de los derechos humanos, ambos dictadores gozaron de amplios apoyos entre sus ciudadanos. Franco muri¨® en la cama y nunca tuvo que preocuparse de responder a cargos sobre cr¨ªmenes contra la humanidad. Pinochet sobrevivi¨® 16 a?os a su Gobierno autoritario y su arresto en Londres, en octubre de 1998, abri¨® en Chile una profunda discusi¨®n sobre el pasado, en la que afloraron con toda su crudeza las historias y memorias enfrentadas de militares y de familiares de los desaparecidos y v¨ªctimas de la represi¨®n.

El legado de los cr¨ªmenes de las dos dictaduras se abord¨® de forma muy diferente en los dos pa¨ªses. En Espa?a, tras la Ley de Amnist¨ªa aprobada el 15 de octubre de 1977, el Estado renunciaba a abrir en el futuro cualquier investigaci¨®n judicial o a exigir responsabilidades contra "los delitos cometidos por los funcionarios p¨²blicos contra el ejercicio de los derechos de las personas". Bajo el recuerdo traum¨¢tico de la guerra, interpretada como una especie de locura colectiva, con cr¨ªmenes reprobables en los dos bandos, y el del miedo impuesto por la dictadura, nadie habl¨® entonces de crear comisiones de la verdad que investigaran los miles de asesinatos y la sistem¨¢tica violaci¨®n de los derechos humanos practicada hasta el final por Franco y sus fuerzas armadas.

En Chile, por el contrario, y pese a que la democracia, bajo la vigilancia y el cors¨¦ impuesto por el tirano todav¨ªa vivo, no pudo derogar la amnist¨ªa que se hab¨ªan concedido los propios militares con la Ley de 1978, el primer presidente democr¨¢tico, Patricio Alwin, decidi¨® establecer una Comisi¨®n Nacional de Verdad y Reconciliaci¨®n. No se pod¨ªa llegar a la reconciliaci¨®n nacional, pens¨® Alwin, sin antes conocer y reconocer a los desaparecidos y v¨ªctimas de la violencia de las fuerzas armadas. Formada, bajo la presidencia del prestigioso jurista Ra¨²l Rettig, por expertos en derechos humanos, pero tambi¨¦n por partidarios de la dictadura, como el historiador Gonzalo Vial Correa, la Comisi¨®n entreg¨® su informe, de 1.350 p¨¢ginas, el 8 de febrero de 1991, menos de un a?o despu¨¦s del encargo oficial.

El informe Rettig, interpretado por los militares chilenos como un ataque a su honor y dignidad, fue un hito en el proceso de reconstrucci¨®n de la democracia y de la memoria colectiva. En Espa?a, durante la transici¨®n, y en la larga d¨¦cada posterior de Gobiernos socialistas, no hubo pol¨ªticas de reparaci¨®n, jur¨ªdica y moral, de las v¨ªctimas de la guerra y de la dictadura. No solo no se exigieron responsabilidades a los supuestos verdugos, tal y como marcaba la Ley de Amnist¨ªa, sino que tampoco se hizo nada por honrar a las v¨ªctimas y encontrar sus restos.

Por eso, no resulta sorprendente que cuando comenz¨® a plantearse entre nosotros, por fin, casi tres d¨¦cadas despu¨¦s de la muerte de Franco, la necesidad de pol¨ªticas p¨²blicas de memoria, como se hab¨ªa hecho en otros pa¨ªses, apareciera un en¨¦rgico rechazo de quienes m¨¢s inc¨®modos se encontraban con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se sembraba el germen de la discordia y se pon¨ªan en peligro la convivencia y la reconciliaci¨®n. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de ¨¦l.

Para muchos espa?oles, el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcci¨®n de su cultura pol¨ªtica democr¨¢tica. Y por eso tenemos tantas dificultades para mirar con libertad, conocimiento y rigor a las experiencias traum¨¢ticas del siglo XX. Parece que estemos en un eterno debate y, en realidad, seguimos rodeados de miedos y mentiras. Y, lo que es m¨¢s importante para el futuro, sin claras pol¨ªticas educativas y culturales sobre los derechos humanos.

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Zaragoza.