Vivienda detecta fraudes solo en el 4% de las 9.300 VPO inspeccionadas
La consejer¨ªa abre 356 expedientes sancionadores en los dos ¨²ltimos a?os
Aunque la percepci¨®n pueda ser otra, los datos estad¨ªsticos no muestran un significativo fraude en las viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) en Euskadi. Menos del 4% de los 9.385 pisos protegidos inspeccionados durante los dos ¨²ltimos a?os, 2009 y 2010, han acabado con la apertura de expedientes sancionadores, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Departamento de Vivienda. Un total de 128 casos han sido resueltos con una sanci¨®n econ¨®mica (el monto global ha sido de casi 300.000 euros) y otros 228 est¨¢n pendientes de resoluci¨®n.
La situaci¨®n de las VPO ha vuelto al debate p¨²blico, con la presentaci¨®n a finales de enero del anteproyecto de ley de vivienda. Una de las medidas novedosas del documento, que este a?o ser¨¢ objeto de debate social y posteriormente en el Parlamento, es el endurecimiento de los requisitos para los propietarios hasta el punto de que se contempla la expropiaci¨®n para los que durante dos a?os dupliquen los ingresos para acceder a una VPO (actualmente hasta un m¨¢ximo de 35.000 euros anuales).
Las denuncias de vecinos por ilegalidades son muy escasas
La multa media por no usarla o alquiler ilegal es de 3.700 euros
La crisis provoca abandonos de VPO por no poder pagar el agua o la luz
Adem¨¢s, el documento incrementa significativamente las multas: las muy graves, ahora entre 1.500 y 6.000 euros pasan a una horquilla de entre 90.000 y 900.000 euros. Las actuales cuant¨ªas est¨¢n basadas en las leyes estatales de 1968 y 1978, al carecer Euskadi de una normativa espec¨ªfica de vivienda.
Estas faltas muy graves son las que se aplican habitualmente en Euskadi en las inspecciones de las VPO, ya que se refieren a las dos principales infracciones que se cometen: la no ocupaci¨®n de un piso protegido de manera habitual y permanente y el alquiler a terceros sin el permiso del Departamento de Vivienda. "La mayor¨ªa de las infracciones es por no ocuparlo", explica un t¨¦cnico de Vivienda. A principios de la d¨¦cada, otra de las ilegalidades recurrentes eran las compraventas de VPO pero est¨¢ pr¨¢ctica se cort¨® de ra¨ªz una vez que los notarios empezaran a avisar a la Administraci¨®n cuando se produc¨ªan dichas operaciones.
Los datos de Vivienda revelan que desde el a?o 2000 se han incoado casi 1.700 expedientes sancionadores y el importe de las multas alcanza en todo ese periodo los casi 1,4 millones de euros. En estos ¨²ltimos 11 a?os, se han inspeccionado 47.979 viviendas de un parque de VPO que ahora es de 64.304. El objetivo es llegar a visitar todas las viviendas protegidas que, con el ritmo actual de unas 4.700 inspecciones anuales, no se alcanzar¨ªa hasta dentro de cinco a?os.
Aunque la ley establece la posibilidad de la expropiaci¨®n a quien reincida en ilegalidades en el uso de las VPO, es una opci¨®n que apenas se ha utilizado en estos 11 a?os. Seg¨²n los datos de Vivienda, solo se han expropiado media docena de inmuebles. La pol¨ªtica del Ejecutivo es la sanci¨®n econ¨®mica, que habitualmente en los casos habituales de no ocupaci¨®n y alquiler fraudulento (existe la posibilidad de arrendamiento por motivos laborales o de salud y durante un tiempo m¨¢ximo de cuatro a?os), ronda los 3.750 euros. "Si hay atenuantes, se reduce a 1.500 y, con agravantes, puede llegar al m¨¢ximo 6.010 euros", se?ala el t¨¦cnico.
La multa va acompa?ada de una medida coercitiva para ocupar el piso protegido en un m¨¢ximo de un mes y, en caso negativo, se impone una multa mensual de 1.000 euros. El hecho de que la multa media sea solo de 3.000 euros (en inmuebles con un valor medio de 120.000 euros) podr¨ªa explica el gran aumento de las sanciones previstas por la nueva ley, entre 90.000 y 900.000 euros. "Normalmente, con la primera multa, el inquilino vuelve a ocupar la vivienda, aunque tambi¨¦n se da que est¨¢n un tiempo y luego vuelven a salir. Pero nos encontramos con pocos casos de reincidentes".
Los t¨¦cnicos si han comprobado que, debido a la crisis econ¨®mica, se han dado casos de inquilinos de VPO que han tenido que abandonar la vivienda "pero porque no pod¨ªan mantenerla, al no poder paga ni siquiera el agua o la luz, y se han ido a vivir con un familiar".
Siete inspectores para vigilar
El Gobierno tiene, desde el oto?o de 2008, un grupo especializado de inspectores para vigilar el correcto funcionamiento de las VPO. Anteriormente, esta labor la realizaban empresas externas. Se trata de un total de siete funcionarios, dos en ?lava, otros dos en Guip¨²zcoa y tres m¨¢s en Vizcaya.
Tienen un calendario de actuaciones para poder llegar a todo el parque de VPO (les faltan ahora casi 17.000 viviendas), realizar un seguimiento a los inquilinos que han sido sancionados y finalmente investigar las denuncias que reciben, "que son contadas. Al mes puedes tener dos o tres y, adem¨¢s, te encuentras de todo: desde la que te dan datos generales hasta el que te aporta el DNI del denunciado, a qu¨¦ se dedica y cu¨¢ndo va al piso", explica el t¨¦cnico del Departamento de Vivienda.
Estos funcionarios realizan un acta de inspecci¨®n de cada piso al que acuden y, en caso de que comprueben indicios de una infracci¨®n, inician una investigaci¨®n m¨¢s profunda requiriendo informaci¨®n al propietario. Si concluyen que existen irregularidades, remiten el acta al Gobierno en Lakua, donde el asunto pasa al director de Planificaci¨®n y Procesos Operativos de Vivienda, que es el competente en iniciar y resolver el expediente. En los casos de alquileres, puede volver a solicitar datos al inspector, "porque hay que tener probadas bien las presuntas anomal¨ªas", a?ade.
La consejer¨ªa asegura que la mayor parte de los expedientes abiertos termina con la sanci¨®n y, entonces el imputado puede realizar alegaciones hasta en dos ocasiones antes de la resoluci¨®n final. Luego puede recurrir de nuevo administrativamente y, si no est¨¢ de acuerdo, la ¨²ltima instancia es la judicial. Desde el inicio del expediente sancionador, existe un plazo m¨¢ximo de seis meses para resolverlo porque, una vez superado este tiempo, el caso caduca. Las infracciones en las viviendas protegidas prescriben a los tres a?os.
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