Fines y medios
El objetivo no es impedir la participaci¨®n electoral de Batasuna, sino la disoluci¨®n de ETA
La estrategia de acoso policial, ilegalizaci¨®n judicial y negativa a la negociaci¨®n aspiraba a que se produjera algo como lo que ha ocurrido: que el brazo pol¨ªtico de ETA rompiera con su pasado de instrumento de la estrategia terrorista y se comprometiera, por su propio inter¨¦s, a impulsar la desaparici¨®n de la banda. Es de momento una declaraci¨®n de intenciones, pero su contenido es bastante similar a lo que se les ven¨ªa exigiendo desde la democracia, y precisamente con el argumento de que pasasen de las palabras a los hechos: que se dotaran de unos estatutos que no se limitaran a una condena gen¨¦rica de la violencia, sino que rechazaran el terrorismo de ETA en concreto, y que incluyera una adhesi¨®n expl¨ªcita a los principios democr¨¢ticos.
Se trata por tanto de un paso importante para alcanzar el objetivo compartido por los dem¨®cratas, que es conseguir que ETA desaparezca; algo que solo se podr¨ªa alcanzar de dos maneras: deteniendo a todos sus miembros e impidiendo que otros les sustituyan; o bien, creando las condiciones para que su brazo pol¨ªtico les convenza de que abandonen la violencia. Esta segunda es m¨¢s realista, y, por ello, lo peor que podr¨ªa hacer la democracia ante este paso del entorno de ETA ser¨ªa transmitir el mensaje de que, hagan lo que hagan, nunca podr¨¢n volver a ser legales.
Al rev¨¦s: hay que dejar claro que est¨¢ en su mano recobrar la legalidad si hacen lo que deben, incluyendo despejar las inc¨®gnitas y dudas sobre su actual posici¨®n en relaci¨®n con ETA. Tales dudas ser¨¢n inevitables mientras ETA siga presente y, por ello, Batasuna deber¨ªa ser la primera interesada en avalar su rechazo de eventuales cr¨ªmenes futuros con la condena de los ya cometidos; y en aclarar si su renuncia a seguir siendo instrumento de la estrategia de ETA significa desistir de la pretensi¨®n etarra de condicionar su retirada definitiva a una negociaci¨®n de su programa rupturista.
Mientras subsistan esas dudas, es l¨®gico que los tribunales de los que depende la inscripci¨®n del nuevo partido se aseguren del significado del compromiso contra¨ªdo. Pero tambi¨¦n conviene precisar con realismo el alcance del riesgo asumido, evitando exageraciones. Es poco veros¨ªmil suponer que tras el pulso en curso solo haya una simulaci¨®n de enfrentamiento entre ETA y Batasuna que cesar¨¢ tras la legalizaci¨®n. Y frente a los apremios contrapuestos para que el tribunal decida con criterios de oportunidad pol¨ªtica, conviene dejarle trabajar sin presiones ni precipitaciones: la fortaleza de la democracia espa?ola no depende de que la izquierda abertzale se presente o no en mayo.
La ilegalizaci¨®n de un partido asociado a una banda que durante decenios ha asesinado a los rivales de ese partido no fue un recorte de la libertad, sino una defensa de la igualdad de oportunidades electorales. Y la eficacia de la pol¨ªtica antiterrorista tampoco se mide porque se impida o no esa participaci¨®n. Lo que est¨¢ en juego es mucho m¨¢s importante.
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