Haberlas, 'haylas'

Cuenta Emile Cioran en su Peque?a teor¨ªa del destino que el pueblo espa?ol estaba obsesionado consigo mismo, tanto que era imposible hablar con un espa?ol sin que la conversaci¨®n girara sobre Espa?a "universo cerrado, tema de su lirismo y de sus reflexiones, provincia absoluta, fuera del mundo". Desde que se escribiera ese texto en 1956 han pasado 55 a?os y una dictadura; sin embargo, esas palabras no han perdido su vigencia porque seguimos obsesionados con Espa?a, muy especialmente sobre c¨®mo organizarla territorialmente. Durante los ¨²ltimos 30 a?os hemos tenido claro que la mejor forma de hacerlo era utilizando la autonom¨ªa, de tal forma que el poder de las comunidades aut¨®nomas no ha cesado de crecer, mermando el del muy antip¨¢tico Estado central. Y otro tanto se puede decir de la segunda descentralizaci¨®n a favor de los municipios, comenzada en los a?os noventa y todav¨ªa pendiente de culminar, al decir de la FEMP.

Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os ha empezado a dudarse de la racionalidad de un Estado tan descentralizado como el nuestro. Y como las fuerzas pol¨ªticas mantienen posturas discrepantes, el asunto se ti?e de ideolog¨ªa, dejando poco margen para los debates acad¨¦micos y mucho para las opiniones apod¨ªcticas, como las emitidas por el ex presidente Aznar el mes pasado. Pero algo se puede decir con voluntad de objetividad, aunque sean obviedades de Perogrullo. Por ejemplo, si la distribuci¨®n territorial del poder pol¨ªtico tiene el ¨²nico fin de servir mejor a los ciudadanos, entonces parece estad¨ªsticamente imposible que todos y cada uno de los 2.000 decretos de traspaso de servicios desde el Estado a las comunidades hayan desembocado en una mejora de la gesti¨®n p¨²blica. Y para muestra, un bot¨®n: la creaci¨®n en 2005 la Unidad Militar de Emergencia -con la pirueta constitucional de apoyarse en la competencia de Defensa- demuestra que las comunidades no estaban gestionando bien las cat¨¢strofes naturales. Y si miramos el asunto por el lado del gasto, sean o no 26.000 millones anuales m¨¢s -como ha calculado la Fundaci¨®n Progreso y Democracia-, lo que nos cuesta la gesti¨®n auton¨®mica frente a la centralizada, no se puede negar que la proliferaci¨®n de Administraciones tiene que ser por fuerza m¨¢s costosa (18 directores generales de Universidades salen m¨¢s caros que uno). Desde la perspectiva de la unidad de mercado, la proliferaci¨®n de regulaciones dificulta la actividad econ¨®mica, como cualquiera puede comprender al echar un vistazo al bosque de leyes de cooperativas, de transporte, etc¨¦tera. La conclusi¨®n parece tambi¨¦n obvia: habr¨ªa que aplicar las econom¨ªas de escala, que por lo dem¨¢s es lo que estamos haciendo en relaci¨®n con la Uni¨®n Europea. As¨ª que no es disparatado estudiar algunas t¨¦cnicas de simplificaci¨®n administrativa, como reducir entes locales (disolviendo muchos municipios en comarcas y las diputaciones en comunidades), transferir competencias auton¨®micas al Estado y de ¨¦ste a la UE.

Pero la distribuci¨®n territorial del poder pol¨ªtico no se puede afrontar solo con criterios economicistas, pues los entes p¨²blicos no son simples empresas de servicios, sino que son tambi¨¦n ¨¢mbitos de participaci¨®n democr¨¢tica y reflejo de una voluntad de autogobierno, que para complicar las cosas no tiene la misma intensidad en todo el territorio espa?ol. Por eso, los cambios en el Estado auton¨®mico deben juntar eficiencia t¨¦cnica con sensibilidad pol¨ªtica para conseguir tanto legitimidad como buen gobierno. Conclusi¨®n tan de sentido com¨²n como imprecisa, que si algo me consuela es que no est¨¢ distante de la vieja afirmaci¨®n de Ortega de que el problema regional no ten¨ªa soluci¨®n y que lejos de buscar f¨®rmulas m¨¢gicas ten¨ªamos que limitarnos a saber conllevarlo.

Agust¨ªn Ruiz Robledo es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.