La acusaci¨®n rebate la prescripci¨®n de cuatro delitos fiscales de Fabra

El plazo de prescripci¨®n de cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, se interrumpi¨® hasta en tres actos jur¨ªdicos. Al menos as¨ª lo entiende la Uni¨®n de Consumidores de Espa?a (UCE), representada como acusaci¨®n popular en el llamado caso Fabra, que ayer present¨® ante el Tribunal Supremo el recurso de casaci¨®n contra la decisi¨®n de la Audiencia provincial de Castell¨®n que declar¨® prescritos los fraudes fiscales imputados a Fabra por los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003.

La Audiencia determin¨®, el pasado mes de diciembre, que no hab¨ªa existido un acto jur¨ªdico que paralizara los plazos de prescripci¨®n de esos delitos, que es de cinco a?os. Sin embargo, la acusaci¨®n sostiene que en el argumentario de esta decisi¨®n hay contradicciones y considera que la prescripci¨®n qued¨® paralizada, por primera vez, en el momento en el que se admiti¨® la personaci¨®n de esta parte como acusaci¨®n, en 2004, ya que en su relato de hechos hac¨ªa referencia al supuesto incremento patrimonial del dirigente del PP.

La UCE sostiene que el plazo se interrumpi¨® hasta en tres actos jur¨ªdicos

Adem¨¢s, en 2005, despu¨¦s de que la Agencia Tributaria presentara contra Fabra una denuncia por fraude por el ejercicio fiscal de 1999, los tribunales decidieron que este delito deb¨ªa ser investigado junto a los de tr¨¢fico de influencias y cohecho, por los que tambi¨¦n estaba imputado el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n. Por ello, la acusaci¨®n apunta que la "conexividad" hallada entre todos los delitos, es decir, la relaci¨®n de unos con otros, que se acumularon en una sola causa, fue otra decisi¨®n jur¨ªdica que, igualmente, debe ser considerada como paralizadora de los plazos de prescripci¨®n.

Posteriormente, en 2006, la misma Audiencia determin¨® la necesidad de investigar las cuentas y patrimonio de Fabra y de su familia y su "incidencia fiscal", as¨ª como la elaboraci¨®n de un informe pericial que concluyera si hubo un enriquecimiento il¨ªcito. Este auto, seg¨²n indica el recurso, tambi¨¦n tendr¨ªa efectos paralizadores.

La imputaci¨®n por la presunta comisi¨®n de cinco delitos fiscales surgi¨® de un informe pericial, realizado por inspectores de Hacienda, que detect¨® ingresos no justificados en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez, por valor de 3,6 millones de euros y un fraude a Hacienda de 1,7 millones de euros. Al trasladar las conclusiones de esta prueba, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® 15 a?os de c¨¢rcel para Fabra.

La Audiencia de Castell¨®n declar¨® prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales imputados al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, bas¨¢ndose, entre otras, en una sentencia que marca como requisito para el fraude fiscal su inicio a partir de una denuncia de la Agencia Tributaria. Sin embargo, "obviamente, no es ese el ¨²nico modo de perseguir los delitos contra la Hacienda P¨²blica", seg¨²n se?ala el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la acusaci¨®n popular del caso Fabra. El texto sostiene que no es la "Agencia Tributaria la ¨²nica que puede dar noticia acerca de un posible il¨ªcito tributario que d¨¦ lugar a una investigaci¨®n e imputaci¨®n penal". De hecho, apunta que esta metodolog¨ªa "es inoperante cuando el rastro indiciario nace en el seno de una procedimiento jurisdiccional en cuyo curso instructor se ordenan diligencias tendentes a la averiguaci¨®n del delito".

La Audiencia decidi¨® que, adem¨¢s de que los fraudes supuestamente cometidos por Fabra entre 2000 y 2003 no fueron denunciados por la Agencia Tributaria, el hecho de haber ordenado la investigaci¨®n de sus cuentas y patrimonio durante esos a?os no era suficiente. "Que la autorizaci¨®n de aquella prueba pericial acordada al albur de comprobar las concretas imputaciones ya existentes, signifique el acto de interposici¨®n que interrumpa la prescripci¨®n para cualquier hallazgo delictual de tipo tributario, no es en modo alguno posible ni aceptable", se?al¨® la Audiencia.

Paralizaci¨®n

Por el contrario, en el recurso, la acusaci¨®n popular indica, haciendo referencia a varias sentencias del propio Supremo, que la doctrina dicta que la paralizaci¨®n de los plazos de prescripci¨®n se da "en todas las diligencias indispensables que se encaminan a preparar la celebraci¨®n de las sesiones de la vista oral". Al igual que otro fallo que sostiene que "no solo tienen virtualidad interruptora de la prescripci¨®n las actuaciones practicadas con fines de investigaci¨®n sumarial sino tambi¨¦n las de admisi¨®n o rechazo de pruebas".

El auto de la Audiencia criticaba adem¨¢s el retraso en la realizaci¨®n del informe pericial, que tard¨® cinco a?os en concluirse, a lo que la acusaci¨®n popular responde que "no resulta razonable" dados los m¨²ltiples avatares con los que se encontraron los peritos para la recopilaci¨®n de los datos para realizar el informe, de los que la Audiencia "es perfectamente conocedora".