El Consell evita sancionar a las radios y televisiones afines al PP

La Generalitat ha acosado desde hace a?os, con multas que suman 750.000 euros y leyes confeccionadas con el prop¨®sito de aplicarlas, a Acci¨® Cultural del Pa¨ªs Valenci¨¤ (ACPV) para impedir que la se?al de TV3 recorriera libremente la Comunidad Valenciana. Un tema que seg¨²n ACPV solo compete vigilar y sancionar al Gobierno central. Este celo perseguidor contrasta con la dejadez que muestra el Consell con las numerosas televisiones y radios afines al PP que directamente operan ilegalmente o que incumplen el r¨¦gimen de la concesi¨®n otorgada para emitir.

Las faltas m¨¢s graves son interrumpir la se?al m¨¢s de 15 d¨ªas al a?o sin que el Consell les retire la licencia y emitir en cadena, cuando la ley obliga a dar una programaci¨®n individualizada en cada comarca. La norma tambi¨¦n obliga a fomentar el valenciano con el 25% de la programaci¨®n, a emitir un 20% de producciones del sector audiovisual valenciano y a contratar empleados valencianos.

Si antes de la llegada de las concesiones de televisi¨®n digital terrestre (TDT) operaban en la Comunidad Valenciana m¨¢s de 120 cadenas locales -la segunda autonom¨ªa en n¨²mero-, tras la regulaci¨®n del Consell la oferta se ha empobrecido: el mando a distancia solo deja seleccionar las televisiones p¨²blicas, las privadas tradicionales y, all¨ª donde deber¨ªa haber televisiones comarcales, hay muchas programaciones repetidas de cadenas nacionales. El panorama se completa con teles pirata que rellenan su parrilla con tarot y porno fuera de los horarios permitidos. Y sin que el Consell intervenga.

"La Generalitat no ha cerrado ni censurado a nadie", dijo el viernes Paula S¨¢nchez de Le¨®n, la portavoz del Consell, desvinculando as¨ª el cierre de las emisiones con las multas, para a?adir que TV3 no ten¨ªa licencia para emitir en territorio valenciano. En cuanto a tomar medidas contra las televisiones y radios que incumplen, dijo que est¨¢ "centrando todos los esfuerzos" en que las empresas que emiten ilegalmente "dejen de hacerlo".S¨¢nchez de Le¨®n a?adi¨®: "Estoy segura de que una vez est¨¦ ordenado el espectro radioel¨¦ctrico y todas las televisiones que est¨¢n emitiendo con la licencia perceptiva se acomoden definitivamente, poco a poco se ir¨¢ implementando el uso de la lengua valenciana por parte de los canales privados".

Seg¨²n la Ley del Sector Audiovisual, el Consell tiene competencias para vigilar las concesiones de TDT otorgadas en el concurso adjudicado en 2005. Un concurso que fue calificado por la oposici¨®n de "golpe de estado medi¨¢tico". El socialista Jos¨¦ Ignacio Pastor, vicepresidente del consejo de administraci¨®n de RTVV, explica que las TDT se concedieron "con alevos¨ªa" un 30 de diciembre y que el reparto atendi¨® a una estrategia dise?ada para lograr televisiones d¨®ciles con el PP.

As¨ª, la Generalitat otorg¨® dos televisiones de cobertura auton¨®mica, al grupo Vocento y a la Cope (propiedad de la Conferencia Episcopal), y otras 42 de cobertura comarcal. En este caso, de los 18 multiplex (grupos de cuatro canales) previstos para las 18 demarcaciones en que se dividi¨® la Comunidad Valenciana, se otorgaron las licencias de 14 de ellos. En total, 42 privadas (tres por zona, ya que la cuarta cadena era de car¨¢cter municipal). El reparto favoreci¨® en su mayor¨ªa a medios afines al PP o a empresarios amigos.

Vocento arranc¨® con una televisi¨®n propia, Las Provincias TV, luego ha emitido una se?al com¨²n del grupo Vocento, La 10, que el propio diario Las Provincias anunciaba en septiembre como "una cadena nacional" con "vocaci¨®n generalista", y cuando este grupo salt¨® a un multiplex nacional en octubre ha pasado a emitir en pruebas Metropolitan TV. En cuanto a la Cope, rebota Popular TV, com¨²n con otras televisones regionales y locales. Es decir, ninguna de las dos TDT auton¨®micas se puede calificar de valenciana.

Y lo mismo pasa con la inmensa mayor¨ªa de las 42 TDT comarcales concedidas. Las que no programan a nivel estatal, han acabado por claudicar. El caso m¨¢s curioso fue el de Mediamed, una empresa que se hizo con cadenas en 13 de las 14 demarcaciones. En todos los casos, concurs¨® con una participaci¨®n minoritaria en la empresa adjudicataria, por lo que su nombre pas¨® desapercibido bajo otras sociedades de cabecera. Pero pocos d¨ªas despu¨¦s del concurso Mediamed se hizo con la mayor¨ªa accionarial de todas.

Una persona cercana al proceso y que prefiere el anonimato explica que antes de la adjudicaci¨®n, desde el Consell, y por gesti¨®n directa del entonces consejero portavoz, Esteban Gonz¨¢lez Pons, se impuls¨® que empresarios valencianos afines al PP se hiciesen con el control de televisiones locales ya existentes. "La idea era tener un control pol¨ªtico de las concesiones", explica, "aunque al final ha quedado en nada, no las ve nadie".

Esta persona explica el proceso: "Se convenc¨ªa a las televisiones [anal¨®gicas] locales existentes de que vendiesen; por poco dinero, ya que si en una comarca hab¨ªa siete, s¨®lo tres podr¨ªan obtener finalmente licencia y se quedar¨ªan fuera las que no estuviesen en una plataforma", explica. Uno de los principales accionistas era el empresario castellanoleon¨¦s Jos¨¦ Luis Ulibarri, implicado en el caso G¨¹rtel que ha salpicado al PP valenciano. Las cadenas emitieron como Tele 7, y, tras saltar el esc¨¢ndalo de la trama corrupta, casi todas han dejado de programar.

La actitud del Consell es muy similar a la que mantiene con las radios ilegales. Seg¨²n un directivo de una legal, a trav¨¦s del espacio radioel¨¦ctrico valenciano operan m¨¢s de 200 emisoras ilegales. De hecho, la lista de espera para hacerse con una concesi¨®n es tan larga que el Consell no encuentra la manera de resolver el concurso con 31 licencias que sac¨® hace justo cuatro a?os, en febrero de 2007.

Uno de los casos m¨¢s claros es el de las emisoras de Jim¨¦nez Losantos: al menos 10 emiten sin licencia bajo la denominaci¨®n esRadio. Otro caso es el de la cat¨®lica Radio Mar¨ªa, con 13 puntos de emisi¨®n. No cuenta con licencias concedidas, pero en su web explica que emite a trav¨¦s de frecuencias concedidas o adquiridas que voluntariamente difunden total o parcialmente su programaci¨®n.

Y mientras, las radios legales sufren la competencia de los piratas sobre un recurso limitado, las ondas. Es, por ejemplo, el caso de R¨¤dio Klara, que emite legalmente en 104,4 FM pero sufre desde hace dos a?os las interferencias de una ilegal ubicada en Borriol. El expediente del Consell concluy¨® con el cierre de la emisora y una multa, pero no se ha ejecutado.