Madrid, balada triste de justicia

Hace unos d¨ªas Europa Press se hac¨ªa eco de unas declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que (a t¨ªtulo personal, aclaraba, pese a las responsabilidades que desempe?a) abogaba por devolver las competencias auton¨®micas de Justicia al Estado, ya que, a su entender, su ejercicio es "caro y complicado", "no tienen ning¨²n sentido" y han hecho que la justicia en Madrid se convierta en un "carajal".

Las distintas autonom¨ªas han rentabilizado la asunci¨®n de funciones sobre la justicia como v¨ªa para explicitar ante sus ciudadanos un modelo de gesti¨®n m¨¢s eficaz y pr¨®ximo a la sociedad o con un orden de prioridades adaptado a las necesidades del territorio. El modo en que se ejercen esas competencias dice mucho del lugar en que cada Comunidad sit¨²a valores claves para la convivencia social: el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva, el derecho a la justicia gratuita.

Madrid gestiona sus competencias judiciales con indolencia y desinter¨¦s sin parang¨®n

Hay que reivindicar una Consejer¨ªa de Justicia con peso pol¨ªtico, presupuesto y proyectos racionales

La Comunidad de Madrid ha elegido, desde que recibi¨® el traspaso de unas competencias que previamente reclam¨®, el lugar de la no pol¨ªtica, el no lugar de la justicia. Las declaraciones del consejero tienen esa cualidad que a¨²na rotundidad y coherencia: al Gobierno aut¨®nomo no le interesa c¨®mo funcionan los tribunales de su territorio ni c¨®mo ello afecta a la vida de sus ciudadanos. Ni siquiera esta crisis econ¨®mica, que judicializa conflictos inexistentes en ¨¦pocas de bonanza y en los que se ven inmersos todos los sectores desfavorecidos, los de siempre y los que ahora acceden a esta triste categor¨ªa, le ha movido a una reflexi¨®n sobre c¨®mo el mal funcionamiento de los juzgados empeora condiciones y calidades de vida ya de por s¨ª suficientemente da?adas.

La pr¨®xima convocatoria de elecciones auton¨®micas deber¨ªa permitir actualizar las propuestas electorales y tambi¨¦n las demandas que los ciudadanos plantean a sus dirigentes m¨¢s cercanos. El periodo preelectoral puede permitir que esa comunicaci¨®n bidireccional pol¨ªtica / ciudadan¨ªa se intensifique abriendo espacios de debate constructivo que permitan mejorar aspectos fundamentales para la convivencia. Por ello, antes de que se abra la caja de los truenos de la campa?a, nos parece imprescindible fijar algunas prioridades que deber¨ªan trascender de la pol¨ªtica de partido y convertirse en bandera de toda la Comunidad de Madrid.

Madrid, que se ha erigido como escaparate de Espa?a en el mundo, espejo en el que quieren reflejarse otras ciudades, referente cultural, motor de la econom¨ªa nacional, sin embargo gestiona sus competencias sobre la justicia con una indolencia y un desinter¨¦s que no tienen parang¨®n en otras Comunidades y que permiten al consejero equiparar un servicio p¨²blico esencial con un "carajal". La justicia es para esta Comunidad un tema menor que adem¨¢s ha servido de patio trasero para dirimir enfrentamientos dentro del partido gobernante en una intrincada puesta en escena medi¨¢tica de seguimientos y zancadillas incomprensibles para el com¨²n de la ciudadan¨ªa.

Ya es suficientemente llamativo que esta Comunidad de la capitalidad del Estado, de la supuesta vanguardia y del empuje econ¨®mico carezca de Consejer¨ªa de Justicia: las funciones sobre esta materia son como el primo peque?o e inc¨®modo de otra materia m¨¢s estelar. No importa que sean cientos los ¨®rganos judiciales que tienen aqu¨ª su sede, ni que en ellos se diriman los asuntos judiciales de mayor trascendencia: probablemente los juzgados de guardia de Madrid sean los que sufran en Espa?a una mayor tensi¨®n laboral, del mismo modo que en los juzgados civiles y mercantiles se sustancian litigios que comprometen cifras astro-n¨®micas de las principales empresas que cotizan en Bolsa y el futuro de varios millones de consumidores.

Madrid, una Comunidad de servicios e infraestructuras abierta al mundo, dispensa a sus juzgados y tribunales la m¨ªnima atenci¨®n. El hecho de que los juzgados abran sus puertas cada ma?ana y consigan prestar un servicio de una cierta (y en muchos casos estimable) calidad es un peque?o milagro solo posible gracias al esfuerzo y al voluntarismo de quienes trabajan en esta Administraci¨®n.

Las reivindicaciones no pueden, pues, plantearse en t¨¦rminos de pol¨ªticas conservadoras o progresistas, sino desde la perspectiva de las necesidades b¨¢sicas de una Comunidad Aut¨®noma que pretenda ser ejemplar. La justicia no es solo un problema de jueces y de funcionarios, sino ante todo una cuesti¨®n que afecta a cientos de miles de ciudadanos que requieren diariamente servicios adecuados. La tutela de sus derechos forma parte de los ejes b¨¢sicos de un Estado de derecho que sin una adecuada gesti¨®n termina por diluirlos si no pueden ser protegidos de modo eficaz ante los tribunales.

Sobran razones para reivindicar una Consejer¨ªa de Justicia con peso pol¨ªtico, recorrido presupuestario y proyectos racionales que solventen, en el corto y medio plazo, las deficiencias m¨¢s clamorosas.

Es urgente un plan de infraestructuras judiciales, un calendario con compromisos claros de creaci¨®n de sedes judiciales estables, bien comunicadas e interconectadas. El publicitado proyecto de ciudad judicial de Madrid ha quedado en v¨ªa muerta despu¨¦s de varios actos inaugurales; la situaci¨®n de crisis econ¨®mica obliga a un ejercicio de austeridad, pero ello no impide exigir una planificaci¨®n razonable que posibilite un horizonte cierto de cumplimiento del proyecto unido a un traslado gradual de servicios judiciales a las nuevas instalaciones a medida que se terminen. Madrid despilfarra cientos de miles de euros todos los meses en edificios judiciales dispersos e inadecuados por los que paga costosos alquileres y servicios duplicados. Esa dispersi¨®n incide no solo en los costes, sino tambi¨¦n en la calidad: todo es dif¨ªcil para los ciudadanos que deben acudir a ellos. La colaboraci¨®n entre el Gobierno aut¨®nomo, las autoridades judiciales y los colegios profesionales deber¨ªa facilitar la creaci¨®n de una sede virtual que permitiera transitar por los distintos ¨¢mbitos judiciales, presentar documentos, recabar informaci¨®n sobre los pleitos o concertar citas con los servicios de orientaci¨®n jur¨ªdica o con las cl¨ªnicas m¨¦dico forenses sin tener que deambular de un lugar a otro.

La selecci¨®n y ausencia de formaci¨®n de los funcionarios interinos responde a una absoluta falta de dise?o que propicia que asuntos judiciales de enorme complejidad sean gestionados por personas sin conocimientos ni experiencia que solo responden ante su propia capacidad de voluntarismo.

El turno de oficio es uno de los peores gestionados y los afectados no son solo quienes ejercen la abogac¨ªa y tardan meses en cobrar sus servicios: la calidad de la justicia gratuita se deval¨²a progresivamente en un camino con pocas posibilidades de retorno y plagado de amenazas de recortar derechos ciudadanos.

Las peculiaridades de esta Comunidad obligan a demostrar una especial sensibilidad para abordar los temas sociales que tienen incidencia en la justicia: mayor vulnerabilidad de la inmigraci¨®n, vivienda, derechos laborales, malos tratos, protecci¨®n de menores o tutela de los consumidores tienen en Madrid una caja de resonancia mayor que en otras Comunidades. De ah¨ª que sean imprescindibles planes estrat¨¦gicos que permitan coordinar los tribunales con servicios sociales y asistenciales.

Por todo ello, y porque somos testigos directos de las dosis de entusiasmo que d¨ªa a d¨ªa empe?an muchos profesionales, funcionarios, jueces, secretarios, fiscales, etc¨¦tera, que, pese a todo, logran que los tribunales funcionen, esperamos que entre todos los responsables pol¨ªticos creen un espacio serio, comprometido y cre¨ªble para la justicia en Madrid. Solo as¨ª ser¨¢ posible esa necesaria transformaci¨®n que permita a quienes intentamos realizar con honestidad la funci¨®n judicial dejar de entonar esa eterna balada triste por la justicia en Madrid.

Firman este art¨ªculo los siguientes jueces de Madrid: Raquel Bl¨¢zquez Mart¨ªn, Juzgado de Primera Instancia 84; I?aki Gonz¨¢lez Vega, Juzgado de lo Penal 20; Jos¨¦ F¨¦lix Mart¨ªn Corredera, Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo; Pascual Fabi¨¢ Mir, Audiencia Provincial, Secci¨®n 5?; Mercedes del Molino Romera, Audiencia Provincial, Secci¨®n 7?; Lourdes Men¨¦ndez Gonz¨¢lez-Palenzuela, Juzgado de Primera Instancia 39; Bego?a L¨®pez Anguita, Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Alcal¨¢ de Henares; Javier Mart¨ªnez Derqui, Juzgado de Violencia sobre la Mujer 7; Jos¨¦ Pablo Aramendi S¨¢nchez, Juzgado de lo Social 33.