Justiciero Arenas

La imputaci¨®n del exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez por los ERE irregulares no ha sido ninguna sorpresa. Lo mismo que no lo ser¨¢ si, llegado el caso, es tambi¨¦n imputado su antecesor en el cargo, Jos¨¦ Antonio Viera.

Un caso que est¨¢ demostrando algunas cosas. Una, que la titular del Juzgado de Instrucci¨®n numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, est¨¢ dispuesta a averiguar toda la verdad sobre las ayudas con dinero p¨²blico a empresas y trabajadores en crisis. Dos, que la Junta, por ¨®rdenes directas del presidente Jos¨¦ Gri?¨¢n, fue la primera en llevar el caso a la fiscal¨ªa y despu¨¦s aport¨® a la juez todas las irregularidades descubiertas en su investigaci¨®n interna.

Fruto de esas investigaciones, sabemos que hay 146 casos irregulares en los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) vigentes de un total de 5.563 trabajadores. De los irregulares, 59 son intrusos (el 1,1%), es decir, jam¨¢s trabajaron en las empresas por las que cobran pensi¨®n. Entre ellos, hay nueve militantes socialistas.

La Junta, que se ha personado en la causa, les reclamar¨¢ responsabilidades civiles y penales. Adem¨¢s, por v¨ªa administrativa les exigir¨¢ la devoluci¨®n de todo lo cobrado hasta ahora.

Los otros 87 casos se refieren a personas que, si bien no trabajaron en la empresa matriz, si lo hicieron en alguna empresa auxiliar o subsidiaria. La juez decidir¨¢ cu¨¢l es su responsabilidad penal.

Estos son los datos. La investigaci¨®n judicial est¨¢ en marcha y penar¨¢ a quienes hayan violado la ley. Sobra por tanto la querella ordenada por Arenas, tan amigo de judicializar la pol¨ªtica en su favor, contra unos altos cargos que ya est¨¢n siendo investigados por la juez Alaya.

Para los socialistas, el tema de los ERE ha sido un mazazo recibido en v¨ªsperas de una carrera electoral en la que, de entrada, salen como perdedores. Es indudable que ha habido falta de control en el manejo de los 647 millones de euros destinados a apoyar a empresas y trabajadores en crisis entre 2001 y 2010. En el 98,9% de los casos, las ayudas distribuidas son leg¨ªtimas.

Los exconsejeros Jos¨¦ Antonio Viera y Antonio Fern¨¢ndez ten¨ªan la obligaci¨®n de saber c¨®mo se gastaba ese dinero. Si el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, u otra persona, los enga?¨® y colaron intrusos en los ERE, como parece probable, es materia que deber¨¢ dilucidar la juez.

La reacci¨®n del Gobierno y de los socialistas, por lo dem¨¢s, ha sido ejemplar. Los nueve militantes implicados han sido expulsados del partido. Siguiendo ese ejemplo, Viera y Fern¨¢ndez deber¨ªan pedir la baja temporal. En su defecto, la direcci¨®n tendr¨ªa que suspenderlos provisionalmente.

Transparencia y contundencia son imprescindibles para recuperar el prestigio perdido. Eso es lo ¨¦ticamente exigible a un partido de izquierda en su lucha contra la corrupci¨®n, frente a la opacidad y el apoyo que presta la derecha a sus imputados.

La doble moral que practican Arenas y los suyos ha quedado una vez m¨¢s de manifiesto. Piden cabezas ajenas, mientras encumbran las propias. Aqu¨ª exigen la dimisi¨®n de Gri?¨¢n, Chaves y Zarr¨ªas. En Valencia, aplauden y ratifican como candidato a Francisco Camps, quien est¨¢ a punto de sentarse en el banquillo por cohecho (los trajes) y algo m¨¢s grave: la posible financiaci¨®n ilegal del partido, que lleva aparejada la pena de prisi¨®n.

Pero a Arenas todo eso le parecen minucias. Pura conspiraci¨®n orquestada por jueces, polic¨ªas, fiscales y periodistas rojos que hacen preguntas "sectarias", en palabras de Esperanza O?a, cuando se les pregunta por los ¨²ltimos casos de corrupci¨®n en que est¨¢n envueltos sus correligionarios: el presunto fraude electoral en Lanjar¨®n o el caso Piscinas de M¨¢laga.

?Qu¨¦ manera de entender la justicia!