Dos a?os de gesti¨®n en el aire

?Y ahora qu¨¦? En la Consejer¨ªa de Medio Ambiente de la Junta, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, hab¨ªa esta semana bastantes m¨¢s preguntas que respuestas. El Tribunal Constitucional ha anulado el art¨ªculo 51 del Estatuto de Autonom¨ªa, que permiti¨® la transferencia de las competencias sobre el Guadalquivir a su paso por la comunidad. Y se han abierto las inc¨®gnitas sobre el futuro de la gesti¨®n del r¨ªo, pero tambi¨¦n sobre el pasado.

Porque, ?qu¨¦ ocurre con las sanciones y las concesiones de aguas admitidas o rechazadas por la Junta desde que empez¨® a gestionar el Guadalquivir el 1 de enero de 2009? Los responsables de la Agencia Andaluza del Agua consideran que "no existe ning¨²n problema", que la sentencia del Constitucional no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, esta agencia tambi¨¦n se plantea la posibilidad de que el Gobierno central, al que las competencias sobre el Guadalquivir volver¨ªan tras la sentencia, busque ahora "mecanismos de convalidaci¨®n" de todos los actos realizados por la Junta en los dos ¨²ltimos a?os.

Entre las decisiones, destacan los ocho expedientes a Mina Las Cruces

La Junta espera una soluci¨®n pol¨ªtica tras la reuni¨®n entre Zapatero y Gri?¨¢n

Se trata de las decisiones tomadas sobre el dominio p¨²blico hidr¨¢ulico, que pas¨® a gestionar Andaluc¨ªa. Asuntos importantes como los expedientes abiertos desde 2009 por da?os a este dominio p¨²blico. Por ejemplo, las sanciones impuestas a la empresa Mina Las Cruces, por vertidos y extracciones del acu¨ªfero Niebla-Posadas. Los ocho expedientes abiertos a esta compa?¨ªa se encuentran paralizados debido a su incorporaci¨®n a la investigaci¨®n que est¨¢ llevando a cabo el Juzgado de Instrucci¨®n 19 de Sevilla.

Las mismas dudas planean sobre las concesiones de aguas a regantes que se han rechazado durante este tiempo. "No son muchas, porque los afectados saben antes de presentar la solicitud los criterios por los que se otorgan o se rechazan las concesiones", se?ala la Agencia Andaluza del Agua, "pero podr¨ªan apelar".

La abogada Carmen Guti¨¦rrez Labrador s¨ª considera que la sentencia del Constitucional tiene efectos sobre las sanciones y los rechazos de las concesiones. En su opini¨®n, tras el fallo, los actos "negativos" (como los expedientes sancionadores) de la agencia quedan anulados. Su despacho, especializado en temas de aguas, ya ha atendido una veintena de consultas de agricultores afectados.

Pero, sobre el futuro inmediato, tambi¨¦n hay inc¨®gnitas. "Mi obligaci¨®n es trabajar de la misma manera que hasta ahora. Hay cuatro millones de habitantes en la cuenca, m¨¢s de 400.000 hect¨¢reas de regad¨ªo, obras de abastecimiento, depuraci¨®n...", se?ala el consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo: "Y todo eso no va a parar hasta el d¨ªa que se tome la decisi¨®n que sea y actuaremos en consecuencia". Est¨¢ previsto que ma?ana lunes se re¨²nan los presidentes Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. De esa reuni¨®n tendr¨ªa que salir una soluci¨®n para la gesti¨®n futura del Guadalquivir. Seg¨²n D¨ªaz Trillo, la salida a este problema debe ser r¨¢pida para intentar evitar las "incertidumbres".

Los servicios jur¨ªdicos de la Junta se reunieron el viernes para analizar la sentencia del Constitucional y sus efectos. Seg¨²n fuentes de la Junta, la conclusi¨®n es que el fallo no tiene un efecto inmediato, luego la Junta sigue manteniendo las competencias transferidas. La previsi¨®n es que deje de tenerlas cuando haya un pronunciamiento sobre el real decreto del 17 de octubre de 2008 a trav¨¦s del que el Gobierno central cedi¨® estas competencias a la Junta.

Extremadura y Castilla-La Mancha recurrieron en 2009 este decreto ante el Tribunal Supremo al considerarlo inconstitucional. La Junta espera que haya un pronunciamiento en un plazo de dos meses. Y ese ser¨ªa el tiempo con el que se cuenta para buscar una salida a este complicado asunto.