La autoridad moral del PP

El PP ha dado un paso m¨¢s en su estrategia de exprimir hasta la extenuaci¨®n el caso de los intrusos en los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE). El pasado lunes, presentaba una querella contra 26 personas relacionadas con el asunto.

Los denunciados est¨¢n siendo investigados ya por la juez Mercedes Alaya desde hace m¨¢s de dos a?os. La querella del PP es irrelevante. Es m¨¢s, los que ocuparon cargos en la Junta ya est¨¢n imputados, como el exconsejero de Empleo, Antonio Fern¨¢ndez, o el exdirector general de Trabajo, y responsable de la distribuci¨®n de los fondos, Javier Guerrero.

Sorprende que el PP no hayan incluido en la querella a todos los intrusos. ?Temen que haya alg¨²n militante o simpatizante del PP? Tampoco incluyen la presunta financiaci¨®n ilegal del PSOE, acusaci¨®n que airearon la pasada semana con gran acompa?amiento de su trompeter¨ªa medi¨¢tica, ni al exconsejero Jos¨¦ Antonio Viera.

En la presentaci¨®n de la querella, el PP ha coincidido con el sospechoso seudosindicato derechista Manos Limpias.

El fin ¨²ltimo que persigue el PP no es tanto saber la verdad que, muy a su pesar, est¨¢ siendo revelada por la propia Junta y trasladada a la juez Alaya, sino amplificar el caso para presentarlo como lo que no es: el mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n de la edad contempor¨¢nea (es decir, desde la Revoluci¨®n Francesa a hoy, 222 a?os), seg¨²n Esteban Gonz¨¢lez Pons.

La investigaci¨®n abierta por el consejero de Empleo, Manuel Recio, conclu¨ªa que el dinero cobrado por los 59 intrusos asciende a nueve millones de euros. Representa el 1,39% de los 647 millones distribuidos en 10 a?os. Un dinero que ser¨¢ recuperado por la Junta.

Objetivamente, es un asunto grave. Pero, por ahora, dista mucho de ser el mayor caso de corrupci¨®n de la democracia espa?ola, como lo califican m¨¢s discretamente Mariano Rajoy y Javier Arenas.

Ni por el dinero defraudado, ni por el n¨²mero y la relevancia de los implicados, llega el tema de los ERE al nivel de la trama G¨¹rtel. Una comparaci¨®n que irrita profundamente a los populares y sus ac¨®litos medi¨¢ticos.

Por ahora, en el caso G¨¹rtel hay un centenar de personas imputadas o implicadas: el presidente de la comunidad de Valencia; varios consejeros de dos gobiernos aut¨®nomos (Madrid y Valencia); un presidente de Parlamento auton¨®mico (Castilla y Le¨®n); diputados nacionales y auton¨®micos; un senador; decenas de alcaldes y concejales y dirigentes populares de cuatro comunidades. Varios recib¨ªan comisiones o suculentos regalos de los cabecillas de la trama, quienes a su vez percib¨ªan generosas sumas de dinero de un nutrido grupo de empresarios a cambio de contratos ilegales con las administraciones p¨²blicas gobernadas por el PP.

Algunos ejemplos de ese trasiego de contratos y sobornos: el jefe de la trama, Francisco Correa, recibi¨® de diversos empresarios 14,1 millones de euros en dos a?os. La mitad los destin¨® a pagar sobornos a altos cargos del PP. El juez Antonio Pedreira tiene bloqueados 21 millones de Correa en Suiza y otros 30 en Estados Unidos y ha cursado rogatorias a una docena de pa¨ªses en busca de m¨¢s fondos e inmuebles de su propiedad.

Con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, los cabecillas de la trama inflaron el presupuesto de imagen y sonido hasta los 6,4 millones y se repartieron tres.

Solo en la Comunidad Valenciana, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, consigui¨® 85 contratos, por un valor de 7,2 millones, con la Administraci¨®n entre 2004 y 2009, la mayor parte adjudicados de forma irregular. El Bigotes regal¨® a su amiguito del alma, Camps, trajes, zapatos y chaquetas por valor de 14.021 euros.

Mientras que Arenas y sus colegas del PP exculpen y minimicen el caso G¨¹rtel, carecen de autoridad moral para pedir en Andaluc¨ªa responsabilidades pol¨ªticas por los ERE.