Un juez investiga si una red de banqueros, abogados y subasteros estaf¨® con hipotecas

Un juzgado de Blanes (Selva) investiga una trama presuntamente dedicada a cometer estafas hipotecarias mediante una sutil e imperceptible maniobra jur¨ªdico-financiera. Diez personas declarar¨¢n a partir de hoy ante el juez, en calidad de imputadas, por esos hechos. Entre ellas hay algunas vinculadas a dos entidades financieras (Caja Madrid y Banco Popular), adem¨¢s de abogados y un subastero.

El caso arranc¨® a ra¨ªz de una denuncia presentada por un ciudadano perjudicado, Joaquim Batlle, por una supuesta estafa relacionada con la hipoteca de una finca de lujo de Lloret de Mar. La investigaci¨®n de la Guardia Civil, sin embargo, ha ido engordando con el paso de los meses y engloba ahora varias transacciones cuya cuant¨ªa todav¨ªa est¨¢ por fijar, pero que podr¨ªa superar el mill¨®n de euros.

Los implicados en la trama obten¨ªan grandes beneficios econ¨®micos gracias, en primer lugar, a la informaci¨®n privilegiada de la que dispon¨ªa Pablo G. C. por su condici¨®n de jefe de recuperaciones de Caja Madrid en Catalu?a y encargado, por tanto, de las relaciones con los clientes morosos, seg¨²n los investigadores. El imputado ten¨ªa "acceso a todos los cr¨¦ditos hipotecarios", seg¨²n los informes de la Guardia Civil, y cuando detectaba que un cliente ten¨ªa impagos de su hipoteca, alertaba a dos abogados externos a la entidad: Luis O. G. y Eduardo C. C.A instancias del jefe de recuperaciones, los dos abogados imputados interpon¨ªan una demanda judicial para pedir la ejecuci¨®n de la hipoteca. En ese punto radicaba la presunta estafa ya que, de forma paralela a ese proceso, Pablo G. C. ced¨ªa el cr¨¦dito a sociedades cuyos propietarios son, precisamente, los abogados externos de Caja Madrid. El siguiente paso consist¨ªa en paralizar la subasta que, como consecuencia del juicio, ten¨ªa lugar. Para ello, Luis O. G. y Eduardo C. C. "utilizaban poderes de un solo uso que nunca aparecen en el registro mercantil", precisan los informes del instituto armado en los que se basa la investigaci¨®n judicial.

Esta estrategia permit¨ªa, seg¨²n fuentes del caso, que el juez no se percatara del cambio de situaci¨®n: desconoc¨ªa la doble condici¨®n de los abogados, que en vez de actuar en beneficio de Caja Madrid lo hac¨ªan en el propio. La maniobra no acababa ah¨ª: el cr¨¦dito era revendido, una vez m¨¢s, a otra sociedad. La empresa final es propiedad del subastero implicado en estos hechos, Josep Maria G. R., que pag¨® 30.000 euros a los abogados por la cesi¨®n de cr¨¦dito. El ¨²ltimo paso es claro: el inmueble se acaba vendiendo a terceras personas "con beneficios para todos los intermediarios", que act¨²an "en connivencia", precisan los investigadores. El mayor perjudicado es "el primer propietario de la vivienda".

Pablo G. C. fue jefe de recuperaciones durante 12 a?os, hasta octubre de 2009, seg¨²n declar¨® ¨¦l mismo ante los agentes. La entidad se ha negado a facilitar datos sobre su situaci¨®n laboral por encontrarse el caso en proceso judicial.

El caso que ha destapado la investigaci¨®n comenz¨® en 2005, cuando la empresa de Batlle firm¨® una hipoteca y un contrato de intenciones con una clienta de Caja Madrid que era titular de un pr¨¦stamo hipotecario. Por problemas econ¨®micos, no pudo hacer frente a las cuotas, por lo que fue objeto de una demanda de ejecuci¨®n. Se trata de una casa ubicada en la urbanizaci¨®n La Mogoda de Lloret, cuyo valor de tasaci¨®n es de 451.000 euros. La empresa se puso en contacto con Pablo G. C. para paralizar la subasta, pero el imputado dijo que no pod¨ªa hacer nada porque ya hab¨ªa cedido el cr¨¦dito a otra mercantil. La propietaria lo ignoraba todo, seg¨²n consta en la denuncia. El subastero reclam¨® 300.000 euros a la propietaria para cancelar deudas bajo la amenaza de subastar la finca. Tuvieron que pagar.

Adem¨¢s de los citados, el juez tomar¨¢ declaraci¨®n como imputados por un presunto delito de estafa a Miquel C. M., Joan B. C. (ambos apoderados del Banco Popular), Jos¨¦ Francisco M. F. (apoderado de Caja Madrid), Fidel L. F. (abogado)., Jorge F. E. (administrador de una de las empresas investigadas) y Marina K. En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los implicados negaron los hechos.