Correos reanuda de forma parcial el servicio postal a los juzgados

Las furgonetas de Correos volvieron ayer a entrar y salir de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde a media ma?ana se amontonaban cerca de 180 cajas repletas de notificaciones, citaciones y resoluciones judiciales fruto de dos d¨ªas sin servicio. El lunes, Correos suspendi¨® los portes en respuesta a los 33 millones de euros que le adeuda la Generalitat. El servicio postal se reanud¨® tambi¨¦n en Castell¨®n y Alicante, pero no en todas las sedes judiciales de la comunidad aut¨®noma, aunque el Consell afirm¨® que se restablecer¨ªa en el conjunto de los juzgados a lo largo del d¨ªa de hoy.

La vuelta a la normalidad, apuntaron fuentes sindicales, ten¨ªa car¨¢cter provisional: Correos acept¨® volver al trabajo despu¨¦s de que la Generalitat se comprometiera a aprobar la f¨®rmula de pago pactada con la empresa en el pleno del Consell de ma?ana. En un comunicado, el Gobierno valenciano consider¨® apropiado "subrayar el esfuerzo" que hab¨ªa realizado para hacer frente a sus deudas con Correos que, al parecer, se ha ido acumulando a lo largo de los ¨²ltimos cinco a?os.

La crisis llega cuando los tribunales deben decidir el futuro de Camps

Los impagos del Consell llevaron a la Administraci¨®n de justicia auton¨®mica al borde del colapso; a partir de cierto momento, el bloqueo del servicio postal hubiera obligado a suspender los juicios.

El momento cr¨ªtico para la justicia valenciana llegaba, adem¨¢s, en el momento en que esta se prepara, seg¨²n todos los indicios, para sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Y tambi¨¦n en el momento en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano debe decidir si, tras las resoluciones del TSJ de Madrid, ampl¨ªa las imputaciones contra las c¨²pulas del Gobierno y el PP valenciano a una amplia gama de nuevos y graves delitos: prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, delito electoral (nombre t¨¦cnico de la financiaci¨®n ilegal), cohecho, delito fiscal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, todos ellos relacionados con el caso G¨¹rtel.

A estas alturas de la marcha judicial del caso parece, de hecho, que la ¨²nica forma de que Camps, Ricardo Costa, V¨ªctor Campos y Rafael Betoret eviten sentarse en el banquillo por haber recibido supuestamente trajes y otros regalos de la trama corrupta por valor de miles de euros, sea porque esa acusaci¨®n se transforme en otra m¨¢s grave. En primer lugar, conforme a lo que dict¨® en 2009 el juez Antonio Pedreira y confirm¨® a finales de febrero la Sala Civil y Penal del TSJ madrile?o, que el cohecho pasivo impropio (aceptar regalos realizados con motivo del cargo) se convierta en cohecho a secas (aceptar d¨¢divas a cambio de actos justos o injustos, como las adjudicaciones que la Generalitat concedi¨® a las empresas de G¨¹rtel). Es decir, que todo apunta a que si el caso de los trajes es finalmente suspendido ser¨¢ porque la situaci¨®n judicial del presidente Camps se habr¨¢ complicado m¨¢s.