La juez que examina a la Junta

Todos los ojos est¨¢n puestos en ella. Detr¨¢s del mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n pol¨ªtica investigado ahora en Andaluc¨ªa figura una juez controvertida: Mercedes Alaya. Su investigaci¨®n en el caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos acapara el debate pol¨ªtico y ha puesto en jaque al Gobierno, que sufre la situaci¨®n m¨¢s comprometida en la ¨²ltima d¨¦cada.

La magistrada ha censurado al PSOE en sus escritos, ha denunciado a dos abogados y lleva meses bajo el foco medi¨¢tico por instrucciones tan pol¨¦micas como el caso Betis, que analiza la gesti¨®n de la Sociedad An¨®nima Deportiva (SAD) del club por parte de Manuel Ruiz de Lopera, o el veto del Ayuntamiento de Sevilla a un homenaje al escritor franquista Agust¨ªn de Fox¨¢. Pero toda investigaci¨®n queda ensombrecida por el caso de los ERE, que le hace protagonizar titulares a cinco columnas. Esta semana sus pesquisas han subido otro pelda?o m¨¢s al trascender que ha exigido a la Junta las actas de los Consejos de Gobierno (480) y de los consejos de direcci¨®n de cuatro consejer¨ªas (m¨¢s de 300) durante la ¨²ltima d¨¦cada, adem¨¢s de sus organigramas completos. De momento, ya posee 65.000 folios para examinar, pero la cifra aumentar¨¢ esta semana. ?Se trata de una causa general contra la Junta?

La magistrada tiene 65.000 folios para examinar, pero la cifra aumentar¨¢

Alaya busca aclarar la relaci¨®n de los intrusos con "alg¨²n partido pol¨ªtico"

Las respuestas son divergentes, pero es indudable que ning¨²n juez u organismo ha sometido a un examen tan exhaustivo la gesti¨®n del Gobierno auton¨®mico en pleno. El Ejecutivo est¨¢ atrapado: muchos altos cargos indignados sugieren poner freno a las peticiones "extralimitadas" de la juez. Sin embargo, el presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n defiende la estrategia de la transparencia total. La doctrina interna es no polemizar para evitar una supuesta colisi¨®n entre el poder ejecutivo y el judicial. Adem¨¢s, la Audiencia Provincial suele respaldar las decisiones de Alaya y la Junta tendr¨ªa las de perder.

Lo cierto es que la investigaci¨®n ha desarticulado una trama que defraud¨® al menos nueve millones y la polic¨ªa ya ha detenido a 15 miembros de esta red. La juez ha puesto al descubierto a un grupo de pol¨ªticos, empresarios, intermediarios y amigos de todos ellos que socavaron las arcas p¨²blicas. Y la dimensi¨®n del esc¨¢ndalo empeque?ece cualquier duda jur¨ªdica, de ah¨ª que la estrategia de la Junta sea entregarse en cuerpo y alma, y haya creado un equipo de 20 personas para atender sus solicitudes, despu¨¦s de que esta acusara al Ejecutivo de "falta de colaboraci¨®n".

"Ha pinchado en carne y ha dado con el jam¨®n de pata negra de una empresa p¨²blica. Pero alguien tendr¨ªa que hacer un dictamen para ver hasta qu¨¦ punto puede inmiscuirse una juez en el Ejecutivo. Ella considera a la Junta culpable, ha pedido indiscriminadamente las actas de los Consejos de Gobierno y ahora est¨¢ buscando pruebas de delito. Y eso es ilegal en Derecho", afirman fuentes del caso. Otras voces disienten: "Ella investiga el manejo del fondo para empresas en crisis. Pide informaci¨®n a la Junta y habr¨¢ cosas relevantes y no relevantes. Y lo que no sirva se devuelve y punto".

Al margen de la trama que malvers¨® el dinero p¨²blico, el caballo de batalla de Alaya son los tres informes consecutivos de la Intervenci¨®n General de la Junta, que desde 2005 alertaron de que el tr¨¢mite para dar estas subvenciones a los ERE prescind¨ªa del procedimiento legal. La pol¨¦mica afecta a Gri?¨¢n porque entonces era consejero de Econom¨ªa, de quien depend¨ªa la Intervenci¨®n. Los ataques del PP al presidente por los informes de la Intervenci¨®n han coincidido en el tiempo con las tesis de Alaya, pese a que estas figuraban en autos bajo secreto de sumario. Mientras, la juez busca aclarar la relaci¨®n de los intrusos "con la propia Junta, con alg¨²n partido pol¨ªtico, alg¨²n sindicato o con alg¨²n cargo p¨²blico".

"La ley ampara que el Gobierno establezca un procedimiento para conceder subvenciones excepcionales. Si las formas no est¨¢n del todo correctas, eso no es delito. El PP vende que todo el sistema es putrefacto y no es cierto. Para Alaya, cualquier irregularidad en el ¨¢mbito administrativo se convierte en delito", censura un letrado del caso. No faltan voces que alaban su dedicaci¨®n: "La veo muy precisa al razonar sus decisiones y no infiere respuestas", defiende una fiscal.

Su ¨²ltimo a?o ha sido convulso. El pasado oto?o super¨® una recusaci¨®n planteada en el caso Mercasevilla porque su marido fue auditor de la empresa p¨²blica durante siete a?os y ello afectaba a su debida imparcialidad, seg¨²n la fiscal¨ªa. Alaya siempre fue una mujer de car¨¢cter y lo demuestra con la prosa de sus autos. Tambi¨¦n en el cara a cara. La temperatura de sus interrogatorios ha sido en ocasiones muy alta. Adem¨¢s, ha denunciado ante el Colegio de Abogados de Sevilla a dos letrados por sus escritos. A uno de ellos le acus¨® de pretender "el ataque personal" contra ella. El enfrentamiento que mantuvo con el PSOE fue notorio en la dial¨¦ctica procesal del caso Mercasevilla y acus¨® a la defensa del partido de tener una actitud "lamentable" e "injusta". Ahora, su examen a la gesti¨®n de la Junta puede tener consecuencias imprevisibles.