Un tango sobre el 'caso G¨¹rtel'

"El juez deriva el supuesto encubrimiento de mi intervenci¨®n procesal", explica ?ngel Luna, con gesto de perplejidad, ante la perspectiva de sentarse en el baquillo por encubrir a quien le hizo llegar un informe del caso G¨¹rtel que esgrimi¨® durante un debate parlamentario, alguien cuya identidad ha declarado ignorar porque el documento le fue entregado de forma an¨®nima. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas contempla con una relativa sorpresa la rocambolesca instrucci¨®n de una querella del PP por revelaci¨®n de secreto -el documento estaba bajo secreto de sumario cuando lo exhibi¨® en el hemiciclo, aunque hab¨ªa sido publicado, entre otros, por EL PA?S- que le llevar¨¢ a juicio ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a principios de abril. Lo har¨¢ con la acusaci¨®n originaria sobrese¨ªda y sin m¨¢s elemento probatorio que la convicci¨®n del juez de que no ha dicho la verdad.

Juan Montero, nacido en Elche de la Sierra (Albacete), en 1942, es un juez de ideolog¨ªa muy conservadora y un reconocido especialista en Derecho Procesal, lo que le permite moverse por una instrucci¨®n tan retorcida con el paso atrevido de los bailarines de tango, g¨¦nero por el que profesa una gran devoci¨®n (autor del libro La Cumparsita. Vida y Derecho en el tango m¨¢s universal, Montero ser¨¢ nombrado, el pr¨®ximo 4 de abril en Buenos Aires, acad¨¦mico correspondiente de la Academia Nacional del Tango de Argentina).

Los cinco diputados populares que se querellaron contra Luna, encabezados por el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, Rafael Blasco, ya hab¨ªan abierto la puerta, como si tuvieran una premonici¨®n, al baile que ha experimentado la instrucci¨®n. As¨ª, en su querella, denunciaban a su adversario socialista por vulnerar el art¨ªculo 466 del C¨®digo Penal, relativo a la revelaci¨®n de secretos, "y por cualquier delito conexo o consecuente". Despu¨¦s precisaron m¨¢s e introdujeron en el caso el posible delito de encubrimiento del art¨ªculo 451 del C¨®digo Penal. Un delito que, como apunt¨® el fiscal, "no constaba entre los que en su d¨ªa dieron lugar a que el TSJCV se declarara competente" para instruir la causa.

Ni en lo que se refiere a la revelaci¨®n de secreto, ni en el supuesto encubrimiento, ha visto la fiscal¨ªa raz¨®n alguna para procesar al diputado socialista, que aleg¨® al principio la inviolabilidad de su condici¨®n pero no consigui¨® frenar la posibilidad de ser juzgado por hechos relativos a su actividad parlamentaria. Para el teniente fiscal del Tribunal Superior, Gonzalo L¨®pez Ebri, a quien el PP intent¨® recusar por haber coincidido en un restaurante con unos polic¨ªas que hab¨ªan testificado, "hasta este momento, no existe juzgado o tribunal alguno que est¨¦ tramitando cualquier procedimiento relativo al delito encubierto". Tambi¨¦n ha se?alado que "en relaci¨®n con el delito encubierto se ignora todo, desde su existencia hasta su autor¨ªa"; que "no ha quedado acreditada la forma" en que el diputado recibi¨® el informe, "ni que conociera qui¨¦n se lo remiti¨®", y que tampoco ha quedado acreditado que la intenci¨®n de Luna fuera otra que "la de utilizar el informe en el ¨¢mbito parlamentario".

El informe, en efecto, recog¨ªa la investigaci¨®n de la Brigada de Blanqueo de la Polic¨ªa sobre las millonarias comisiones ilegales conseguidas por la trama de corrupci¨®n del caso G¨¹rtel con las retransmisiones de la visita del Papa a Valencia en 2006 efectuadas por R¨¤dio Televisi¨® Valenciana. Es uno de los episodios m¨¢s escandalosos de un caso de corrupci¨®n pol¨ªtica a gran escala que afecta al PP, al propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a unos cuantos cargos p¨²blicos. Una investigaci¨®n judicial que, desde el principio, los populares trataron de contrarrestar. De hecho, su primera v¨ªctima fue el magistrado que la hab¨ªa abierto en la Audiencia Nacional, Baltasar Garz¨®n, hoy suspendido de sus funciones y pendiente, entre otras, de una imputaci¨®n en el Tribunal Supremo por las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la red G¨¹rtel y algunos de sus abogados.

Desde que los socialistas valencianos decidieron querellarse, en noviembre de 2009, contra Camps, seis altos cargos y cinco empresarios, por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP y las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama, el PP ha acentuado la presi¨®n sobre los l¨ªderes de la oposici¨®n. Luna -a quien Camps acus¨® en un pleno de querer verle muerto- ha sido la cabeza m¨¢s visible en la denuncia de la corrupci¨®n. Eso le ha deparado represalias parlamentarias y judiciales. Fue expulsado de un pleno, en una sesi¨®n en la que el vicepresidente del Consell Juan Cotino puso en duda que la portavoz de Comprom¨ªs, M¨°nica Oltra, conociera a su padre y que acab¨® con el abandono del hemiciclo por los tres grupos de la oposici¨®n; ha sido reprobado dos veces, mediante una curiosa f¨®rmula de castigo promovida por Rafael Blasco, en la que el grupo mayoritario hace de juez y parte utilizando la C¨¢mara como caja de resonancia, y finalmente acab¨® denunciado.

Primero porque, supuestamente, uno de los constructores denunciados en el caso G¨¹rtel, Enrique Ortiz, para el que trabaj¨® de abogado cuando hab¨ªa abandonado la pol¨ªtica, le habr¨ªa pagado unas obras en su casa. Y despu¨¦s, porque habr¨ªa cometido una revelaci¨®n de secreto. La primera querella se sald¨® con un fuerte varapalo a la acusaci¨®n del PP, y la segunda le llevar¨¢ al banquillo de forma un tanto imprevisible. A finales del pasado mes de septiembre, cuando m¨¢s acuciante era la presi¨®n del PP contra ¨¦l y el presidente de la Diputaci¨®n de Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, le ret¨® a tirar la primera piedra si estaba libre de pecado. Luna le tom¨® literalmente la palabra, lanz¨® un guijarro al suelo del hemiciclo y proclam¨®: "No me van a callar".

Como la diputada socialista Clara Tirado y la de Comprom¨ªs Mireia Moll¨¤, Luna ve planear otra querella sobre su cabeza. Blasco les acusa de injurias y calumnias tras haber denunciado a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n las irregularidades en las subvenciones de su consejer¨ªa. Otras diputadas de la oposici¨®n, como M¨°nica Oltra, de Comprom¨ªs, por los incidentes en una protesta en El Cabanyal, y Marina Albiol, de Esquerra Unida, por unas pegatinas que ped¨ªan prisi¨®n para Carlos Fabra, se han visto denunciadas ante el TSJCV a lo largo de una legislatura que concluye con el presidente de la Generalitat a punto de ser juzgado por cohecho, el portavoz de los socialistas enjuiciado por denunciarlo y la Mesa de las Cortes, que controla el PP, con cinco condenas del Tribunal Constitucional a las espaldas por vulnerar los derechos de los diputados al rechazar iniciativas en buena medida referidas al caso G¨¹rtel.