La juez y la parte

?Se ha pasado cuatro pueblos la juez Mercedes Alaya o cumple meticulosamente con su papel en la instrucci¨®n de los ERE?

?Debe la Junta remitir todo el material que solicite la juez o ejerce su derecho al proteger el car¨¢cter reservado y secreto de los acuerdos y las deliberaciones del Consejo de Gobierno?

Esos interrogantes amenazan con una tormenta judicial tras la petici¨®n a la Junta, por parte de la titular del juzgado de Instrucci¨®n numero 6 de Sevilla, de las actas de todos los Consejos de Gobierno celebrados en los ¨²ltimos 10 a?os. En total, 480. Adem¨¢s de las actas de los 300 consejos de direcci¨®n de cuatro consejer¨ªas.

El enfrentamiento entre la juez y la parte m¨¢s afectada, el Gobierno andaluz, estaba casi cantado despu¨¦s de que el d¨ªa 21 Alaya denunciara en un auto "falta de colaboraci¨®n de la Junta". Tambi¨¦n considera que la documentaci¨®n remitida a su juzgado hasta ese d¨ªa, m¨¢s de 25.000 folios, era a "todas luces incompleta e insuficiente".

En ese primer env¨ªo, la Junta informaba a la juez que en los 68 ERE vivos, es decir, los que a¨²n se est¨¢n pagando, se hab¨ªan encontrado 72 intrusos, personas que cobraban una pensi¨®n sin haber trabajado en la empresa afectada.

Hasta ese d¨ªa, la impresi¨®n generalizada era que el Ejecutivo de Jos¨¦ Gri?¨¢n estaba colaborando estrechamente con la juez. La Junta hab¨ªa denunciado el caso hace dos a?os y ahora entregaba los resultados de una investigaci¨®n interna se?alando las irregularidades detectadas.

Por ello, ese auto acus¨¢ndola de falta de colaboraci¨®n, sent¨® como un tiro. En el seno del Gobierno y del partido socialista hab¨ªa quienes mostraban su disconformidad con el modelo elegido: entregar a la juez m¨¢s documentaci¨®n incluso de la solicitada.

Pero Gri?¨¢n y los consejeros Mar Moreno (Presidencia) y Manuel Recio (Empleo) hab¨ªan optado, "desde el minuto uno", por la transparencia y la colaboraci¨®n. Es m¨¢s, se cre¨® una comisi¨®n de apoyo, integrada por veinte personas, para agilizar las peticiones la juez.

Para muchos, era una sabia decisi¨®n. Frente a la pol¨ªtica del PP de acusar a periodistas, polic¨ªas, fiscales y jueces cuando es investigado por corrupci¨®n, los socialistas abr¨ªan sus archivos, pon¨ªan a investigar a sus funcionarios, encontraban irregularidades y las trasladaban al juzgado.

La doctrina del Gobierno era: "Compartimos el mismo objetivo" con la juez y "ni comentamos ni cuestionamos sus decisiones". Aunque fueran tan injustas como acusarlo de falta de colaboraci¨®n.

Hasta que la juez Alaya pidi¨® nada menos que las 480 actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 a 2010. Es decir, la juez pretende revisar toda la labor del Ejecutivo durante una d¨¦cada. Lo que se parece mucho a una causa general.

La petici¨®n es in¨¦dita en Espa?a. Hasta ahora, ning¨²n juez hab¨ªa demandado a ning¨²n gobierno, nacional o auton¨®mico, todas las actas de sus reuniones en un periodo tan dilatado de tiempo.

El Gobierno, en su reuni¨®n del martes, decidi¨® rechazar y recurrir esa petici¨®n. Las razones dadas por Moreno es que van m¨¢s all¨¢ de lo razonable, es indiscriminada y no est¨¢ motivada jur¨ªdicamente. Adem¨¢s, el Gobierno violar¨ªa la ley que regula su propio funcionamiento, seg¨²n la cual los documentos presentados en Consejo son reservados y las deliberaciones, secretas.

La Junta ofrece a la juez las actas referidas a la materia investigada. Si no hay acuerdo, deber¨¢ resolver el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Es all¨ª donde se ventilan los desacuerdos entre distintos poderes del Estado.

?Hacia qu¨¦ lado se inclinara la balanza? Habr¨¢ que esperar. Pero, desde luego, queda claro que el Gobierno ha colaborado y que desea tanto como la juez llegar hasta el final. Caiga quien caiga.