La creaci¨®n de un monopolio "a favor de un grupo empresarial"

Han hecho falta 38 sesiones, 51 comparecencias e innumerables documentos para la redacci¨®n de las conclusiones parlamentarias del caso Marg¨¹ello. Buena parte de ellas se basan en los informes de los distintos ¨®rganos del Gobierno vasco, como la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, la Oficina de Control Econ¨®mico o el Tribunal de Cuentas, organismos a los que el exconsejero de Sanidad Gabriel Incl¨¢n y su equipo han lanzado duras cr¨ªticas.

A juicio de Incl¨¢n, hay "errores de bulto" que se han ido reproduciendo -alegan indefensi¨®n porque no se les ha permitido dar explicaciones- desde los primeros an¨¢lisis internos de la consejer¨ªa en 2009 hasta informes posteriores como el del Tribunal de Cuentas. Este ha sido el m¨¢s importante y el m¨¢s vapuleado por el PNV.

Las conclusiones apuntan a una participaci¨®n del exconsejero en las irregularidades en contratos de Sanidad con empresas ligadas a su amigo Jos¨¦ Carlos Marg¨¹ello, algo que ¨¦l siempre ha asegurado desconocer. Incl¨¢n ha negado la existencia de un monopolio, apreciaci¨®n que s¨ª recoge el documento de conclusiones: "Todas estas actuaciones irregulares han tenido como consecuencia la creaci¨®n de un monopolio a favor de un grupo empresarial en el que coinciden las mismas personas".

Innovaci¨®n sanitaria

Una de ellas fue la aprobaci¨®n en el Parlamento de un plan de choque contra las listas de espera. Bajo este argumento, Incl¨¢n externaliz¨® la gesti¨®n de las listas a Gesti¨®n de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a Marg¨¹ello, una decisi¨®n que ha sido criticada por gestores del PNV como I?aki Azkuna.

Al no tener infraestructura ni medios, la empresa firm¨® un contrato con la cl¨ªnica San Francisco Javier para atender a los pacientes vizca¨ªnos.

El documento recoge el testimonio de quien fuera gerente de la cl¨ªnica en aquella ¨¦poca, que asegur¨® que el entonces director de Sanidad en Vizcaya, Jos¨¦ Ram¨®n Elorriaga, medi¨® por la empresa para que lograra el contrato con la cl¨ªnica.

El propio Elorriaga dio la autorizaci¨®n para contratar a la empresa, una procedimiento que no sigui¨® los cauces habituales, por lo que fue anulado en 2010 y el caso ha llegado a los tribunales por un supuesto delito de prevaricaci¨®n. Su explicaci¨®n se centr¨® en que la empresa era una soluci¨®n "innovadora" y no necesitaba la autorizaci¨®n que, sin embargo, s¨ª firm¨®.