Anulado por arbitrario el precinto municipal a un bar de Gr¨¤cia

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la raz¨®n a la propietaria de un bar del distrito de Gr¨¤cia, de Barcelona, que batall¨® jur¨ªdicamente contra el Ayuntamiento cuando orden¨® el precinto de su negocio, el bar Store Caf¨¦, en la Travessera de Dalt. El Consistorio resolvi¨® el precinto del local, al que hab¨ªa otorgado la licencia en un primer momento, alegando que estaba a una distancia inferior a los 25 metros respecto a otro establecimiento del mismo tipo.

La propietaria, Maria Iciar Fern¨¢ndez, recurri¨® esa decisi¨®n por la v¨ªa de lo contencioso y por lo penal. Estaba convencida de que con esa decisi¨®n, el Ayuntamiento estaba cometiendo una prevaricaci¨®n que no ten¨ªa nada que ver con normas urban¨ªsticas, sino con su negativa a seguir siendo extorsionada. En concreto, la propietaria del local explicaba en la querella criminal que hab¨ªa logrado el permiso inicial para abrir el negocio despu¨¦s de pagar supuestamente 6.000 euros a dos militantes del PP -uno de ellos consejero de esa formaci¨®n en el distrito de Gr¨¤cia- para que le agilizaran la tramitaci¨®n de la licencia. Eso ocurri¨® en 2007. Siguiendo su relato, los problemas empezaron cuando se neg¨® a pagar m¨¢s dinero. En junio de 2008 recibi¨® la orden del precinto del local porque no cumpl¨ªa la distancia reglamentaria: el problema eran seis cent¨ªmetros.

Desproporcionado

El tribunal de lo contencioso que ahora ha anulado aquel precinto no entra en el fondo de la cuesti¨®n -si hubo corrupci¨®n porque eso es materia de otra jurisdicci¨®n- y se ci?e a la argumentaci¨®n urban¨ªstica de una y otra parte. Da la raz¨®n a la demandante y cuestiona el proceder administrativo. Sostiene que revocar una licencia ya concedida por un problema de distancia de seis cent¨ªmetros resulta "desproporcionado". Y destaca, adem¨¢s, que la normativa municipal de distancias entre negocios de restauraci¨®n se public¨® despu¨¦s de la concesi¨®n de la licencia de apertura al Store Caf¨¦, por lo que no se puede aplicar. "Las exigencias normativas deben ser las vigentes" ya que, de lo contrario, se genera indefensi¨®n, apunta el tribunal en el fallo.

La querella criminal tambi¨¦n fue dirigida contra la gerente del distrito y un t¨¦cnico, ya que todos ellos firmaron primero la licencia y despu¨¦s la orden de precinto. La acci¨®n penal fue admitida por un juzgado de lo penal de Barcelona.