La desigualdad social se dispara pese al ¨¦xito de la econom¨ªa peruana

"El Per¨² es un mendigo sentado en un banco de oro". La frase, que se ha atribuido al naturalista italiano del siglo XIX Antonio Raimondi cuando al parecer es un dicho popular de m¨¢s larga data, representa el sentimiento que ha dominado la campa?a de las presidenciales. La frustraci¨®n popular ante la enorme desigualdad en la distribuci¨®n de la riqueza ha sido el combustible que ha impulsado al nacionalista Ollanta Humala y la populista Keiko Fujimori en las encuestas. Y es que a pesar de que el pa¨ªs ha crecido en torno al 7% anual durante los ¨²ltimos cinco a?os, un r¨¦cord en Am¨¦rica Latina, a unos pocos kil¨®metros de Lima mucha gente carece de agua potable, come solo lo que cultiva y defeca en agujeros en la tierra.

Una mujer quechua deposita su voto en un colegio electoral en Cuzco.

Un reciente conflicto minero ha mostrado que la bonanza

"Si hasta el Banco Mundial nos ha dicho que debemos hacer reformas para que el crecimiento econ¨®mico tambi¨¦n beneficie a los m¨¢s pobres? Se da cuenta, el Banco Mundial dici¨¦ndonos que debemos tener pol¨ªtica social", dice el analista pol¨ªtico Sinesio L¨®pez, exprofesor de Humala y amigo del candidato, quien a pesar de apoyar al exmilitar, no oculta que le preocupa un poco su ramalazo autoritario. Hace apenas dos semanas, el Banco Mundial inst¨® al futuro Gobierno peruano a desarrollar pol¨ªticas p¨²blicas que trasladen la riqueza a los sectores menos favorecidos. Es por la falta de estas medidas que el presidente Alan Garc¨ªa deja el poder con la popularidad por los suelos pese al recorte de la pobreza.

Aunque el nivel de pobreza a escala nacional, el porcentaje de personas situadas bajo el umbral de la pobreza, ha bajado del 48,6% al 34,3% entre 2004 y 2009, las diferencias regionales son brutales. Mientras en las zonas urbanas la pobreza est¨¢ por debajo de la media, en las rurales supera con creces el ¨ªndice. Esta brecha se nota mucho en la educaci¨®n, donde el fracaso escolar del ni?o que va a la escuela en el campo est¨¢ pr¨¢cticamente garantizado. El caso de la salud es igualmente escandaloso: mientras en regiones andinas como Apur¨ªmac, Puno y Cuzco hay dos m¨¦dicos por cada 10.000 habitantes, en Lima hay 28. Todo esto explica por qu¨¦ Per¨² ocupa el puesto 13 de 17 pa¨ªses latinoamericanos en el ¨ªndice de la ONU que mide la igualdad de oportunidades.

El reciente conflicto minero en la localidad arequipe?a de Islay se col¨® en la campa?a para recordar a los dirigentes peruanos que no todo el mundo percibe la bonanza del sector estrella de la econom¨ªa. Tras 17 d¨ªas de protesta y tres muertos, el Gobierno cancel¨® una explotaci¨®n minera como exig¨ªan los agricultores de la zona, que tem¨ªan que la contaminaci¨®n medioambiental convirtiera sus tierras en un erial. Aunque los Gobiernos regionales y locales reciben un 50% de los impuestos que pagan las empresas mineras al Estado, la falta de proyectos de inversi¨®n o el despilfarro acent¨²an el rechazo de la poblaci¨®n en muchas zonas del pa¨ªs hacia la miner¨ªa.

La regi¨®n de Cuzco, por ejemplo, que recibe casi mil millones de d¨®lares al a?o en concesiones mineras, tiene un ¨ªndice de subdesarrollo apabullante. Para muchos expertos, antes de aumentar los impuestos a las empresas mineras —tema que se debati¨® en la campa?a—, hay que atajar el problema de la canalizaci¨®n de la renta. En Per¨² hay una enorme fragmentaci¨®n de competencias entre las diferentes autoridades —nacionales, regionales, locales— y un sistema de asignaci¨®n de los recursos sometido al chovinismo de los dirigentes pol¨ªticos. Y aunque ha habido varios intentos de integraci¨®n regional para aumentar la eficiencia administrativa y de los recursos, todos quedaron truncos.

Lima, a pesar de su riqueza, sirve como muestra de la dispersi¨®n pol¨ªtica: aparte de un alcalde mayor, cada uno de los 42 distritos de la capital tiene su propio alcalde, sus propios consejeros, presupuestos e impuestos, su sistema de recogida de basuras, y decide sus normas urban¨ªsticas. Todo eso en una ciudad de ocho millones de habitantes que incluye El Callao, que es otra provincia con sus propias normas.