La Xunta ahoga al Consello Social al impedir que se renueve el pleno
Los vocales que deben valorar proyectos de ley llevan tres a?os en funciones
Las crisis las carga el diablo, los informes del Consello Econ¨®mico y Social quiz¨¢ tambi¨¦n. El ¨®rgano consultivo, que entre otras muchas cosas emite dict¨¢menes sobre los anteproyectos de ley que redacta el Parlamento, funciona con respiraci¨®n asistida desde junio de 2008. En esa fecha deber¨ªa haberse renovado todo su pleno, presidente incluido. Pero, aquel verano, el Gobierno bipartito presidido por Emilio P¨¦rez Touri?o ten¨ªa varios frentes abiertos en medio de un espeso ambiente preelectoral. La industria del autom¨®vil amenazaba con despidos masivos, la construcci¨®n ca¨ªa en picado y, en resumen, el plus de resistencia de la econom¨ªa gallega sobre el resto de Espa?a se demostraba tan falso como una moneda de tres euros.
El des¨¢nimo interno se nota. Se han recortado un 37% los gastos
El presidente, Pablo Egerique, admite que "no es la situaci¨®n ideal"
Pasaron 10 meses sin que nadie moviese un dedo para renovar el pleno del CES, y el PP gan¨® las elecciones. Desde 2004, al frente del organismo est¨¢ Pablo Egerique, un hombre del PP nombrado en la ¨²ltima etapa de Fraga en un gesto que rompi¨® la tradici¨®n de consensuar la decisi¨®n con el resto de partidos. Porque Egerique, destacado miembro de la burgues¨ªa conservadora viguesa, fue presidente del PP en Vigo y delegado de la Zona Franca con todos los Gobiernos de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Lo que no parec¨ªa f¨¢cil es que contase con la simpat¨ªa del ala econ¨®mica del Ejecutivo de Touri?o, que contra todo pron¨®stico lo mantuvo en el cargo.
Despu¨¦s de dos mandatos muy largos, ratificar su permanencia o su relevo en el puesto depende de lo que decida Alberto N¨²?ez Feij¨®o. El titular de la Xunta lleva 24 meses pens¨¢ndoselo. No se explica de otra forma la par¨¢lisis que sufre la instituci¨®n, compuesta por 35 representantes de los sindicatos, la patronal, las universidades y un pu?ado de colectivos, como organizaciones de consumidores, cofrad¨ªas o sindicatos agrarios. El problema no est¨¢ solo en la presidencia. La interinidad se extiende a todos los miembros e incluso al secretario, puesto que ocupa en funciones un voluntarioso administrativo desde que se jubil¨® el titular, en enero de 2010. Gestiona los informes aunque la responsabilidad exceda con creces su categor¨ªa profesional.
"Estamos pendientes de que se publiquen los cambios", se?ala Egerique, que quiere enfriar cualquier duda sobre la marcha de la instituci¨®n. "No est¨¢ afectada, seguimos haciendo los dict¨¢menes y la memoria socioecon¨®mica con gran esfuerzo". Admite que desconoce la causa de que la Xunta tenga congelados los nombramientos y reconoce que ¨¦sta, ni es la situaci¨®n ideal, ni un plato de su gusto. Mas cr¨ªticos se muestran algunos vocales. "Se podr¨ªa pensar que se est¨¢ produciendo cierta prevaricaci¨®n por parte de la conseller¨ªa. Est¨¢n impidiendo el funcionamiento democr¨¢tico de este organismo de consenso", ataca desde la CIG Manuel Curr¨¢s Meira. Se refiere a los miembros que, por diversas razones, cursan baja en el Consello. No quedan reflejados en el Diario Oficial de Galicia y, por lo tanto, sus sustitutos no pueden firmar los dict¨¢menes, aunque s¨ª participar en los debates. Tampoco cobran dietas.
"El des¨¢nimo interno se nota, han rebajado un 37% los gastos para las comisiones. Nadie puede negar que hasta hace poco este organismo ten¨ªa un prestigio y un nivel reconocido en todo el pa¨ªs. Ahora se ve que no es prioritario, quiero pensar que el tema ha estado aparcado porque hay cosas m¨¢s urgentes, pero ya va siendo hora de que se renueve". Manuel Fontenla, de X¨®venes Agricultores, resume as¨ª la opini¨®n casi un¨¢nime de seis organizaciones consultadas por este peri¨®dico que designan miembros en el Consello.
Con Comisiones Obreras, por ejemplo, se da la paradoja de que de sus ocho representantes (cuatro titulares y cuatro suplentes), por distintos motivos solo quedan dos. "No podemos reemplazarlos. Lo hemos denunciado en distintos foros pero no hay respuesta", protesta Maica Bouza, responsable del gabinete econ¨®mico del sindicato.
Hartos de esperar, el pasado 20 de diciembre le dirigieron una carta (firmada junto a UGT y CIG), a la titular de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s. La conselleira no aplic¨® su habitual diligencia para atajar el asunto, simplemente se limit¨® a informarles que Feij¨®o es quien tiene la ¨²ltima palabra. Oficialmente, su departamento minimiza los problemas: "Que permanezcan en funciones no supone ning¨²n prejuicio ni para el desarrollo diario ni para los intereses de las instituciones representadas". Pero hasta la patronal reconoce que no puede contar con todos sus vocales. Eso s¨ª, frente a la sensaci¨®n generalizada de que hay algo m¨¢s que desidia, la Confederaci¨®n de Empresarios es la ¨²nica que no entra a valorar los motivos. "Esperamos que los cambios sean lo m¨¢s ¨¢giles posible", dicen. Van 34 meses.
Cuando las opiniones incomodan
A cualquier pol¨ªtico se le puede atragantar un dictamen del Consello Econ¨®mico e Social. Durante la etapa del Gobierno del bipartito en la Xunta, el organismo arroj¨® serias dudas legales sobre el decreto e¨®lico impulsado por el BNG por entender que no se pod¨ªa premiar a aquellas empresas que abriesen la puerta a la participaci¨®n p¨²blica. La oposici¨®n, entonces el PP, lo utiliz¨® como su principal argumento para tumbar el concurso cuando lleg¨® al poder.
En el mandato de Feij¨®o se han publicado informes pol¨¦micos sobre otras iniciativas legislativas. El ¨²ltimo, en febrero, fue un jarro de agua fr¨ªa a la futura ley de apoyo a la familia. El CES concluy¨® que, m¨¢s all¨¢ de su poca incidencia pr¨¢ctica, el proyecto est¨¢ te?ido de un car¨¢cter "regresivo y patriarcal", que recorta los derechos de la mujer impidi¨¦ndole decidir libremente sobre su maternidad. Casi nada. Sali¨® aprobado por 15 votos contra ocho (seis de ellos de la patronal, que apenas ha tenido bajas en el pleno).
A los vocales del organismo no se les escapa que una instituci¨®n debilitada tiene menos fuerza para se?alar los excesos que los partidos intenten colar en la legislaci¨®n auton¨®mica. "Lo est¨¢n dejando morir de inanici¨®n", apunta Comisiones, aunque enmarca la par¨¢lisis en la "pura desidia".
En el Sindicato Labrego y en la CIG ven veros¨ªmil que los casi tres a?os de provisionalidad tengan algo que ver con eliminar las opiniones m¨¢s molestas. "Aunque quiero pensar que no es as¨ª, que se reduce a un problema de desgana", remata Xos¨¦ P¨¦rez desde la organizaci¨®n agraria.
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