El fiscal alega que la juez Alaya invade competencias de la Junta

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cree que la juez Mercedes Alaya invade competencias de la Junta de Andaluc¨ªa cuando reclama las actas de todos los Consejos de Gobierno desde el a?o 2001 hasta la actualidad. En su respuesta al requerimiento de inhibici¨®n planteado por la Junta, que cree que la juez no puede acceder a las actas por ser reservadas, Anticorrupci¨®n advierte que Alaya se arroga facultades que no le corresponden al reclamar las 480 actas "en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".

La juez solicita las actas "sin establecer ninguna discriminaci¨®n", lo que, seg¨²n la fiscal¨ªa, abarca "tanto a las materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas) como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso), por cuanto los citados documentos que constituyen las actas lo son en su conjunto". Aunque Alaya precisara en un auto posterior que solo le interesaban para la investigaci¨®n los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con la partida presupuestaria de los ERE, la fiscal¨ªa advierte de que las actas constituyen "un todo inseparable".La juez Alaya solicit¨® las 480 actas porque no las considera "ni reservadas ni secretas". Solo cree secretas "las deliberaciones, opiniones y votos emitidos". El Gobierno, por su parte, sostiene que la informaci¨®n que exige la juez es reservada, motivo por el que plante¨® el conflicto de jurisdicci¨®n.

El fiscal, como la Junta, entiende que si para la investigaci¨®n judicial solo interesan los acuerdos sobre los ERE, "bastar¨ªa" con que el secretario del Consejo de Gobierno expediera certificaciones que acrediten el contenido de estos acuerdos, "sin que sean necesarias las actas en su totalidad para colmar las exigencias de la investigaci¨®n".

Como avanz¨® EL PA?S el pasado viernes, Anticorrupci¨®n esgrime en su escrito la Ley del Gobierno, que regula el contenido de las actas del Consejo y califica como documentos reservados todos los que se presenten ante ellos, incluidos los informes que se incorporen a las actas. Este es el caso de los realizados por la Intervenci¨®n sobre el procedimiento por el que se estaban dando las ayudas a las empresas. Estos informes "¨²nicamente pueden hacerse p¨²blicos", recuerda la fiscal¨ªa, "cuando as¨ª lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa".

Anticorrupci¨®n cree, adem¨¢s, que los documentos solicitados por la juez Alaya no solo pueden contener informaci¨®n "reservada", sino tambi¨¦n "y de modo previsible", materias "secretas" que "no pueden ser objeto de revelaci¨®n".

El fiscal, adem¨¢s, subraya que la entrega de todas las actas completas de los ¨²ltimos 10 a?os excede el principio de la proporcionalidad. "Si bien es prevalente en este punto el inter¨¦s general de la investigaci¨®n penal al que responde la actuaci¨®n judicial, tambi¨¦n debe ser merecedora de cuidada reserva la protecci¨®n de los intereses generales y p¨²blicos que ostenta un ¨®rgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa".

La posici¨®n de la Junta y la Fiscal¨ªa es la opuesta a la del PP, que ejerce la acusaci¨®n particular. Los populares entienden que el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por el Gobierno es "una falaz argucia" para demorar la entrega de las actas por parte del Consejo de Gobierno. Seg¨²n el PP, lo ¨²nico secreto son las "deliberaciones, opiniones o votos emitidos" y no los acuerdos pedidos por la juez.

Paralelamente al conflicto de jurisdicci¨®n, la Junta ha presentado un recurso para que lo resuelva la Audiencia de Sevilla en el que acusa a la juez de infringir la ley en los sucesivos autos en los que ha exigido las actas del Gobierno.