Rectificaci¨®n judicial

La Audiencia Nacional ha revocado la libertad concedida la semana pasada al etarra Antonio Troiti?o y ordenado su b¨²squeda y captura para que cumpla los seis a?os de prisi¨®n que, seg¨²n esa rectificaci¨®n, le restar¨ªan para cumplir su condena. El expreso no hab¨ªa sido detenido a ¨²ltima hora de ayer. Las fuerzas de seguridad intentaban dar con su rastro en Francia. La rectificaci¨®n, tras el recurso presentado por la fiscal¨ªa, fue formalizada por el mismo tribunal que hab¨ªa cometido el error de liberar antes de tiempo a Troiti?o. Para ello, se atuvo al criterio aplicado por el Tribunal Supremo en un caso similar, cuyo contenido se ha conocido esta semana. B¨¢sicamente que, cuando la condena es por varios delitos, el tiempo de prisi¨®n provisional debe restarse sucesivamente de cada una de las penas incluidas en la condena y no del m¨¢ximo de 30 a?os de cumplimiento establecido por el C¨®digo vigente en el momento en que se produjeron los delitos (entre ellos, 22 asesinatos en el caso de Troiti?o).

Aunque el asunto tiene cierta complejidad, en parte motivada por alguna resoluci¨®n confusa del Tribunal Constitucional, exist¨ªa jurisprudencia suficiente sobre la llamada doctrina Parot como para que el tribunal hubiera evitado la excarcelaci¨®n de Troiti?o. Esa doctrina puso fin a la anormalidad de que los beneficios penitenciarios y otras medidas de reducci¨®n de la pena se aplicasen sobre el periodo m¨¢ximo de cumplimiento y no sobre la condena real.

Fue por tanto un error grave de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia. Extender la responsabilidad a las fuerzas de seguridad por no haber ordenado vigilar al expreso desde su puesta en libertad es m¨¢s que discutible. Es defendible en cambio el criterio de que pudo establecerse alg¨²n mecanismo de control desde el momento en que el fiscal anunci¨® recurso y se supo que no se resolver¨ªa antes del d¨ªa 25 (otro error rectificado).

Lo que carece de sentido es el alarmismo con que ha sido tratado el hecho por sectores que llevan a?os diciendo que el Gobierno ha renunciado al objetivo de derrotar a ETA. Quienes ven en cualquier signo la prueba de sus obsesiones han vinculado la liberaci¨®n de Troiti?o con supuestas negociaciones con la banda, invocando el precedente de I?aki de Juana; y han insinuado que los etarras disfrutan de impunidad: "Cada crimen le sale por 13 meses de c¨¢rcel"; pero el cumplimiento m¨¢ximo previsto por la ley supondr¨ªa 16 meses por cada asesinato, lo que resultar¨ªa igual de llamativo.

Derrotar a ETA es que haya en la c¨¢rcel 730 etarras presos, y menos de 100 en libertad; y que la pol¨ªtica de deslegitimaci¨®n de la violencia aplicada por el Gobierno de Patxi L¨®pez con el apoyo del PP vasco haya empujado al entorno de ETA a una gradual desconexi¨®n de la banda. En ese contexto es doblemente irresponsable sembrar sospechas que comprometan la unidad democr¨¢tica necesaria para culminar el fin del terrorismo.