Vigo y A Coru?a incumplen la ley al no privatizar sus empresas de estiba

Se acabaron las empresas p¨²blicas que facilitan personal en los puertos para las estibas. Lo dice la Ley 33/2010 de Puertos, que entr¨® en vigor el verano pasado. Aunque algunas autoridades portuarias no se han dado por enteradas y mantienen intacto el servicio a trav¨¦s de firmas de capital mayoritariamente p¨²blico.

A Coru?a y Vigo son las dos ¨²nicas en Galicia -en Espa?a hay otras cinco-, que todav¨ªa no han hecho los deberes, pese a que ten¨ªan hasta febrero para completar los cambios. La instituci¨®n que preside Corina Porro es accionista al 51% de una empresa donde participan L¨ªneas Mar¨ªtimas Espa?olas, Estibadora Gallega, Termavi, Berg¨¦ y Terminales Mar¨ªtimas del Atl¨¢ntico. Porro ten¨ªa seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, para adaptarla y sustituirla por una sociedad an¨®nima mercantil privada. Funcionar¨¢ de forma similar: garantizando el personal necesario para que sus accionistas puedan ofrecer el servicio de manipulaci¨®n de mercanc¨ªas, pero con un consejo de administraci¨®n en donde el puerto solo estar¨¢ presente a trav¨¦s de un consejero independiente. La Sociedad Estatal de Estiba del Puerto de Vigo tiene ahora 136 capataces, estibadores, oficiales y apuntadores que habitualmente manipulan coches, granito, pesca congelada, madera o grandes piezas para la industria.

En A Coru?a ocurre otro tanto. En este caso los socios del capital p¨²blico son Galigrain, Terminales Mar¨ªtimos de Galicia y P¨¦rez Torres Mar¨ªtima. La Autoridad Portuaria que preside Enrique Losada deber¨ªa haber concluido los tr¨¢mites para diluir la parte p¨²blica en la firma. No lo har¨¢, por lo menos, hasta finales de mayo, cuando celebre su pr¨®xima junta de accionistas que ha previsto iniciar el tr¨¢mite. La sociedad p¨²blica perdi¨®, seg¨²n las cuentas publicadas en el Registro Mercantil, 3.700 euros en 2009.

En otros puertos espa?oles se ha creado una gran pol¨¦mica alrededor de este cambio. Ocurre que algunas empresas participadas por Autoridades Portuarias tienen un patrimonio neto negativo. La ley establece que, antes de la transformaci¨®n, los socios deben inyectar el dinero necesario para sanear la empresa. Como los ¨²nicos ingresos de explotaci¨®n que tienen sirven para pagar a la plantilla, en el puerto de Huelva optaron por bajarle el sueldo a los estibadores para eliminar las deudas. El problema surgi¨® cuando, tras equilibrar las cuentas, los salarios no volvieron a su estado anterior.

En Avil¨¦s, por ejemplo, la empresa que tiene que ser diluida presenta un pasivo superior a lcuatro millones de euros, y los accionistas se niegan a hacer frente al agujero que en el pasado sirvi¨® para pagar despidos.En otros casos, como en el de Gij¨®n, los estibadores se han puesto en pie de guerra por incumplimientos del convenio colectivo por parte de las empresas p¨²blicas, en este caso en relaci¨®n con las tareas de carga de coches para dar servicio a la autopista del mar.

Puertos del Estado, organismo dependiente de Fomento que supervisa las terminales espa?olas, ha instado en varias ocasiones a cumplir la ley. Considera que as¨ª se unifica y clarifica el servicio, al tiempo que permite a los operadores privados ejercer la gesti¨®n.