El Tribunal Superior declara ilegales 168 pisos junto al mar en Fisterra

Corr¨ªan los a?os de la especulaci¨®n y el dinero r¨¢pido siempre asociados al ladrillo. Los tipos de inter¨¦s bancarios rondaban el 2% mientras las viviendas se encarec¨ªan un 17% anual. En semejante contexto, las promotoras inmobiliarias sal¨ªan de debajo de las piedras y los alcaldes aprovechaban las tasas de las licencias de construcci¨®n para hacer caja en ayuntamientos ¨¢vidos de ingresos. Tambi¨¦n en la Costa da Morte, donde la publicidad del paisaje ya la hab¨ªan hecho radio, prensa y televisi¨®n a prop¨®sito del Prestige. A los mismos pueblos que sufrieron el chapapote en 2002 lleg¨® el hormig¨®n durante los a?os siguientes.

Fisterra es un buen ejemplo de aquel esplendor inmobiliario. All¨ª la construcci¨®n aument¨® un 444% entre 2004 y 2007 y el propio alcalde, Jos¨¦ Manuel Traba, del PP, admit¨ªa entonces que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Tambi¨¦n reconoc¨ªa en aquel tiempo el regidor que las vetustas normas subsidiarias -anteriores a 1997 en que se modific¨® la Lei do Solo- "no estaban preparadas para un crecimiento tan espectacular". Pese a ello, Traba y su equipo de Gobierno siguieron dando licencias para construir y cuando los inspectores urban¨ªsticos de la Xunta les ordenaron revisar de oficio permisos para edificar 400 viviendas junto a las playas de Sardi?eiro y Langosteira, el regidor aleg¨® que los t¨¦cnicos aut¨®nomicos hab¨ªan "realizado mal las mediciones". No solo no anul¨® los permisos, sino que permiti¨® a un pu?ado de constructoras seguir con los pisos que pretend¨ªan vender a veraneantes for¨¢neos. As¨ª que el bipartito opt¨® por impugnarlas en los tribunales en 2006 durante el m¨¢ximo apogeo de la burbuja inmobiliaria.

Los fallos son firmes y dan la raz¨®n al bipartito en sus impugnaciones

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anular las primeras licencias que permitieron construir seis edificios y 168 pisos en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de Fisterra, sobre suelos urbanos no consolidados que carec¨ªan de los servicios m¨¢s b¨¢sicos. Las seis sentencias del Tribunal Superior -contra las que ya no caben recursos- ratifican fallos anteriores de diferentes juzgados de lo Contencioso Administrativo que ya hab¨ªan anulado esa media docena de licencias. Los fallos afectan a las promotoras L-Tres Inversiones (18 pisos), Poalsa Inmobiliaria, SL (18), Campoalsa (44), e Inversiones Plaza Garden (88). Y citan un argumento jur¨ªdico que sirve para todos los casos: el Gobierno de Fisterra debi¨® considerar las fincas -donde despu¨¦s se edific¨®- como suelo urbano no consolidado puesto que en el momento de concederse las licencias carec¨ªan de infraestructuras b¨¢sicas como el saneamiento. Esa es seg¨²n la doctrina del Tribunal Supremo la diferencia entre el suelo urbano consolidado -"el que puede adquirir la condici¨®n de solar a trav¨¦s de obras de peque?a entidad" y donde se permite construir- y el que no lo es, vetado a las excavadoras.

Los jueces firmantes de las seis sentencias repiten una y otra vez que de nada sirve que con posterioridad a la aprobaci¨®n de los permisos para construir, el Gobierno local proyectase una estaci¨®n depuradora de aguas residuales. Seg¨²n reza en los fallos, esa circunstancia "es irrelevante a efectos de enjuiciar la conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobaci¨®n no tuvo lugar, seg¨²n reconoce la parte apelante, hasta el a?o 2006, y por lo tanto con posterioridad a la concesi¨®n de la licencia". Por lo tanto, los edificios son ilegales y ahora corresponde a la Xunta, la que inici¨® el proceso con la interposici¨®n de los recursos en los juzgados de lo contencioso-administrativo, pedir la ejecuci¨®n de la sentencia que abocar¨ªa al derribo de esas seis construcciones donde los pisos ya est¨¢n vendidos. La competencia recae en el conselleiro de Medio Ambiente, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, que ante un caso similar en Barreiros opt¨® por firmar un convenio con el municipio y las promotoras para legalizar las viviendas y dotar de servicios a construcciones que carec¨ªan de ellos.