La Xunta avala en Fisterra viviendas ilegales de promotoras vinculadas al PP

Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los a?os posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje id¨ªlico que los medios de comunicaci¨®n hab¨ªan expuesto al mundo. Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcald¨ªas un despegue urban¨ªstico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes for¨¢neos.

Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, m¨¢ximo exponente de la fiebre urban¨ªstica en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% despu¨¦s de 2002. Cuatro de las urbanizaciones ilegalizadas que deber¨ªan ser derribadas si la Xunta solicitase la ejecuci¨®n de la sentencia y prosiguiese el pleito iniciado por el bipartito -algo que seg¨²n anunci¨® ayer el Gobierno gallego no va a hacer- pertenecen a sociedades participadas por sobrinos del entonces regidor de Mux¨ªa y ahora portavoz municipal y candidato popular, Alberto Blanco, como Miguel Pose y Manuel Mui?o Pose. De esa empresa era socio tambi¨¦n cuando se levantaron los edificios, Daniel Dom¨ªnguez, hijo del por entonces alcalde de Cee, Antonio Dom¨ªnguez.

Cuatro promociones ilegalizadas son de la misma red de inmobiliarias

Los tribunales a¨²n deben pronunciarse sobre otros 200 pisos en el municipio

Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, Jos¨¦ Manuel Traba, permiti¨® levantar 168 pisos, carec¨ªan de servicios b¨¢sicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, deb¨ªan haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las gr¨²as.

En lugar de seguir esa instrucci¨®n, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y despu¨¦s hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudi¨® a los tribunales y los jueces le han dado la raz¨®n, cinco a?os despu¨¦s. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Mux¨ªa y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que sali¨® de fusionar la constructora de Ram¨®n Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Mux¨ªa y en la que tambi¨¦n ten¨ªa participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta ¨²ltima firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.

Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todav¨ªa deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autoriz¨® en ese mismo emplazamiento y que tambi¨¦n fueron impugnados por la Xunta de Emilio P¨¦rez Touri?o. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.

El crecimiento desaforado del ladrillo llev¨® al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificaci¨®n de la ley del suelo- se hab¨ªan quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto segu¨ªa dando permisos para edificar. Cuando recibi¨® la notificaci¨®n de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hac¨ªa, acabar¨ªan en los tribunales, el regidor despej¨® el problema con el argumento de que los t¨¦cnicos del Gobierno gallego hab¨ªan realizado mal las mediciones.

Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nord¨¦s de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvi¨® que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.