Pague como obra nueva una ¨®pera con 300 a?os

Un tal Vicente Mart¨ªn y Soler le quitaba foco a Mozart en los teatros del siglo XVIII. De Viena a Venecia arrasaba su ¨®pera bufa El ¨¢rbol de Diana. Si hoy se quiere representar esa ¨®pera con 230 a?os de antig¨¹edad hay que pagar derechos de propiedad. Esto es muy frecuente en el mundo de la ¨®pera, donde los propietarios de las partituras originales de hace siglos han ido modific¨¢ndolas para as¨ª renovar los 80 a?os de protecci¨®n y seguir recibiendo suculentos ingresos.

La mayor¨ªa de las ¨®peras siguen sin ser de dominio p¨²blico. Es uno de los casos de abuso de la propiedad intelectual. Y lo del "abuso" lo dice la propia Comisi¨®n Nacional de la Competencia (CNC), que desde hace m¨¢s de un a?o reclama otra ley.

Por el mismo libreto, la tarifa en Espa?a es del 14% y en Londres del 9%

La televisi¨®n de Asturias se niega a pagar por lo que ni usa ni difunde

Basta cambiar una nota para que una partitura no pase a dominio p¨²blico

"El conservatorio de Ontinyent no puede tocar zarzuela. Sale caro", dice Caisedo

"No existe control sobre las tarifas que fijan las entidades", recuerda la Comisi¨®n Nacional de la Competencia. "Acabaremos interpretando solo a Vivaldi", pronostica Felipe Caisedo, del valenciano Palau de les Arts. "Queremos poder elegir entre la partitura p¨²blica y la revisada", implora Juan Carlos Matellanes, de Opera XXI, la asociaci¨®n de los teatros y festivales espa?oles de ¨®pera.

Los derechos de El ¨¢rbol de Diana no van a los herederos de Mart¨ªn y Soler sino a las sociedades de gesti¨®n y el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), creado para "la recuperaci¨®n del patrimonio y la difusi¨®n de la m¨²sica espa?ola e hispanoamericana". O sea que recupera m¨²sica tan olvidada como la de Mart¨ªn y Soler y luego pasa la bandeja por la revisi¨®n. El portavoz de las SGAE, Antonio Rojas, defiende el cobro: "El ICCMU recupera manuscritos, material original que ser¨ªa imposible de representar hoy en d¨ªa. Y se considera legalmente obra nueva".

"El sistema jur¨ªdico actual es ineficaz porque se incumple sistem¨¢ticamente con abusos por los dos extremos: por parte del consumidor y por parte de las agencias de los autores", argumenta Joaqu¨ªm Badia, abogado del Liceo de Barcelona. "Exgae [plataforma que plantea otra manera de gestionar los derechos de autor] y editores musicales son dos extremos de un sistema roto".

?C¨®mo es posible que por representar La Cenerentola o cualquier otra ¨®pera de Rossini, fallecido en 1868, un teatro pague 240.000 euros? Rojas, de la SGAE, se explica: "Esta es una queja recurrente, pero es el mismo caso que una adaptaci¨®n de Shakespeare. Y se cobra por un porcentaje de taquilla".

"Las casas editoriales, para mantener vivos los derechos de propiedad intelectual de sus partituras y evitar que pasen a dominio p¨²blico, crean nuevas ediciones sobre las que nacen nuevos derechos, obligando a los teatros a seguir pagando". As¨ª lo explicaba Abril Abogados en un informe encargado por Opera XXI.

La ley no exige un m¨ªnimo de revisi¨®n para implorar el derecho de autor, basta cambiar una coma. Aunque en algunos casos la revisi¨®n es necesaria, en la mayor¨ªa es simplemente una triqui?uela legal para seguir exprimiendo la ley espa?ola de propiedad intelectual.

Los juristas puntualizan que la ley es para proteger al creador, no al que simplemente limpia, adapta o quita un instrumento. Y si finalmente hay que pagar por una adaptaci¨®n necesaria, se?ala Abril Abogados, no tiene sentido igualar el derecho del revisor al del autor.

La maniobra del monopolio no acaba aqu¨ª. Las partituras y libretos de las ¨®peras populares est¨¢n en poder de editoriales europeas. En Espa?a la tarifa ronda el 14%, de la taquilla cuando la misma partitura en Londres puede ser del 9%. Pero un teatro espa?ol no puede ir a negociar a Londres, sino que ha de ir al representante en Espa?a. Al ser el vendedor ¨²nico rige el sagrado principio de lo tomas o lo dejas.

La mitad del mercado espa?ol de contrataci¨®n de zarzuela y ¨®pera lo tiene la editora Monge y Boceta. Su portavoz Inmaculada Monge rechaza la carest¨ªa de sus precios. "A veces la tarifa en Espa?a es m¨¢s cara y a veces no, pero no depende de nosotros. Nosotros representamos a los editores y son ellos quienes ponen la cifra".

En enero de 2010 la Comisi¨®n Nacional de la Competencia desglos¨® el desbarajuste de la actual ley de propiedad intelectual. "El proceso de negociaci¨®n no garantiza que las tarifas sean razonables y equitativas, puesto que el marco legal permite que, ante una falta de acuerdo, se apliquen las tarifas fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopol¨ªstica".

"Pedimos m¨¢s transparencia", dice Juan Carlos Matellanes presidente de Opera XXI, aunque su reivindicaci¨®n b¨¢sica es una: "Que los teatros tengamos la opci¨®n de elegir entre la partitura original, de dominio p¨²blico, o la revisada".

Su prudencia reivindicativa se repite en otros testimonios, algunos incluso se niegan a hablar, como el Teatro Real de Madrid. En primera instancia, al exponer el problema, el servicio de prensa, lo saluda con un esperanzador "Ya era hora que alguien se atreviera a hablar de eso". Dos d¨ªas despu¨¦s, el mismo gabinete comunica que nadie va a hablar. El tema no parece peligroso: debatir el pago de derechos de autor, pero en la pr¨¢ctica es como mentar a la mafia calabresa y que el periodista sea un heroico Roberto Saviano. Una situaci¨®n que se repite una y otra vez. El Palau de les Arts de Valencia s¨ª autoriza a Felipe Caisedo a opinar. Dedicado al departamento de producci¨®n, Caisedo s¨®lo se atreve a filosofar sobre las consecuencias del estado actual de las cosas y a t¨ªtulo personal. "?Por qu¨¦ la Royal College de Londres va a interpretar al maestro Chap¨ª si les cuesta car¨ªsimo? Programan a Mendelsson, que es gratis. El p¨²blico no se va a quejar; quien pierde es la m¨²sica espa?ola".

"Los alumnos del conservatorio de Ontinyent no pueden interpretar una zarzuela o una rondalla a causa del pago de los derechos", cuenta Caisedo. La SGAE lo niega rotundamente: "Tenemos el alquiler de partituras m¨¢s bajo del mundo, y en el caso de las de zarzuela es vergonzosamente barato", asegura Rojas.

Monge reconoce: "A veces es dif¨ªcil encontrar el material y en otras se ha revisado la obra, con lo cual entra otra vez bajo la ley de propiedad intelectual".

La CNC pide cambiar la ley. "Los problemas tarifarios introducen distorsiones en los mercados (...) porque dan lugar a precios excesivos por el repertorio".

Tras a?os de pagar y pagar lo que las entidades exig¨ªan a las televisiones p¨²blicas, la de Asturias se plant¨®. "La Televisi¨®n del Principado de Asturias", explica su gabinete jur¨ªdico, "no se niega a pagar lo que usa y difunde, pero s¨ª se niega a pagar lo que no se usa y no se difunde". Su postura le ha llevado a verse en los tribunales.

La secretar¨ªa jur¨ªdica de la radio televisi¨®n del Principado de Asturias (TPA) (tambi¨¦n se evita personalizar las declaraciones) explica. "Nos oponemos sistem¨¢ticamente a que las entidades de gesti¨®n fijen unilateralmente tarifas por disponibilidad, que ignoran el uso efectivo de los repertorios".

"Imponen sus porcentajes", explican los abogados de la TPA, "sobre los ingresos destinados a cotizaciones a la Seguridad Social, dotaciones por amortizaciones, IVAS no deducidos, aportaciones por compensaci¨®n de p¨¦rdidas; partidas que no tienen ninguna relaci¨®n con la difusi¨®n del repertorio que gestionan".

Hasta hace poco, los rebeldes hab¨ªan sido condenados sistem¨¢ticamente por los tribunales; pero la historia est¨¢ cambiando. La jurisprudencia europea habla de tarifas "razonables y equitativas", incluso en Espa?a algo se mueve. "Las ¨²ltimas sentencias del Tribunal Supremo reconocen que solo hay equidad y racionalidad si la remuneraci¨®n a satisfacer se corresponde con el valor econ¨®mico del servicio recibido, si hay equilibrio entre prestaci¨®n y contraprestaci¨®n, entre el provecho o rendimiento que gestiona la televisi¨®n y la remuneraci¨®n que percibe la entidad de gesti¨®n".

La TPA critica que, pese a las sentencias, las entidades de gesti¨®n de derechos siguen a la suya. "Sus propuestas adolecen de los mismos defectos: remuneraci¨®n calculada en base a los ingresos de explotaci¨®n, tramos de intensidad de uso excesivos (de 20 en 20 cuando el uso de las cadenas se sit¨²a en menos de la mitad del primer tramo), exclusi¨®n de par¨¢metros objetivos como ¨ªndices de audiencia o territorialidad". Y sentencia la TPA: "El riesgo que se corre es que todo cambie para seguir igual. El tiempo lo dir¨¢".