La v¨ªa de escape de los 72 intrusos
El art¨ªculo 308 permitir¨¢ que algunos detenidos por el 'caso de los ERE' eludan el juicio si devuelven el dinero - Un sospechoso ya ha consignado 110.000 euros
El revuelo generado por los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos, carecer¨¢ de consecuencias penales para algunas de estas 72 personas identificadas por la Junta y que recibieron en torno a 10 millones de euros de manera ilegal. El art¨ªculo 308 del C¨®digo Penal es la salida a la que ya se han acogido varios de ellos: "Quedar¨¢ exento de responsabilidad penal, en relaci¨®n con las subvenciones, desgravaciones o ayudas (...) el que reintegre las cantidades recibidas".
El primer intruso que ha previsto las ventajas de este art¨ªculo ha sido Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso durante 16 a?os e intruso en Cydeplast, que hace un mes entreg¨® a la juez Mercedes Alaya un acta notarial en la que consign¨® 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta. Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabaj¨® all¨ª, y ahora alega su sorpresa al percatarse de que su p¨®liza era ilegal. "Guerrero [el ex director general Javier Guerrero] me ofreci¨® la posibilidad de obtener una prestaci¨®n adicional derivada de un fondo de pensiones que ¨¦l personalmente se encargar¨ªa de tramitar con la finalidad de complementar mis ingresos", declar¨® el exalcalde ante la polic¨ªa.
"Guerrero me ofreci¨® complementar mis ingresos", alega uno de los intrusos
A medida que la instrucci¨®n avanza es previsible que m¨¢s intrusos se acojan a los beneficios del art¨ªculo 308 para eludir ir a juicio. El problema es que es necesario disponer de liquidez para consignar el dinero y algunos de ellos se han gastado los 200.000 euros recibidos en diferentes mensualidades, y otros abogados han optado por una estrategia diferente, como culpabilizar al pagador y defender a ultranza la inocencia de sus clientes.
De momento, la polic¨ªa ha detenido a 32 polizones, a los que acusa de tr¨¢fico de influencias, aunque probablemente el cargo que estos afronten en el juzgado ser¨¢ fraude de subvenciones.
"La medida de reintegrar el dinero persigue restituir el da?o, aunque defiendas que el intruso es ajeno a toda irregularidad", afirma uno de los letrados que pide el anonimato. Otro abogado subraya: "La devoluci¨®n no supone ning¨²n reconocimiento de responsabilidad penal". El reintegro del dinero cobrado deber¨ªa producirse antes de que la fiscal¨ªa interponga su denuncia, pero al ritmo que avanza la investigaci¨®n, los intrusos disponen de un gran margen de tiempo. Mientras, pueden disponer de ese dinero pagado por la Consejer¨ªa de Empleo. Si no pagaran, fueran a juicio y resultaran condenados, los intrusos afrontar¨ªan una pena de entre uno y cinco a?os de prisi¨®n y una multa de seis veces la cantidad defraudada.
La devoluci¨®n del dinero exime al intruso incluso de la posible falsedad documental cometida para cobrar la subvenci¨®n. "El problema del 308 es que extingue todos los delitos en el entorno del fraude fiscal, incluida la falsedad documental, que podr¨ªa lesionar derechos de terceras personas. Quiz¨¢ ah¨ª se extralimit¨® el legislador", critica el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli. A la Administraci¨®n siempre le interesa negociar la devoluci¨®n del dinero con los defraudadores, como de hecho ocurre en la inmensa mayor¨ªa de los casos de fraude fiscal, reducidos a una negociaci¨®n entre el empresario y el inspector de Hacienda para evitar llegar a los tribunales.
La Junta ya aclar¨® en un escrito dirigido a la juez del caso, Mercedes Alaya, que el fraude por parte de los polizones podr¨ªa "ser constitutivo de un delito contra la Hacienda P¨²blica, tipificado en el art¨ªculo 308". "Se desconoce si las personas relacionadas conoc¨ªan o consent¨ªan su inclusi¨®n en las listas de beneficiarios de las p¨®lizas referidas o si percibieron cantidad alguna con cargo a estas", aclara el escrito del director general Daniel Alberto Rivera.
Entre los intrusos de los ERE destacan la suegra de Guerrero; el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s; el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cu?ada, y dos sindicalistas de UGT y sus esposas, adem¨¢s de diversos militantes del PSOE.
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