Valoraci¨®n de un a?o de reformas

El esfuerzo de este a?o de reformas ha cosechado su mayor ¨¦xito al reducir el d¨¦ficit p¨²blico, pero ha fracasado parcialmente a la hora de sanear el sector financiero y completamente en la implementaci¨®n de las reformas estructurales necesarias para elevar el potencial de crecimiento de la econom¨ªa espa?ola.

- Consolidaci¨®n fiscal. Las prioridades aqu¨ª eran reducir el d¨¦ficit y estabilizar la deuda p¨²blica para facilitar la financiaci¨®n de la deuda externa de la econom¨ªa espa?ola. El Gobierno anunci¨® el 12 de mayo un plan de austeridad con el objetivo de reducir el d¨¦ficit al 9,3% del PIB. Este plan inclu¨ªa una reducci¨®n salarial en las Administraciones p¨²blicas del 5% en 2010 y congelaci¨®n en el 2011, una congelaci¨®n de la contrataci¨®n en el sector p¨²blico, una reducci¨®n en la inversi¨®n p¨²blica y la eliminaci¨®n del cheque beb¨¦. El objetivo de d¨¦ficit se cumpli¨® (9,2% al final), pero el car¨¢cter temporal y reversible de estas medidas hace imposible calificarlas de reformas.

Pese a los cambios sustantivos en algunas ¨¢reas, faltan reformas que generen crecimiento

Para reducir el d¨¦ficit estructural, el Gobierno introdujo en marzo pasado una reforma del sistema de pensiones, con un progresivo aumento de la edad de jubilaci¨®n a 67 a?os, su indexaci¨®n a la esperanza de vida desde 2027 (una propuesta clave de los economistas ligados a FEDEA) y restricciones a la jubilaci¨®n anticipada. Sin resolver completamente el problema, esta reforma introduce mecanismos de ajuste para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Por otro lado, el d¨¦ficit antes de intereses, del 7,3% en 2010, es a¨²n el doble que el de Grecia y mayor que el de Portugal, y la presunta incapacidad del Gobierno para hacer cumplir los techos de gasto auton¨®mico provoca sudores fr¨ªos en los mercados. A medio plazo, la adaptaci¨®n de la Sanidad al cambio demogr¨¢fico, como propusimos en el informe FEDEA-McKinsey de 2009, queda a¨²n pendiente. Finalmente, dotar de solidez a las finanzas p¨²blicas de manera m¨¢s permanente requiere cambios en el marco operativo de la pol¨ªtica fiscal tales como reglas de gasto.

- Saneamiento del sector financiero. Con mucho retraso (tras el paso en falso del FROB I en junio de 2009, la Ley de Cajas en julio de 2010 y el FROB II de febrero de 2011), se ha producido una transformaci¨®n del sector financiero v¨ªa fusiones (de 45 cajas a 17, contando SIPS), un incremento sustantivo de la transparencia de los balances bancarios y una subida importante de los niveles m¨ªnimos de capital.

Pero tambi¨¦n en esta ¨¢rea queda mucho por hacer. Las cajas con problemas son las que han tenido un gobierno corporativo menos profesional. Desgraciadamente, poco ha cambiado en ese ¨¢mbito pese a la declarada intenci¨®n de la ley de julio de 2010. Adem¨¢s, el reconocimiento de p¨¦rdidas, principalmente inmobiliarias, y la recapitalizaci¨®n del sector est¨¢n a¨²n por producirse. Esta falta de reconocimiento de p¨¦rdidas ha retrasado el ajuste inmobiliario, que hubiera permitido la reactivaci¨®n del sector y favorecido la concesi¨®n de cr¨¦ditos a empresas viables en vez de a inmobiliarias insolventes.

- Reformas estructurales para incrementar el crecimiento econ¨®mico. La salida de la crisis requiere un aumento sustancial de la productividad y la competitividad de la econom¨ªa espa?ola. Mejorar la formaci¨®n del capital humano y su uso en el mercado de trabajo es fundamental. Solo con reformas decididas del sistema educativo y del mercado de trabajo y de productos se podr¨¢n alcanzar esos objetivos. En la formaci¨®n de capital humano nada ha cambiado. El sistema educativo espa?ol vive instalado en la mediocridad, sin aparente demanda social de los padres para resolver un problema crucial en una econom¨ªa globalizada.

En materia laboral, la reforma iniciada en junio de 2010 contiene medidas poco coherentes con los objetivos que pretend¨ªa alcanzar (la reducci¨®n de la temporalidad y el aumento de la flexibilidad interna en las empresas). El Gobierno se qued¨® en el peor de los mundos posibles, al incurrir en un alto coste pol¨ªtico por hacer una reforma laboral, pero no conseguir el apoyo necesario en el partido socialista para hacer los cambios necesarios que, como se propon¨ªa en el llamado Manifiesto de los 100, pasa por cambios sustanciales en la contrataci¨®n (contrato ¨²nico), en la negociaci¨®n colectiva (descentralizaci¨®n) y en las pol¨ªticas de empleo activas (formaci¨®n e intermediaci¨®n). Con la reforma aprobada, el sistema de contrataci¨®n laboral vigente sigue produciendo excesiva dualidad y la adaptaci¨®n de las empresas a cambios en las condiciones econ¨®micas contin¨²a estando muy limitado, lo que se traduce en m¨¢s temporalidad y m¨¢s desempleo.

Por ¨²ltimo, como mostramos en el m¨¢s reciente informe FEDEA-McKinsey, de diciembre pasado, el incremento de competencia y la reducci¨®n de las barreras de entrada en los mercados, especialmente en los servicios profesionales, pueden generar muchos empleos. Es importante que se lleven a cabo reformas sustantivas en esta direcci¨®n, pero ni la Ley de Econom¨ªa Sostenible ni la Transposici¨®n de la Directiva de Servicios de la UE han supuesto avances importantes.

En definitiva, el costoso esfuerzo pol¨ªtico que ha hecho el Gobierno ha resultado en cambios sustantivos en algunas ¨¢reas (pensiones, consolidaci¨®n del sector financiero), pero es necesario terminar el saneamiento del sector financiero y faltan reformas decididas que generen el crecimiento que hace falta para crear empleo y para hacer frente al elevado endeudamiento p¨²blico y privado. Para esto, las reformas del sistema educativo y del mercado de trabajo son centrales.

Luis Garicano es catedr¨¢tico de Econom¨ªa y Estrategia en la London School of Economics y director de la C¨¢tedra McKinsey de FEDEA.