?Justicia o caza de brujas?

Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hac¨ªa p¨²blico su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la noticia de que el candidato de esa coalici¨®n, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado. Naturalmente, eso provoc¨® la pol¨¦mica pues con esa filtraci¨®n se pod¨ªa poner de manifiesto que IU no cumpl¨ªa sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente supon¨ªa un coste electoral muy grande para esa formaci¨®n de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtraci¨®n simplemente se limitaba a se?alar que se imputaba a Torrijos porque habr¨ªa tenido una directa responsabilidad y activa participaci¨®n como vicepresidente y miembro de la Comisi¨®n Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicaci¨®n de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, d¨¢ndose as¨ª a entender que se trataba de un caso m¨¢s de corrupci¨®n municipal que habr¨ªa comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que est¨¢ ocurriendo es una nueva prueba de que la administraci¨®n de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente seg¨²n quienes sean los encausados. No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o l¨ªderes pol¨ªticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra...) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garz¨®n o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los m¨¢rgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que est¨¢ ocurriendo cuando despu¨¦s de un mes de haberse producido la filtraci¨®n la juez que lleva el caso no ha comunicado a¨²n la supuesta imputaci¨®n al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un da?o pol¨ªtico y personal grav¨ªsimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Adem¨¢s, al permitir la filtraci¨®n y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administraci¨®n de justicia se est¨¦ dando lugar a que se lleve a cabo un aut¨¦ntico juicio p¨²blico, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisi¨®n permitida por la ley y que Torrijos defendi¨® por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se pod¨ªan tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias. Algo que puede ser discutible, como toda propuesta pol¨ªtica, pero que en ning¨²n caso tiene por qu¨¦ implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quiz¨¢ sea la ¨²nica forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresi¨®n en t¨¦rminos monetarios. Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisi¨®n a t¨ªtulo personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuesti¨®n no puede tratarse sino de la decisi¨®n de un ¨®rgano colegiado, tomada despu¨¦s de la correspondiente deliberaci¨®n y votaci¨®n entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos pol¨ªticos all¨ª representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un da?o personal, y con independencia de la mayor o menor simpat¨ªa que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan an¨®mala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicci¨®n de que ya es hora de que la ciudadan¨ªa reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando.

Suscriben el texto otros 38 profesores universitarios: Joaqu¨ªn Arriola, Charo Baquero, Francisco Jos¨¦ Barba, Javier Barreda, Juan Ram¨®n Capella, Jes¨²s M. Castillo, Elias Cueto, Victoria Delicado, Rosa Mar¨ªa D¨ªaz, Enrique Javier D¨ªez, Alicia Dur¨¢n, Angela Espin, Jes¨²s Esteban Hern¨¢ndez, Armando Fern¨¢ndez Steinko. M? Jes¨²s Fuentes Rebollo, Lina G¨¢lvez, Manuel Garc¨ªa Jim¨¦nez, Manuel Garc¨ªa Jim¨¦nez, Juli¨¢n Garrido, Manuel Gonzalez Mariscal, Ana Jorge Alonso, Pedro Lac¨¢mara, Manuel Ledesma, Vicente Manzano, Mar¨ªa Lamuedra, Pedro L¨®pez, J. Luis Malag¨®n, Leandro del Moral, Jos¨¦ Luis Morales, Miguel ?ngel Luque, Facundo Mu?oz, Jos¨¦ Antonio Navarro Fernandez, Emilia S¨¢nchez de la Blanca, Miguel P¨¦rez Sancho, Raquel Rico Linaje, Ram¨®n S¨¢nchez Tabar¨¦s, Jes¨²s Sanz Abad y Francisco Sierra Caballero.

Juan Torres L¨®pez es catedr¨¢tico en la Facultad de Econ¨®micas y Empresariales de la Universidad de Sevilla