Ni el Supremo ni el Consejo ven inconveniente en que Garz¨®n asesore al Gobierno colombiano

Ni la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial tienen inconveniente en que se autorice al juez Baltasar Garz¨®n para que pueda ejercer de asesor del Gobierno colombiano dentro de la misi¨®n que la OEA tiene en ese pa¨ªs, dado que el magistrado est¨¢ suspendido de funciones. La Comisi¨®n Permanente del Consejo estudi¨® este tema ayer y acord¨®, tras conocer la postura favorable del Supremo, "conceder compatibilidad por per¨ªodo de un a?o" a Garz¨®n "para participar como consultor en la Misi¨®n de Apoyo al Proceso de Paz que la Organizaci¨®n de Estados Americanos desarrolla en Colombia". Dos vocales del Consejo, la progresista Almudena Lastra y el conservador Antonio Dorado se opusieron.

El pronunciamiento de la Sala Penal, que tiene imputado a Garz¨®n en tres procesos y suspendido en dos de ellos, respond¨ªa a una petici¨®n del Poder Judicial, que quer¨ªa saber si el traslado de Garz¨®n a Colombia podr¨ªa ser un obst¨¢culo a los procedimientos que se llevan contra ¨¦l en la Sala. Actualmente, Garz¨®n cuenta con un permiso indefinido para trabajar como asesor de la Fiscal¨ªa del Tribunal Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya (Holanda) y que dirige el fiscal del TPI Luis Moreno Ocampo.

La autorizaci¨®n fue tratada ayer por la Comisi¨®n Permanente del Consejo, que es la que debe emitir la autorizaci¨®n solicitada por el magistrado, despu¨¦s de que el pasado 11 de abril el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmara durante su visita a Espa?a que Baltasar Garz¨®n asesorar¨ªa a su gobierno en temas relacionados con el proceso de paz en ese pa¨ªs.

El Consejo ha concedido el permiso tras analizar el informe del Tribunal Supremo en el que advierte de que "no se han adoptado en ninguna de las tres causas seguidas frente al mencionado magistrado medidas cautelares que impidan su residencia fuera de Espa?a". Tambi¨¦n ha tenido en cuenta el Consejo el hecho de que el trabajo encomendado a Garz¨®n "no tendr¨¢ ning¨²n tipo de inmunidad que afecte a la situaci¨®n procesal que pueda tener en Espa?a".

Dos vocales se opusieron al permiso. La vocal Lastra fundamenta su discrepancia en que, "con car¨¢cter general no es posible conceder compatibilidad a quien no ejerce actualmente jurisdicci¨®n y, por lo tanto, no ve afectado el ejercicio de su funci¨®n. La actividad que se pretende desarrollar por el expresado magistrado es una misi¨®n de car¨¢cter internacional, por per¨ªodo superior a seis meses, y por ello no estamos ante una actividad compatible, sino ante un supuesto de los que acarrean la declaraci¨®n en la situaci¨®n administrativa de servicios especiales de conformidad con lo dispuesto en el art¨ªculo 351 b) de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial".

El vocal conservador Dorado Pic¨®n entiende que "no procede la concesi¨®n de compatibilidad dada la situaci¨®n administrativa en que se encuentra el solicitante".