Brasil otorga la impunidad a los deforestadores de la Amazonia

De poco ha servido que la semana pasada el Gobierno de Brasil hiciese p¨²blico un alarmante aumento de los niveles de deforestaci¨®n del Amazonas. Sacudido por una fuerte pol¨¦mica, el Congreso aprob¨® en la noche del martes, por aplastante mayor¨ªa, una reforma del C¨®digo Forestal brasile?o que establece una amnist¨ªa general para todos aquellos que incurrieron en delitos contra la vegetaci¨®n hasta 2008. La nueva normativa tambi¨¦n incluye la ampliaci¨®n de las ¨¢reas de uso agropecuario susceptibles de tala y, en general, una flexibilizaci¨®n de las normas medioambientales. La presidenta Dilma Rousseff, que durante su campa?a electoral prometi¨® que su Gobierno no consentir¨ªa ninguna amnist¨ªa en beneficio de los deforestadores, ha calificado la medida aprobada de "verg¨¹enza para Brasil" y ha adelantado que vetar¨¢ su entrada en vigor.

La presidenta amenaza con vetar la ley, que borra los delitos hasta 2008

Se desprotegen 86 millones de hect¨¢reas, m¨¢s de lo ya perdido

Una vez m¨¢s ha quedado claro qui¨¦n manda en Brasil cuando los intereses de los latifundistas est¨¢n en juego. Los resultados de la votaci¨®n de la controvertida reforma del C¨®digo Forestal hablan por s¨ª solos: 410 votos a favor y 63 en contra. 273 diputados a favor y 187 en contra de la enmienda que contempla la amnist¨ªa para los delitos de deforestaci¨®n cometidos hasta 2008. "Brasil se va a dormir con la noticia de que la mayor¨ªa de nuestros diputados aprueba el asesinato de nuestros bosques", reaccion¨® nada m¨¢s conocerse el resultado de la votaci¨®n Paulo Adario, director de la campa?a Amazonas de Greenpeace.

Ante la andanada urdida en el Congreso contra la actual pol¨ªtica medioambiental brasile?a, la presidenta Rousseff presion¨® a todos los niveles, sin ¨¦xito, para atrasar la votaci¨®n del nuevo C¨®digo Forestal. De poco sirvieron las reuniones de ¨²ltimo minuto con los exministros de Medio Ambiente de los ¨²ltimos Gobiernos, todos frontalmente en contra de la medida, o los contactos desesperados con los l¨ªderes de los grupos parlamentarios aliados al Ejecutivo, mayoritariamente a favor de dar luz verde. El todopoderoso sector agropecuario brasile?o tiene bajo control la C¨¢mara baja a trav¨¦s de una tupida red de apoyos en los partidos mayoritarios, incluido el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). M¨¢s que nunca ha quedado al descubierto el poder de presi¨®n que sigue teniendo el campo brasile?o en los despachos de Brasilia.

Una vez superada la primera prueba de fuego, el nuevo C¨®digo Forestal tendr¨¢ que recibir las bendiciones del Senado. Es posible que en el camino sufra alguna modificaci¨®n, ya que Rousseff ha dejado clara su intenci¨®n de vetar su entrada en vigor si el texto sigue contemplando la pol¨¦mica amnist¨ªa y otras medidas que contribuyen al aumento de la deforestaci¨®n.

La Constituci¨®n brasile?a otorga al presidente la capacidad de vetar total o parcialmente un proyecto de ley si consigue probar que colisiona con el inter¨¦s general del pueblo. Curiosamente, el ponente y abanderado de la reforma es el diputado Aldo Rabelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). El bloque ruralista que lo ha secundado engloba casi todo el arco parlamentario, salvo el Partido Verde (PV) de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Ambas agrupaciones han sido las ¨²nicas que han rechazado la reforma en bloque.

Seg¨²n el Ministerio de Medio Ambiente, la amnist¨ªa que est¨¢ a un paso de entrar en vigor condonar¨¢ una deuda de hasta 10.000 millones de reales (m¨¢s de 4.300 millones de euros) en multas por delitos ambientales cometidos hasta 2008. Los c¨¢lculos de Greenpeace son aun m¨¢s dram¨¢ticos: 86 millones de hect¨¢reas de selva quedar¨¢n sin protecci¨®n y podr¨¢n ser deforestadas legalmente si la nueva normativa sale adelante. Esta superficie supera con creces a toda la vegetaci¨®n que ya se ha destruido en la historia de la Amazonia.

La l¨®gica de la amnist¨ªa implica que los condenados por delitos medioambientales podr¨¢n eludir el pago de las sanciones regularizando sus propiedades en un plazo a¨²n indefinido. El nuevo c¨®digo tambi¨¦n abre la puerta a que los peque?os productores (propiedades de entre 20 y 400 hect¨¢reas) no tengan que reforestar las ¨¢reas taladas ilegalmente en el pasado. Asimismo, da v¨ªa libre a la plantaci¨®n de ca?a, caf¨¦ y otros cultivos en las laderas y cimas de los cerros, a la disminuci¨®n de las ¨¢reas protegidas en las m¨¢rgenes de los r¨ªos y a la descentralizaci¨®n de la aplicaci¨®n de esta normativa. Seg¨²n los grupos ecologistas, la historia de Brasil muestra que las autoridades regionales y locales son mucho m¨¢s propensas que el Gobierno Federal a la corrupci¨®n en la gesti¨®n de este tipo de leyes medioambientales que tropiezan con los intereses del agronegocio.

Las im¨¢genes del Congreso tras la controvertida votaci¨®n resultaron inquietantes: decenas de diputados abraz¨¢ndose euf¨®ricos y haciendo la se?al de la victoria.

Esa misma ma?ana, Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del l¨ªder medioambiental Joao Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, ambos activistas por la preservaci¨®n del Amazonas. Da Silva hab¨ªa denunciado que sufr¨ªa amenazas de muerte por parte de madereros y ganaderos del Estado amaz¨®nico de Par¨¢, donde viv¨ªa. Los mismos que probablemente brindaron tras la aprobaci¨®n del nuevo c¨®digo.