La fiscal¨ªa investiga un fraude masivo en el reciclaje de aparatos electr¨®nicos
La mayor¨ªa de los productos van a chatarreros o al extranjero en vez de ser tratados - Los consumidores pagan 360 millones al a?o por el sistema
Al comprar cualquier aparato que tenga un cable o una pila (sea un reloj, tel¨¦fono m¨®vil, ordenador, una tostadora o un frigor¨ªfico) los consumidores pagan un canon para financiar el reciclaje de ese chisme y que los metales pesados que lleva no contaminen. Sin embargo, seis a?os despu¨¦s de la entrada en vigor del decreto que regula el sistema y pese a que los consumidores pagan al a?o unos 360 millones de euros, las plantas de tratamiento de residuos est¨¢n casi vac¨ªas: la gran mayor¨ªa de los aparatos acaban en chatarreros ilegales o exportados a pa¨ªses en desarrollo como productos de segunda mano. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, junto con la Guardia Civil, tiene en marcha una amplia investigaci¨®n sobre el sistema y ya ha imputado a unas 60 personas por trocear frigor¨ªficos sin control.
La planta de tratamiento de residuos electr¨®nicos de Campo Real (Madrid) funciona solo por las ma?anas porque no tiene mucho trabajo. Abri¨® en 2004 con una inversi¨®n de 10 millones de euros. Como el objetivo europeo es de reciclar al menos cuatro kilos de residuos electr¨®nicos por habitante al a?o, los c¨¢lculos eran sencillos: "En la Comunidad de Madrid se deber¨ªan tratar unas 24.000 toneladas de residuos al a?o, sin embargo, aqu¨ª llegar¨¢n este a?o unas 6.000, la cuarta parte. ?D¨®nde est¨¢ el resto?", se pregunta Pablo Balaguera, director comercial de Recytel, mientras pasea entre las monta?as de viejos tel¨¦fonos m¨®viles, televisores, ordenadores y hasta cajeros autom¨¢ticos en desuso. All¨ª desmontan los aparatos, los residuos se tratan por tipos y el hierro que queda al final se vende.
A la planta de Palencia que trata residuos de Castilla y Le¨®n, Cantabria y Asturias llega el 10% de lo que se pone en el mercado, seg¨²n Mariano Arana, gerente de la planta. En Espa?a hay 20 instalaciones de este tipo y viven la misma situaci¨®n. ?D¨®nde est¨¢ el resto? es la pregunta que desde hace a?os se hacen.
El resto escapa fuera de la ley. En 2009 se pusieron en el mercado 702.000 toneladas de productos electr¨®nicos y el¨¦ctricos, pero ese a?o solo se trataron 124.987, seg¨²n el Ministerio de Medio Ambiente. No todo lo que se vende en un a?o se ha de reciclar (los productos duran varios a?os) pero la enorme diferencia (lo reciclado es el 17% de lo que se vende) da idea de que algo pasa. Las cuentas no salen.
Rafael Serrano, de la Fundaci¨®n Ecolec, principal sistema de reciclaje de electrodom¨¦sticos, admite que "hay fugas": "Cuando uno compra un frigor¨ªfico, el transportista o el vendedor tienen la obligaci¨®n de llevar el viejo a tratamiento, pero hay mucho residuo que se pierde".
El sector del reciclaje denuncia que hay transportistas, comerciantes y hasta Ayuntamientos en tratos con chatarreras, que pagan m¨¢s que las plantas de tratamiento, ya que sus costes son menores. Incluso aparatos depositados en el punto limpio pueden acabar en un chatarrero y hay quien critica que alguna planta de tratamiento no trata lo que le llega, sino que lo lleva a chatarreros.
La memoria de la fiscal¨ªa de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso este diario, destaca la "muy negativa incidencia de la situaci¨®n en el medio ambiente". El fiscal cuenta que en enero de 2010, tras una denuncia an¨®nima, inici¨® una investigaci¨®n y concluy¨® que "viene produci¨¦ndose un almacenamiento sin m¨¢s de los restos de electrodom¨¦sticos por chatarreros" sin licencia. Estos residuos contienen hierro y cobre, lo que tiene valor como chatarra, pero dejan cadmio, plomo, cloro, mercurio y PVC da?inos para el medio ambiente.
"Una vez aprovechadas por tales chatarreros las partes met¨¢licas que resultan de su inter¨¦s, el resto representa un importante riesgo para el equilibrio medioambiental, ya que [...] son inevitables los lixiviados y filtraciones al subsuelo, adem¨¢s de las liberaciones incontroladas de los gases CFC, que contienen todos los aparatos frigor¨ªficos". Vercher concluye que "la dispersi¨®n de residuos con gran potencial de peligro por todo el territorio nacional es absoluta".El fiscal ha detectado una cadena de irregularidades tanto "en la entrega por las entidades gestoras de los aparatos obsoletos a las plantas de tratamiento para su correcto tratamiento como residuo, como en las salidas de env¨ªos en contenedores desde estas hac¨ªa la exportaci¨®n a pa¨ªses no europeos, para su reutilizaci¨®n".
El 22 de diciembre pasado, la Guardia Civil irrumpi¨® en la Ca?ada Real (un poblado chabolista de Madrid) y en dos lugares m¨¢s de Madrid, adem¨¢s de en Zaragoza, donde se desguazaban frigor¨ªficos y se liberaban CFCs, gases con poder de efecto invernadero y que da?an la capa de ozono. Hay 60 imputados, "desde transportistas de centros de distribuci¨®n o aut¨®nomos, a chatarreros, grandes trituradoras de metales, centros de almacenamiento o incluso plantas de tratamiento".
Adem¨¢s, hay exportaciones a pa¨ªses en desarrollo, generalmente camufladas como aparatos de segunda mano, ya que est¨¢ prohibido exportar residuos peligrosos. Medio Ambiente asegura que es problema de toda la UE. "Exportan a Vietnam, China, ?frica... Con frecuencia me llaman de Marruecos para comprar lo que tenemos, pero est¨¢ prohibido. Estos residuos tienen metal y por eso son valiosos", explica Arana.
687 condenas por medio ambiente y urbanismo
Desde la creaci¨®n de la fiscal¨ªa coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en 2006, crecen las condenas en esta materia. El a?o pasado, el organismo que coordina Antonio Vercher constat¨® la existencia de 687 sentencias condenatorias en medio ambiente, urbanismo y delitos contra el patrimonio, lo que supone un aumento del 12% respecto a 2009. As¨ª figura en la memoria anual del organismo, a la que ha tenido acceso este diario.
La mayor¨ªa (426) fueron por delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, otras 96 por incendios forestales y otras tantas por delitos contra la flora y la fauna (cebos envenenados, caza ilegal, pesca sin licencia, etc¨¦tera).
La memoria afirma que "empieza a vislumbrarse una reducci¨®n del n¨²mero de denuncias presentadas", aunque a?ade que es pronto para saber si es una tendencia. Sin embargo, a?ade que el aumento de condenas deber¨ªa tener un efecto preventivo. Adem¨¢s, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha relajado la presi¨®n urban¨ªstica.
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