Los fiscales se rebelan por una ley que negocian los grupos

Los grupos parlamentarios negocian una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a trav¨¦s de otra norma, que ha puesto en pie de guerra a la carrera fiscal y a la propia Fiscal¨ªa General del Estado.

En las enmiendas presentadas por los grupos a la ley de medidas de Agilizaci¨®n Procesal se han incluido propuestas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, por ejemplo, eliminar multitud de recursos durante la instrucci¨®n penal. Incluso, una enmienda presentada por el PSOE ampl¨ªa el art¨ªculo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para extender el secreto de las actuaciones y exigir que, para darles publicidad, sea precisa autorizaci¨®n expresa del juez instructor. Este ¨²ltimo ser¨ªa, seg¨²n la propuesta socialista, el que administrara la informaci¨®n sobre los procesos.

El proyecto de ley de Agilizaci¨®n Procesal solo se refer¨ªa inicialmente a la jurisdicci¨®n civil, social y contencioso-administrativa, pero en las enmiendas se extiende a la penal, sin que estas modificaciones sean sometidas a informes consultivos del Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal. Por eso, las dos asociaciones de fiscales, la Asociaci¨®n de Fiscales y la Uni¨®n Progresista de Fiscales, hicieron p¨²blicos ayer duros comunicados contra esta reforma legal.

Los grupos aseguran que responden a una petici¨®n expresa del Poder Judicial que han trasladado tal cual. "Las diligencias de investigaci¨®n y los escritos del ministerio fiscal y de los abogados son secretos. Solo el juez instructor, previa audiencia de las partes, puede autorizar que se les d¨¦ publicidad siempre que no perjudique la investigaci¨®n y exista un inter¨¦s p¨²blico relevante", asegura la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la ley.

La enmienda del PSOE a?ade que "los jueces y tribunales, mediante resoluci¨®n motivada y previa audiencia de las partes, siempre que no perjudique la investigaci¨®n y exista un inter¨¦s p¨²blico relevante, podr¨¢n acordar que se hagan p¨²blicas las siguientes resoluciones: la admisi¨®n de la denuncia y la querella, la citaci¨®n para ser o¨ªdo, las medidas cautelares, la declaraci¨®n de procesamiento, el sobreseimiento, cualesquiera de las previstas en el art¨ªculo 779 de esta ley, las dictadas resolviendo un art¨ªculo de previo pronunciamiento y la apertura de juicio oral". En este momento, ese art¨ªculo se limita a asegurar que "las diligencias del sumario ser¨¢n secretas hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley", sin mayor precisi¨®n.

Las enmiendas de los grupos proponen suprimir todos los recursos que son resueltos por el mismo ¨®rgano judicial, como reforma y s¨²plica, durante la tramitaci¨®n del sumario y diligencias previas.

El proyecto de ley est¨¢ en fase de ponencia y ya lleg¨® al Congreso con art¨ªculos pol¨¦micos como el que supone elevar de 150.000 a 800.000 euros la deuda en litigio a partir de la cual se puede recurrir en casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Eso supone cerrar las puertas del m¨¢ximo ¨®rgano del poder judicial a peque?as empresas y peque?os contribuyentes en pleitos con la Administraci¨®n, incluida la Agencia Tributaria.