140 conductores de ambulancia, a la calle

El transporte sanitario no urgente, el que prestan mediante concierto con la Comunidad de Madrid varias empresas de ambulancias, vive un nuevo conflicto, que se suma a los juicios abiertos en varios juzgados de Madrid y a los expedientes que Sanidad abri¨® en febrero despu¨¦s de que una de las empresas dejara colgados -con esperas de hasta ocho horas y el recurso a taxis para trasladar a los enfermos dados de alta- a los pacientes del hospital Ram¨®n y Cajal. Los protagonistas de este nuevo episodio son 140 conductores de ambulancia que se acaban de quedar en la calle despu¨¦s de que las nuevas concesionarias del servicio se hayan negado a contratarlos. Y eso pese a que est¨¢n obligadas a hacerlo. La subrogaci¨®n de los trabajadores de la anterior concesionaria es obligatoria, y viene recogida tanto en los pliegos de condiciones del concurso de la Consejer¨ªa de Sanidad como en el convenio colectivo del sector.

Las empresas se niegan a asumir la deuda de la anterior

Las dos empresas que ten¨ªan que contratar a estos trabajadores, Santa Sof¨ªa (a la que corresponde asumir a la mayor¨ªa de los conductores) y Ambulancias Alerta, aseguran que no lo hacen porque la anterior concesionaria, Translife, debe dinero a los empleados y tiene deudas con la Seguridad Social. "Los papeles que nos ha facilitado la empresa no est¨¢n en regla, y el convenio dice que el requisito para subrogar a los trabajadores es que est¨¦n correctamente finiquitados", asegura Jorge G¨®mez, gerente de Santa Sof¨ªa. Un argumento muy similar al que esgrimen los responsables de Ambulancias Alerta: "No vamos a asumir la deuda de nadie", afirman.

La Consejer¨ªa de Sanidad, que es la que tiene que asegurar la prestaci¨®n de este servicio p¨²blico, asegura que se trata de "un problema entre las empresas" y que, por tanto, no puede hacer nada. Un portavoz del Summa 112, que es el organismo que elabora los pliegos de condiciones y saca los concursos de transporte no urgente, admite que los pliegos obligan a subrogar a los trabajadores, pero bajo la condici¨®n de que ese traspaso "cumpla con todos los requisitos que indican las leyes, y eso lo tienen que negociar ambas empresas". La Administraci¨®n, por tanto, no interviene. "Si no se ponen de acuerdo, lo tendr¨¢n que solucionar en la v¨ªa de lo social", a?ade el portavoz.

Mientras tanto, los 140 trabajadores est¨¢n desde el s¨¢bado sin trabajo. Ese d¨ªa firmaron el finiquito con la empresa anterior y el domingo ten¨ªan que empezar con la nueva concesionaria. Carlos Partal, del antiguo comit¨¦ de empresa de Translife (CGT), asegura que los trabajadores est¨¢n en medio de una guerra entre empresas y que no hay nada que impida a las nuevas contratarles. En algunos casos los empleados acumulan 10 a?os de antig¨¹edad. Tambi¨¦n denuncia que Translife debe a cada trabajador entre 7.000 y 8.000 euros por retrasos en el cobro de n¨®minas y pagas extraordinarias, pero afirma que el convenio obliga a la subrogaci¨®n aunque existan deudas.

Translife, por su parte, niega que deba dinero a sus ya extrabajadores y asegura que el asunto est¨¢ en el juzgado. "Se cumplen todos los requisitos para que las nuevas empresas les subroguen, pero prefieren contratar en precario a otros y ahorrarse la antig¨¹edad", afirma el gerente.

Los empleados en el paro preparan una concentraci¨®n y denuncian que se est¨¢n produciendo retrasos en el servicio, algo que Sanidad niega. "Hoy [por ayer] es el primer d¨ªa de ambas empresas con lo que se puede producir alguna alteraci¨®n l¨®gica, que suele ocurrir en cualquier cambio de este tipo. Estamos muy pendientes para que no se produzcan incidentes", asegur¨® el portavoz del Summa.