Sentido de Estado

La situaci¨®n de la econom¨ªa espa?ola despu¨¦s de los cambios de mayor¨ªa en Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas tras las elecciones del 22 de mayo requiere del Gobierno y del PP que tomen la direcci¨®n exactamente contraria a la emprendida hasta ahora. En vez de culparse y amenazarse con todo tipo de acciones para perjudicarse mutuamente, deben ponerse de acuerdo en un pacto de Estado que despeje las l¨ªneas de pol¨ªtica econ¨®mica para los pr¨®ximos a?os. Lo exigen el d¨¦bil crecimiento econ¨®mico, la elevada tasa de paro y el riesgo latente de nuevos ataques especulativos contra la solvencia espa?ola.

Y lo demanda tambi¨¦n la Comisi¨®n Europea: Espa?a tiene que asegurar el cumplimiento de los objetivos de d¨¦ficit comprometidos con Bruselas y, para ello, debe imponer en el Estado y en las comunidades aut¨®nomas una norma que limite el crecimiento del gasto por debajo del crecimiento nominal del PIB, algo que no se puede conseguir sin un pacto pol¨ªtico.

Hay razones muy graves para pedir ese gran acuerdo econ¨®mico. A pesar de que el Gobierno espa?ol est¨¢ cumpliendo escrupulosamente los objetivos de d¨¦ficit y, con mayor o menor acierto, ha conseguido cerrar una reforma del sistema de pensiones e impulsar otras en el sistema financiero y en el mercado laboral, lo cierto es que siguen pesando sobre la deuda espa?ola dos graves reticencias que solo tienen soluci¨®n desde un marco coordinado de pol¨ªtica econ¨®mica. Por un lado, las instituciones y los inversores recelan del bajo ritmo de crecimiento; temen que con tasas del 0,8% sea imposible cumplir el plan de ajuste que debe reducir el d¨¦ficit al 3% en 2013.

Este temor se puede leer entre l¨ªneas de los informes y comunicados de la Comisi¨®n. El problema es que, adem¨¢s, despu¨¦s del 22 de mayo ha estallado un nuevo motivo de recelo. El problema del d¨¦ficit y del endeudamiento municipal y auton¨®mico, un asunto clamorosamente ausente durante la campa?a, ha surgido como una amenaza grave para la credibilidad de la econom¨ªa espa?ola. El PP de Castilla-La Mancha ha sembrado la sospecha (sin aportar pruebas) de un descomunal d¨¦ficit oculto (desmentido por el Gobierno saliente) que impedir¨ªa, entre otras cosas, el pago de las n¨®minas. Para los inversores e instituciones internacionales no es dif¨ªcil extrapolar las acusaciones del PP en Castilla-La Mancha al resto de los Gobiernos aut¨®nomos y concluir que la financiaci¨®n regional espa?ola est¨¢ en quiebra. Las consecuencias de esta acusaci¨®n pueden ser devastadoras. Avalan las tesis m¨¢s pesimistas de los mercados, seg¨²n las cuales las deudas auton¨®micas acabar¨¢n convirti¨¦ndose en deudas del Estado y provocar¨¢n el default espa?ol.

Es imprescindible, por tanto, que el PP deje a un lado acusaciones irresponsables y explore la v¨ªa pol¨ªtica, ya sugerida por Mariano Rajoy, de llegar a un acuerdo con el Gobierno para calibrar los recortes en los gastos auton¨®micos. La participaci¨®n del PP en un acuerdo de este tipo bastar¨ªa para acabar con la idea, tambi¨¦n presente en el an¨¢lisis de la Comisi¨®n, de que el Ejecutivo no tiene capacidad para imponer un plan dr¨¢stico de austeridad a los poderes auton¨®micos. El PP parece haber entendido que su gesti¨®n, si llega a gobernar, ser¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil si no cuenta con la estabilidad pol¨ªtica y el consenso suficiente para aplicar los necesarios recortes.

Un pacto pol¨ªtico sobre la financiaci¨®n auton¨®mica y, quiz¨¢, sobre algunas medidas econ¨®micas (como la reducci¨®n de las cotizaciones sociales, para incentivar el empleo, y el aumento del IVA, para preservar la estabilidad, como sugiere la propia Comisi¨®n), debe transmitir un mensaje rotundo: la econom¨ªa espa?ola est¨¢ hoy en las mismas condiciones de afrontar sus problemas y atender los compromisos internacionales para financiar la deuda como lo estaba antes de las elecciones. Esa disposici¨®n se manifiesta en la voluntad de tomar las medidas necesarias para reducir el d¨¦ficit p¨²blico a los t¨¦rminos fijados, sea mediante un recorte adicional del gasto o una subida de impuestos si resulta necesaria.

Las dos ¨²ltimas legislaturas no han sido f¨¦rtiles en pactos de Estado. Pero las dificultades de la econom¨ªa espa?ola no admiten m¨¢s mezquindades. Un sentido m¨ªnimo de responsabilidad pol¨ªtica exige que se respeten las l¨ªneas b¨¢sicas de una pol¨ªtica econ¨®mica sobre la que no caben demasiadas discrepancias. El acuerdo debe dar sentido a esa continuidad mientras dure la delicada situaci¨®n econ¨®mica.