El fiscal censura de nuevo a Alaya por el conflicto de las actas de la Junta
El Gobierno estima que la juez delinque si dilata el env¨ªo del caso al Supremo
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha censurado a la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE), por haber suspendido el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por la Junta, tras exigirle la magistrada que entregue las actas de los Consejos de Gobierno de los ¨²ltimos 10 a?os, a lo que se neg¨® el Gobierno andaluz por entender que invad¨ªa sus competencias. El ministerio p¨²blico considera que el Tribunal de conflictos de jurisdicci¨®n del Supremo es el ¨²nico ¨®rgano competente y no la Audiencia Provincial, instancia que seg¨²n Alaya debe pronunciarse al respecto.
La juez paraliz¨® la tramitaci¨®n del conflicto de jurisdicci¨®n y no lo envi¨® al Supremo por "coherencia procesal" y para evitar "tramitaciones paralelas y pronunciamientos in¨²tiles o contradictorios", ya que existen recursos por este asunto planteados ante la Audiencia. Ahora Anticorrupci¨®n ha recurrido el auto de suspensi¨®n del conflicto porque entiende, al igual que la Junta, que la juez deb¨ªa "oficiar inmediatamente al ¨®rgano administrativo [el Supremo], anunci¨¢ndole as¨ª que queda formalmente planteado el conflicto".
La fiscal¨ªa estima que la Audiencia "carece de competencia para pronunciarse" sobre el conflicto y rechaza que los recursos de apelaci¨®n ante la Audiencia puedan producir tramitaciones paralelas que desemboquen en pronunciamientos contradictorios, tal y como entiende Alaya. Anticorrupci¨®n ya comparti¨® la tesis de la Junta en el conflicto de jurisdicci¨®n, al estimar que la magistrada se arrogaba facultades que no le corresponden al reclamar las 480 actas "sin ninguna discriminaci¨®n (...) en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".
La Junta ha recurrido el auto del pasado 5 de mayo al igual que la fiscal¨ªa, pero va un paso m¨¢s all¨¢ al recordarle a la magistrada que puede incurrir en un delito de "usurpaci¨®n de atribuciones", que establece el C¨®digo Penal cuando un juez "legalmente requerido de inhibici¨®n, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional". La advertencia de la Junta es toda una declaraci¨®n de intenciones: "El auto paraliza el conflicto y deja su tramitaci¨®n al pairo de su exclusiva voluntad e infringe lo dispuesto" en la ley.
El Gobierno considera que la juez infringe dos art¨ªculos al no enviar el conflicto al Supremo. "La suspensi¨®n no es posible", expone en su recurso. El abogado de la Junta subraya que Alaya "acaba claramente con el principio de igualdad de partes en el conflicto [Junta y juez]". Para el Ejecutivo, la ley atribuye "prioridad absoluta" al conflicto de jurisdicci¨®n, y la suspensi¨®n del asunto debe afectar tambi¨¦n a los recursos ordinarios planteados en instancias judiciales.
El enfrentamiento procesal entre la Junta y la juez ha ido subiendo de temperatura en los ¨²ltimos meses. Ahora la juez debe responder ambos recursos del Ejecutivo y la fiscal¨ªa sobre el conflicto de jurisdicci¨®n.
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