Al borde del precipicio

La denuncia de la "amnist¨ªa fiscal" por valor de 200.000 millones de pesetas para "los amiguetes del PSOE" fue la forma en que se estren¨® el PP cuando lleg¨® al Gobierno de la naci¨®n tras las elecciones generales de 1996. Ni en el momento de hacer la denuncia ni posteriormente, cuando dispuso de la contabilidad nacional en su integridad para analizarla detenidamente, pudo demostrar el Gobierno popular que tal amnist¨ªa se hab¨ªa producido y la denuncia cay¨® en el olvido. Ya no se volvi¨® a hablar de ella a lo largo de la legislatura.

En 1996, el PP esper¨® al menos a que se hubiera producido la investidura de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar como presidente del Gobierno y a que Rodrigo Rato hubiera sido designado ministro de Econom¨ªa y Hacienda para formular la denuncia. En 2011 el PP parece que no puede esperar a la investidura de los presidentes de comunidades aut¨®nomas o de diputaciones provinciales o municipios en los que han ganado las elecciones el pasado 22-M, para empezar a denunciar las irregularidades de todo tipo que se han cometido por los Gobiernos socialistas en todos los sitios en que han gobernado. Tales denuncias han abierto los informativos de todos los medios de comunicaci¨®n y doy, en consecuencia, por supuesto que son conocidas por los lectores.

Lo que todav¨ªa pod¨ªa ser explicado por la escas¨ªsima experiencia de los dirigentes del PP en 1996 en la gesti¨®n del poder democr¨¢tico en nuestro sistema pol¨ªtico, ya que fue en 1995 cuando realmente empezaron a ocupar el poder de manera significativa en comunidades aut¨®nomas y municipios y en 1996 cuando accedieron por primera vez al Gobierno de la naci¨®n, tras cuatro legislaturas consecutivas de Gobierno socialista, ya no puede serlo hoy por tal circunstancia.

El PP no es solamente un partido de Gobierno, incluso cuando no est¨¢ gobernando, lo mismo que le ocurre al PSOE, sino que es adem¨¢s un partido que ha ocupado el Gobierno de la naci¨®n durante dos legislaturas y viene ocupando el Gobierno de numerosas comunidades aut¨®nomas y de la mayor parte de las capitales de provincia desde hace m¨¢s de quince a?os. La falta de experiencia en la gesti¨®n de los asuntos p¨²blicos ya no puede ser excusa. El PP no puede no saber que las dificultades por las que est¨¢ pasando Castilla-La Mancha no son exclusivas de dicha comunidad aut¨®noma, de la misma manera que no puede no saber que la deuda de Sevilla es mucho menor que la de Madrid o la de M¨¢laga.

Y sobre todo no puede no saber que estamos, como pa¨ªs, en una situaci¨®n muy dif¨ªcil, en la que todo lo que se dice para arengar a sus hooligans acaba siendo o¨ªdo en Bruselas, en Londres, en Nueva York y en todo el mundo y que no es el cr¨¦dito de Castilla-La Mancha o Sevilla el que se ve afectado, sino el cr¨¦dito del pa¨ªs y con ¨¦l el de todas las empresas y el de todos los ciudadanos. Desgraciadamente, me temo que no vamos a tardar mucho en comprobarlo.

Tal vez los resultados de las elecciones en Portugal hayan confirmado al PP en que ten¨ªan raz¨®n en su estrategia de cuanto peor mejor y que, si el a?o pasado hubiera sido votado negativamente en el Congreso de lo Diputados el programa de reformas que present¨® Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, Espa?a habr¨ªa sido intervenida, pero ya habr¨ªan ganado las elecciones y estar¨ªan en La Moncloa. Tal vez todav¨ªa no han perdido la esperanza de forzar, de la manera que sea, la disoluci¨®n anticipada de Las Cortes y la convocatoria de elecciones. Tal vez la urgencia por ocupar el poder pese m¨¢s que cualquier otra cosa en la estrategia del PP en este momento. En todo caso, lo que s¨ª parece claro es que el coste para el pa¨ªs no parece importarle demasiado.