Imputados al poder

Una buena parte del aproximadamente centenar de candidatos incursos en procesos por corrupci¨®n que han concurrido a las elecciones auton¨®micas y municipales han conseguido -o han vuelto a obtener- el veredicto favorable de las urnas. Debe haber algo misterioso en el aval popular a los pol¨ªticos corruptos pues los analistas no acaban de identificar las causas. Entre los votantes de este tipo de pol¨ªticos parece primar la adhesi¨®n ideol¨®gica al partido del que forman parte o que ven en ellos alguna cualidad que los hace merecedores de su voto por encima de las sospechas judiciales que los se?alan como corruptos.

El caso es que el mapa municipal y auton¨®mico dibujado tras las elecciones ha quedado salpicado de puntos de presunta corrupci¨®n institucional. El partido que ha sido m¨¢s beneficiado por esa benevolencia electoral ha sido el ganador: el Partido Popular. Nada tiene de extra?o, por ello, que en la Comunidad Valenciana, en la que dicho partido ha obtenido un amplio respaldo, se concentre el mayor n¨²mero de imputados que han vuelto a ocupar cargos institucionales.

Diez implicados en causas por corrupci¨®n tomaron ayer posesi¨®n de sus esca?os en el nuevo Parlamento valenciano ante la protesta de grupos de ciudadanos indignados por tal comportamiento pol¨ªtico. La presencia entre los implicados del reelegido presidente de la Generalitat, Francisco Camps, otorga a su caso una dimensi¨®n especial. No solo por su rango institucional, sino por ser el que m¨¢s cerca est¨¢ del banquillo y, por tanto, de un veredicto que de ser condenatorio le obligar¨ªa a dimitir. Porque es impensable, por la grave quiebra del Estado de derecho que supondr¨ªa, que una eventual condena judicial fuera cuestionada, deslegitim¨¢ndola socialmente, por el voto popular obtenido.

Los candidatos inmersos en causas por corrupci¨®n tienen una responsabilidad pol¨ªtica que debiera haberles disuadido de concurrir a los comicios. Y que se acrecienta al volver a ocupar cargos p¨²blicos, al margen de la penal que pudiera corresponderles en caso de condena. Nuevamente, el caso de Camps adquiere una relevancia especial pues el peso judicial que ha alcanzado la rama valenciana del caso G¨¹rtel, con el encausamiento de la c¨²pula del anterior Ejecutivo y del PP valencianos, le convierte en principal responsable pol¨ªtico.

El voto de las urnas no diluye la responsabilidad pol¨ªtica que deriva de la imputaci¨®n de hechos delictivos. Que los gobernantes eludan esa responsabilidad ampar¨¢ndose en los ciudadanos agravia a estos y les denigra a ellos. En este sentido es sintom¨¢tico de la confusi¨®n reinante lo sucedido en Telde, la segunda ciudad m¨¢s populosa de Gran Canaria: que un peque?o partido llamado Ciudadanos para el Cambio haya dado las llaves de la alcald¨ªa a la candidata del PP imputada por graves delitos de corrupci¨®n. Resulta l¨®gico, pues, que una vez m¨¢s la clase pol¨ªtica en su conjunto haya vuelto a tener una p¨¦sima valoraci¨®n en la encuesta que el CIS hizo p¨²blica ayer.